Madrid exige 200.000 euros a un extranjero tratado de cáncer en la sanidad pública a pesar de una sentencia en contra

A F. (se protege su identidad) no paran de llegarle facturas. Diagnosticado de leucemia, tras las operaciones y tratamientos correspondientes en la sanidad pública, en noviembre ya tenía justificantes por valor de 160.000 euros, puesto que la Comunidad de Madrid le pedía que abonara todos los gastos derivados de sus operaciones. El chico peruano, que llegó a España para estudiar el Grado de Arquitectura y vio su vida interrumpida por la aparición de la enfermedad, lleva varios meses inmerso en juicios contra el Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Sin embargo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la Consejería de Sanidad de Fátima Matute ya han visto como un Juzgado de lo Social de la región ha dado la razón al joven estudiante, que sigue en tratamiento médico para recuperarse de las secuelas. Tras perder en primera instancia, el Ejecutivo ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para intentar ganar, a pesar de que todos estos casos de exclusión sanitaria de personas extranjeras acaban siempre de la misma forma, con los afectados apoyados por la Justicia y el dictamen de que la sanidad pública costee el gasto total de las operaciones.

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“Es imposible que me haga cargo de esas facturas, superan los 250.000 euros”, explica F. a Infobae durante una llamada telefónica para posteriormente enviar las facturas como prueba. El último recibo, tal y como acreditan los documentos, es de 45.001 euros, y pide el pago de varias visitas al médico del Hospital Gregorio Marañón, lugar donde fue operado y recibe el tratamiento. “Ya me tengo que hacer cargo de todos mis medicamentos y cada caja me cuesta 50 euros. Al mes, gasto entre 250 y 300 euros, porque mis fármacos no los cubre la Seguridad Social”, dice el joven, que ahora mismo tiene una previsión positiva con su enfermedad, pero está en situación irregular y pendiente de poder arreglar su estancia en España.

En una de sus últimas consultas, el médico le dio el visto bueno para recuperar la normalidad en su vida y asegura que ya está en busca de información para ingresar en la universidad y volver a estudiar arquitectura. “Tengo luz verde y ya puedo retomar mis estudios, pero antes quiero arreglar el asunto de las facturas”, explica el joven, que ha recibido el apoyo de la plataforma Yo Sí Sanidad Universal, defensora del uso gratuito de todas las personas de la sanidad pública, durante todo su proceso judicial y sanitario.

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El letrado que lleva su caso asegura que, hasta la fecha, todos los casos similares han tenido sentencias favorables, pero que la Comunidad de Madrid se resiste y persiste en sus denuncias. Primero, un juzgado en primera instancia da la razón al paciente y, posteriormente, tras el recurso del Gobierno, recibe la confirmación en segunda instancia. Infobae ya se hizo eco de su historia cuando le llegaron las primeras facturas por su tratamiento de cáncer, y ahora el joven afincado en Alcorcón está a la espera del TSJM para resolver del todo el problema o bien enfrentar una deuda impagable.

Todos estos conflictos judiciales en Madrid emergen de una raíz: la pérdida de una sanidad universal garantista en España, situación que el Ministerio de Sanidad de Mónica García ha querido rectificar para poner en marcha su recuperación completa. La sanidad pública española perdió su carácter universal durante el Gobierno de Mariano Rajoy con el Real Decreto 16/2012, medida que afectó de forma directa a 900.000 personas residentes en España. Ya en 2018, con Pedro Sánchez en La Moncloa, el Real Decreto-ley 7/2018 corregía la situación y aseguraba que “el acceso al Sistema Nacional de Salud en condiciones de equidad y de universalidad es un derecho primordial de toda persona”, aunque dejaba que las comunidades autónomas fijaran “el procedimiento para la solicitud y expedición del documento certificativo que acredite a las personas extranjeras para poder recibir la prestación asistencial”.

En varias ocasiones, los juristas han asegurado las actuaciones del SERMAS en estos casos están fuera de la legalidad, dado que la universalidad del sistema de salud se recuperó aunque con claroscuros que permiten a las Comunidades Autónomas enfrentar a estos pacientes, aunque más tarde pierdan en los juzgados. En 2018, el Gobierno reafirmó el carácter universal del sistema sanitario español con el Real Decreto, pero un año después emitió unas recomendaciones a las Comunidades Autónomas que atentan contra su propia ley.

En otras ocasiones similares, ha habido sentencias que han recordado a la Comunidad de Madrid que a pesar de remitirse a ese documento de recomendaciones para las comunidades autónomas, la región no ha desarrollado la materia con norma con rango de Ley, de forma que no puede limitar el acceso a la sanidad pública a nadie.