La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado este jueves que ya están abiertos 53 centros de crisis 24 horas para la atención de víctimas de violencia sexual y ha asegurado que desde su departamento estarán “muy vigilantes” para que funcionen. El plazo para la apertura de estos centros terminaba el pasado 31 de diciembre, pero ante el retraso de diferentes autonomías en ponerlos en marcha, Igualdad negoció hace unos días con la Comisión Europea una prórroga de seis meses, por lo que se alargó hasta junio de este año. A mediados de diciembre solo eran 20 provincias las que habían puesto en marcha estas instalaciones, por lo que muchas lo han conseguido en un sprint final en los últimos días de diciembre.
“Terminamos este 2024 cumpliendo con un objetivo. Los 53 centros de crisis 24 horas para atender a las víctimas de violencias sexuales están abiertos”, ha indicado la ministra, que ha añadido que el ministerio estará seguirá “a disposición de las comunidades autónomas para que estos centros funcionen y cumplan con su objetivo”. En este sentido, ha destacado que no solamente hay que abrir estos recursos, sino también “mantenerlos a pleno rendimiento con todos los servicios a disposición de las víctimas”. “Hemos trabajado bien conjuntamente con las comunidades autónomas en cogobernanza, avanzando. Han sido momentos muy difíciles, pero finalmente el objetivo está conseguido. 53, como digo, centros abiertos a disposición de las víctimas”, ha insistido.
Según la información proporcionada por el ministerio a Infobae España, de los 53 centros abiertos, “48 son de los comprometidos y otros 5 adicionales de algunas comunidades que abierto más de uno por provincia”. En ese sentido, las provincias que cuentan con más de un recurso abierto, especifican, son A Coruña, Vizcaya, Badajoz, Cáceres e Islas Baleares.
La Ley de Libertad Sexual, conocida como la ley del ‘solo sí es sí’, exige un centro en cada provincia para asistir a las víctimas de violencia sexual, y deben cumplir con una serie de requisitos, como que operen 24 horas al día los 365 días del año, que presten un servicio de atención psicológica, jurídica y social “de calidad” y que haya un acompañamiento. Estos espacios también deben contar con servicios de traducción e interpretación, asistencia personal para las mujeres con discapacidad y una atención especializada en el caso de niñas y niños víctimas de violencias sexuales y de víctimas de trata y explotación sexual, entre otras condiciones, según indica la ley. Para acceder a ellos, además, no será necesaria la interposición de una denuncia y el enfoque estará centrado en la víctima y superviviente.
Garantizar una atención adecuada
Por ello, aunque desde Amnistía Internacional celebran la apertura de los centros de crisis anunciada por Igualdad, también advierten de que “hay que ver en qué condiciones” lo han hecho y “qué tipo de atención están prestando” estos espacios porque, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana se han abierto muy recientemente, el 31 de diciembre, y en Cataluña el 30, explica. En otros lugares como Logroño, el centro abierto “no atiende presencialmente 24 horas” cuando debería hacerlo.
“Aún faltan varios por abrir, porque hay comunidades que van con mucho retraso e incluso alguna como Canarias donde no hay previsión de fecha de apertura. Ponemos en valor el esfuerzo que se ha hecho, pero insistimos en que hay que ver en qué condiciones se han abierto esos centros y el tipo de atención que van a prestar”, dice a este periódico Verónica Barroso, responsable de Relaciones Institucionales de Política Interior de Amnistía Internacional.
Cabe recordar que desde 2021 se han transferido más de 83 millones de euros a las comunidades autónomas para la creación de estos centros de crisis. Se trata de una medida prevista en la inversión número 4 del Componente 22 del Plan de Choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión, del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia.
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