Rosa Peral, condenada a 25 años de cárcel por ser coautora del ‘crimen de la Guardia Urbana’, ha sido acusada de organizar y ordenar una agresión contra una funcionaria en el centro penitenciario Mas d’Enric, en Tarragona. Así lo ha revelado el diario catalán Segre, y según el medio, el ataque tuvo lugar el 21 de julio en el centro, donde la mujer cumple condena por el asesinato del que fue su pareja.
De acuerdo con el informe presentado ante la dirección del centro que ha recogido el medio, Peral habría planificado la agresión como represalia contra las funcionarias que no le permitieron participar en una actividad debido a una sanción previa. Según los testimonios recabados, la agresión fue cometida por una interna que intentó asfixiar a la funcionaria, arrancándole además varios mechones de pelo. La reclusa habría sido pagada por Peral con tabaco y drogas para llevar a cabo el ataque.
Las declaraciones de las internas y los informes del personal del centro destacan que Rosa Peral es conocida por su “mala conducta”,“manipula a otras internas para sus intereses” y “tiene mucho poder dentro del módulo”, según indicaron fuentes penitenciarias al citado medio. Según Segre, un día antes de la agresión, Peral habría manifestado que las funcionarias “deberían ser trituradas en un contenedor de basura para hacerlas desaparecer” y que “les deseaba la muerte”. Estas palabras fueron confirmadas por varias internas, que corroboraron el papel de Peral como inductora de la agresión.
La reclusa le arrancó mechones de pelo e intentó asfixiar a la funcionaria
El ataque del 21 de julio tuvo lugar en el módulo de Mujeres de la prisión tarraconense de Mas d’Enric. La agresión comenzó cuando la funcionaria, originaria de Lleida, intentó impedir que una interna accediera al patio para atacar a otra presa. En respuesta, la reclusa se enfrentó a la funcionaria, tirándole de una cinta que llevaba al cuello con su acreditación e intentando asfixiarla. Durante el forcejeo, la reclusa le arrancó varios mechones de pelo antes de que otras internas y una segunda funcionaria lograran intervenir y reducirla.
Tras la agresión, la trabajadora fue atendida por los servicios médicos y continuó su turno hasta finalizar su jornada. La situación ha generado preocupación entre los funcionarios penitenciarios, que han exigido mayores medidas de protección ante el creciente número de ataques en las prisiones catalanas. En marzo de este año, una trabajadora fue asesinada en la cocina de la misma prisión, lo que intensificó las demandas de seguridad en los centros penitenciarios.
Este no sería el primer incidente protagonizado por Peral en la prisión. Fuentes penitenciarias han señalado que se le han requisado productos prohibidos en varias ocasiones y que ejerce un considerable control sobre el resto de las internas del módulo. A pesar de ello, los funcionarios han expresado su malestar ante la falta de medidas disciplinarias más severas y han solicitado que se considere su traslado a otro centro penitenciario para evitar que siga ejerciendo esta influencia.
El crimen de la Guardia Urbana
Rosa Peral y Albert López, ambos agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, fueron condenados en 2020 por el asesinato de Pedro Rodríguez, otro agente del cuerpo policial, cuyo cadáver fue hallado calcinado en su propio vehículo en una pista forestal cercana al pantano de Foix en 2017. Peral y López, quienes mantenían una relación sentimental, planearon el asesinato y ocultaron el cuerpo de Rodríguez, lo que convirtió el caso en uno de los más mediáticos de los últimos años.
A pesar de su condena, los problemas judiciales de Peral no han terminado. La Fiscalía solicita una pena adicional de cuatro años de cárcel para ella y su padre, acusados de alzamiento de bienes para evitar el pago de la indemnización a la familia de Rodríguez.
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