El Tribunal Constitucional decidirá entre el 16 y el 18 de julio sobre el resto de recursos presentados por los condenados por el uso irregular de subvenciones autonómicas para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Lo hará después de haberse pronunciado sobre los recursos de otros siete condenados, un procedimiento que ha dado lugar a una ola de revisiones a la baja de las condenas e, incluso, ha supuesto la libertad de tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía: la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo (que ya gozaba del tercer grado penitenciario), el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y el exdirector del IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.
Entre los recursos pendientes de resolver se encuentran dos de los platos fuertes de este caso, que dejó marcado al PSOE en Andalucía y le condenó casi al ostracismo después de gobernar de manera consecutiva durante 37 años. Se trata de los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión, y Manuel Chaves, condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
Según han informado varios medios, la ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán propone exonerar totalmente de la malversación a Griñán. Aunque su ingreso en prisión quedó suspendido por el cáncer que padece, el hecho de quedar exculpado de este delito le alejaría de su obligación de ingresar en la cárcel. Asimismo, el Constitucional tiene entre sus manos hacer lo propio con el delito de prevaricación, un delito por el que Griñán quedó inhabilitado 15 años.
Paralelamente a este proceso, cabe destacar que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene todavía pendiente de resolver los indultos solicitados en 2022 por los familiares del expresidente de la Junta y por los exconsejeros Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera y Antonio Fernández; y los viceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez, además del exdirector de la Agencia Idea, Miguel Ángel Serrano.
El Gobierno sigue sin posicionarse sobre el indulto a Griñán
En todo caso, según apuntan fuentes jurídicas expertas en Derecho Constitucional, si el tribunal anula completamente la sentencia condenatoria a Griñán, la petición de indulto quedaría sin efecto. “Depende de lo que diga el Constitucional en el fallo”, señalan estas voces, ya que si solo se anula la parte de la malversación, la tramitación sobre la medida de gracia seguiría en vigor, obligando al Gobierno a posicionarse.
Y es que, hasta la fecha, el Ejecutivo no ha querido mojarse. Pedro Sánchez no ha tomado todavía ninguna decisión, a pesar de que los expedientes de indultos solicitados por José Antonio Griñán y los otros siete ex altos cargos socialistas condenados por los ERE concluyeron en abril de este año. La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, aunque no informó de su contenido, acordó remitirlos al Ministerio de Justicia. Quien sí comunicó su decisión fue la Fiscalía Anticorrupción, oponiéndose –a través de un informe de carácter preceptivo y no vinculante– a las ocho peticiones de indulto, según recoge EFE.
Sin duda, este ha sido un asunto espinoso en el seno de la parte socialista del Gobierno por el carácter simbólico de esta sentencia para el partido. En Justicia achacan el silencio a que no pueden informar ni sobre este ni sobre otros procesos similares. “Nunca lo hemos hecho, haya sido un caso mediático o no”, añaden fuentes del departamento que dirige Félix Bolaños.
En todo caso, las decisiones de la corte de garantías han dado un vuelco a este caso, que ahora el PSOE andaluz utiliza para sacudirse los complejos. De hecho, la federación socialista andaluza, la más numerosa, habla ya de la posible reincorporación a las filas socialistas de los dirigentes condenados por el caso de los ERE. “Todos ellos se apartaron del partido, lo hicieron por su decisión, pidieron su baja, y evidentemente, en la medida que quieran solicitar su reingreso, obviamente, estaremos (no solo) dispuestos, sino encantados de volver a recibirles”, señaló el líder del PSOE-A, Juan Espadas.
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