El aumento del gasto en defensa podría evitar que Bruselas amoneste a España por déficit excesivo

España tiene que cumplir en 2024 con el límite de déficit por la vuelta de las reglas fiscales a nivel comunitario, pero los números están muy ajustados. El Gobierno sostiene en su última previsión (de octubre) que se conseguirá cerrar el año en el 3% con una caída de nueve décimas respecto a 2023, pero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) duda de que se cumpla el escenario del Ejecutivo y Bruselas ya estima un porcentaje mayor. En este contexto cobran relevancia las excepciones a la norma de déficit excesivo incluidas en el brazo correctivo, especialmente la que flexibiliza el cumplimiento del déficit máximo si hay un aumento de gasto en defensa.

El borrador de la normativa comunitaria que se aprobó en diciembre establece que la Comisión “tendrá en cuenta una serie de factores pertinentes a la hora de evaluar la existencia de un déficit excesivo”, entre los que se encuentra un reconocimiento explícito al “aumento de la inversión pública en defensa”. Bruselas también valorará otros cuatro factores más para decidir si abre o no un procedimiento por déficit excesivo a un país miembro: la evolución de la deuda pública y la magnitud de los intereses; el cumplimiento del límite de aumento del gasto primario neto; la situación macroeconómica de crecimiento del PIB y de la inflación y el progreso en la implantación de reformas e inversiones de los Next Generation.

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La medida del gasto en defensa es una novedad relevante respecto al anterior marco y España parte con argumentos para reivindicarla porque ha reforzado esta área en los últimos años. Aunque todavía está lejos de cumplir el compromiso de que el gasto en defensa alcance el 2% del PIB en 2029, si sigue creciendo al ritmo actual tiene posibilidades de situarse en torno a esa cifra.

Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda, el gasto en defensa ha crecido un 49,2% entre 2018 y 2022 y es la división que más ha aumentado en los últimos años, junto con la de asuntos económicos (un 49,3%), que engloba gran parte de las ayudas por la pandemia y la inflación. El peso de este gasto alcanzó el 1,1% del PIB en 2022, el máximo desde 2010, y el Plan Presupuestario del Gobierno fija que ha ascendido al 1,2% del PIB en 2023 y al 1,3% en 2024, las cifras más altas de este siglo. De hecho, el gasto en defensa es de los pocos conceptos que han aumentado a pesar de los presupuestos prorrogados. Los otros son las pensiones, la subida salarial de los funcionarios y la prórroga de algunas ayudas contra la inflación.

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La apertura de un protocolo de déficit excesivo debería conllevar multas, pero nunca se llegaron a aplicar en el anterior marco de reglas fiscales (vigente hasta 2020), por lo que habrá que esperar a comprobar qué sucede ahora y como se aplican las excepciones. Según opina en un reciente artículo de Esade Judith Arnal, exdirectora de gabinete de Calviño e investigadora del Real Instituto ElCano, la Comisión “mantiene un importante grado de discrecionalidad” al establecer estas excepciones. “Aunque en la superficie el sistema es sencillo y está anclado en un único indicador operativo —el gasto—, en la práctica se introducen un buen número de salvaguardas y se conservan las cláusulas de escape y los poderes discrecionales de la Comisión Europea” explica.

Todo esto “complica” la aplicación efectiva de las reglas y “abre la puerta a nuevas excepciones para evitar su aplicación”. No obstante, para evitar la no imposición de sanciones como en el pasado, ha reducido el importe de las mismas hasta el 0,05% del PIB y serán acumulativas cada seis meses hasta que se corrija la desviación.

Según ha explicado este miércoles en un evento de EY Cristina Herrero, presidenta de la AIReF, la institución publicará nuevas previsiones de déficit en abril y revisará si el objetivo del 3% de 2024 “es realista o no”. Aunque la estimación de la AIReF de octubre calculaba esta cifra coincidiendo con el Gobierno, lo hacía en el escenario de eliminación total de las medidas contra la inflación y de un superávit del 0,2% en las comunidades autónomas.

El primer escenario no ha sucedido, el Gobierno ha mantenido algunas medidas, y el segundo está en duda, ya que las regiones disponen de ingresos récord este año por el sistema de financiación autonómica. No obstante, nuevas sorpresas positivas en el crecimiento del PIB podrían ayudar a que se cumpla la cifra del 3% del déficit.

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Más allá del dato de 2024, la AIReF calcula ya que será necesario un ajuste del 0,64% del PIB anual en un plan de cuatro años o del 0,36% en uno de siete porque la deuda no tiene una senda de reducción continua en los siguientes 10 años tras la finalización del plan en un escenario a políticas constantes. El déficit también se enquistaría ligeramente por encima del 3% en dicho escenario.

La reducción de la deuda es, junto con el límite de gasto, a lo que la Comisión le da más importancia y liga la marcha de la primera para establecer el aumento de gasto permitido. El problema es que calcular un ajuste fiscal con proyecciones a largo plazo es problemático. Según Arnal, este sistema basado en los informes de sostenibilidad de la deuda (DSA) “genera dudas con respecto a la implementación efectiva de las reglas e incluso al trato equivalente entre países”. Además, opinión de Arnal, estas reglas fiscales no permiten el impulso que necesita la UE para mantener su posición de potencia económica porque no garantizan suficientes inversiones.