¿Pueden las tabacaleras demandar a España por su nuevo plan antitabaco? Philip Morris lo intentó con Uruguay y no le salió bien

La empresa estadounidense demandó al Estado uruguayo en 2010 por 25 millones de dólares, al considerar que las medidas contra el tabaquismo impulsadas por el Gobierno lesionaban sus intereses y vulneraban sus derechos de propiedad intelectual

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Vista de un estanco en la ciudad de Zaragoza. (Javier Cebollada/EFE)
Vista de un estanco en la ciudad de Zaragoza. (Javier Cebollada/EFE)

Las cajetillas de tabaco en España tendrán en breve un empaquetado genérico que consiste en eliminar las marcas para que sea un producto menos atractivo para el consumidor. Se trata de una de las medidas que contempla el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 del Ministerio de Sanidad, que fue aprobado junto a las comunidades autónomas el pasado 5 de abril, y que también prohibirá los aditivos y componentes aromáticos, incluyendo los de vapeadores con nicotina. Para ello, el departamento que dirige Mónica García ha sacado a consulta pública -hasta el 23 de abril- la reforma del real decreto que regula estos aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización del tabaco y productos relacionados, de forma que ciudadanos y asociaciones pueden hacer llegar sus opiniones.

En palabras de la ministra, se trata de una medida que ”ya se está aplicando actualmente en muchos países como Australia, Francia, Noruega y Dinamarca” y surte efecto, pues asegura que la evidencia científica demuestra que el empaquetado genérico es una medida que “ayuda a que el propio empaquetado no funcione como un reclamo publicitario en sí mismo, haciéndolo menos atractivo y contribuyendo también a tomar la decisión de dejar de fumar”. Así lo ha señalado también el director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, quien hace unos días, en entrevista con Infobae, recordó que los mencionados países “aumentan al año el número de personas que quieren dejar de fumar”.

En América Latina también hay países como Uruguay que ya hace años decidieron tomar esas medidas para luchar contra el tabaquismo. Fue bajo el Gobierno de Tabaré Vázquez, oncólogo de profesión y quien se desempeñó como presidente en dos periodos (2005-2010 y 2015-2020), cuando el pequeño país rioplatense, de apenas 3,5 millones de habitantes, prohibió fumar en espacios públicos cerrados, aplicó impuestos más altos al tabaco y prohibió la publicidad, promoción y patrocinio del producto, de forma que su venta cayó notablemente. Entre las medidas, también se impuso a todas las marcas de cigarrillos un empaquetado genérico en el que solo se podía anunciar la marca del producto en una tipografía, un tamaño de letra y un color fijado por el Gobierno. De hecho, Vázquez, el primer político de izquierda en llegar a la presidencia de Uruguay -fallecido en 2020-, fue distinguido a nivel internacional por su lucha antitabaco.

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A las empresas tabacaleras, sin embargo, las medidas aplicadas por Uruguay no les parecieron tan buena idea y, más en concreto, a la estadounidense Philip Morris International, una de las más grandes del mundo y dueña de marcas como Marlboro, Chesterfield o Fortuna. La compañía, con sede en Suiza, demandó en 2010 al país latinoamericano ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), bajo el argumento de que las políticas del Gobierno de Vázquez lesionaron sus intereses y vulneraron sus derechos de propiedad intelectual, por lo que solicitó una indemnización de 25 millones de dólares.

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Philip Morris impugnó, particularmente, dos de las medidas tomadas por Vázquez: la regulación de presentación única por marca comercial, que dejó fuera del mercado uruguayo a 7 de las 13 marcas de la empresa -de forma que solo permitía una pequeña franja y prohibía términos como light, filter o gold-, y el aumento del tamaño de las imágenes de advertencia sanitaria, del 50% al 80% de la parte frontal y trasera de la cajetilla de tabaco. Tal y como explica a Infobae España la investigadora uruguaya Magdalena Bas, que ha realizado varias publicaciones sobre este caso, la empresa argumentó que no podía usar sus marcas, un derecho de propiedad intelectual protegido por el Tratado Bilateral de Inversiones entre Uruguay y Suiza. Por ello reclamó una indemnización millonaria más intereses, y que no se le aplicaran las normas impugnadas.

Tabaré Vázquez
Tabaré Vázquez

Ambas medidas, indica Bas, tienen la base en el Acuerdo Marco de la Organización Mundial de la Salud sobre Control del Tabaco, que establece la importancia de las estrategias de reducción de la demanda, además de cuestiones relacionadas con el suministro de tabaco, por tanto, “se ven como la forma en que Uruguay aplica normas internacionales a las cuales está obligado”. Si bien otros países ya habían utilizado fotos impactantes cubriendo buena parte del espacio de las cajetillas para advertir al consumidor de los efectos nocivos del tabaco, la presentación única por marca comercial fue una medida más innovadora, indica la experta, pues “Uruguay aquí hace una interpretación propia de una disposición de ese convenio marco de la OMS, que dice que hay que evitar descriptores engañosos como light, a fin de que el consumidor no sea engañado pensando que el efecto de ese cigarrillo es más suave en comparación con la versión regular del mismo producto”.

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De esa forma, por ejemplo, Marlboro tuvo que retirar del mercado tres de las versiones que tenía (gold, azul y mentolado) y quedarse con una sola, con el clásico Marlboro rojo, “que era su producto insignia”, explica Bas, también profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de la República (Udelar). La experta aclara que el resto de marcas tuvo que hacer lo mismo. “Philip Morris entendió que en base al tratado bilateral de inversiones entre Uruguay y Suiza se estaba vulnerando su inversión, lo cual incluía el uso de marcas”, pues la firma considera que no hay espacio suficiente en el paquete de tabaco como para que su marca sea debidamente protegida.

La poderosa Philip Morris confiaba en poder ganar la demanda millonaria por los supuestos daños causados por las políticas antitabaco, pero después de seis años de litigio, en 2016, el CIADI falló a favor de Uruguay y la tabacalera tuvo que indemnizar al país con 7 millones de dólares. “El tribunal reconoce ese derecho de Uruguay de regular para proteger la salud de su población y señala que no por esto incurre en responsabilidad internacional. Hasta entonces no se habían conocido casos previos en los que se dijera de manera tan categórica que los Estados tienen derecho a proteger la salud de su población”, indica Bas, si bien también recuerda que hay países que debido a la fragilidad de sus economías (sobre todo países en desarrollo) no pueden permitirse ese dilema entre proteger la salud de la población o proteger la inversión extranjera.

Un hombre fuma un cigarro. (Eduardo Parra/Europa Press)
Un hombre fuma un cigarro. (Eduardo Parra/Europa Press)

Algo improbable en España

Philip Morris también demandó en 2011 a Australia por sus políticas antitabaco y el país también ganó la batalla. De hecho, señala Bas, tras el fallo a favor de Uruguay en 2016, la tabacalera “aseguró en un comunicado que no iba a demandar a más Estados por el empaquetado genérico y, de momento, en ese aspecto sí lo está cumpliendo”, aunque también recuerda que la firma ha presentado posteriormente una demanda ante el CIADI contra Ucrania, después de que el país multara a la tabacalera por “tratar de impedir que nuevas empresas entraran al mercado”.

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Tanto la experiencia de Uruguay como la de Australia “han servido para sentar un precedente”. Por eso Bas, considera improbable que Philip Morris u otras tabacaleras demanden a España una vez que se implementen sus nuevas políticas antitabaco, pues prima la protección de la salud pública y “los Estados van a ir por ese camino”. “En la actualidad, cualquier tabacalera se lo pensaría dos veces, porque la tendencia es hacia una mayor regulación, no a menos, y ya lo vemos en la Unión Europea con otros temas como la transición energética”, donde el bloque se ha comprometido, por ejemplo, a duplicar las energías renovables para 2030.