España destina el 28% del gasto público a pensiones frente al 1% en vivienda: el pilar minoritario del estado del bienestar

Protección social, salud, educación y vivienda acaparan el 64,5% del gasto de todas las administraciones públicas, pero mientras unas partidas han aumentado, otras continúan invariables o incluso han disminuido desde 2008

Compartir
Compartir articulo
Un pensionista mira el escaparate de una inmobiliaria. (Fernando Alvarado / EFE)
Un pensionista mira el escaparate de una inmobiliaria. (Fernando Alvarado / EFE)

La preocupación por la vivienda se encuentra en máximos de la última década. Es el séptimo problema más importante para la población general, según el CIS, y los jóvenes tienen más dificultades para emanciparse que en el resto de la UE. Esto se ha traducido en un goteo de anuncios de inversión pública en vivienda durante las campañas electorales de 2023 y con los gobiernos formados posteriormente. No obstante, las inversiones tardan en materializarse y en reflejarse en los datos: según el informe publicado este lunes por el Ministerio de Hacienda, que examina el destino del gasto público, las administraciones españolas solo dedicaron en 2022 el 1% a la vivienda, mientras que las pensiones se llevaron el 28%.

El documento elaborado por la Intervención General del Estado explica que el gasto en las divisiones de protección social (pensiones, prestaciones y dependencia), salud, educación y vivienda “forman el denominado estado del bienestar”. Estos cuatro pilares sumaron un desembolso total del 64,5% del gasto público en España en 2022, pero mientras unas partidas de este conjunto han aumentado, otras continúan invariables o incluso han disminuido en términos comparados. La evolución en las dos últimas décadas da cuenta de las prioridades de los distintos gobiernos, tanto nacionales como regionales y locales, y del efecto de las crisis en el gasto público.

Te puede interesar: Solo el 10% de los madrileños en pobreza severa accede a una renta mínima mientras Ayuso ahorra el 80% de la ayuda regional

En 2008, año en el que comenzó la gran recesión, el gasto público en vivienda suponía el 2,6% del gasto total, aunque desde 2011 se sitúa en el entorno del 1%. Respecto al PIB, solo supone el 0,5% frente al 1,1% de 2008. El gasto se concentra en las administraciones regionales por cuestiones competenciales y en las locales, aunque el gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha varias medidas de gasto en los últimos años: bono para el alquiler de jóvenes, avales ICO para la compra de vivienda y construcción de vivienda en alquiler social o a precios asequibles.

“Últimamente se está prestando más atención a este problema y es previsible que poco a poco vaya aumentando el gasto, lo cual no quiere decir que sea todo lo que se necesita”, opina el director de Fedea, Ángel de la Fuente. Según el último plan presupuestario, el gasto en vivienda siguió suponiendo el 0,5% del PIB en 2023, por lo que las nuevas medidas no se han traducido en un aumento de la ratio. Mientras, el gasto en pensiones ha aumentado tanto por cuestiones demográficas y sociales (se jubilan más personas con una pensión más elevada) como por la política de revalorizar anualmente conforme a los precios desde 2022 o a través de una paga compensatoria a posteriori en años anteriores.

Dentro de las pensiones, las que mayor gasto implican son las de edad avanzada, que supusieron en 2022 el 21,6% del gasto, a las que se suman las de supervivencia (4,8% del gasto) y otras de enfermedad e incapacidad hasta llegar al citado 28%. El gasto en pensiones de los mayores solo suponía el 15,3% del gasto público en 2008 y, respecto al PIB, se ha pasado de un 6,3% en aquel año al 10,7% en 2021, último dato disponible.

“Con la dinámica que llevan y que van a llevar en los próximos años las pensiones después de la reforma, que quita los frenos al crecimiento del gasto, los márgenes de incremento que tengamos se van a ir ahí fundamentalmente”, advierte De la Fuente. Y añade: “Salvo que corrijamos mucho el rumbo, habrá menos dinero para el resto de prioridades sociales: sanidad, vivienda, educación…”. Recuerda que anualmente se inyectan unos 50.000 millones en transferencias para cubrir los gastos de la Seguridad Social.

Por otra parte, el resto de componentes de la división de protección social se han visto incrementados por las medidas puestas en marcha por la pandemia y la guerra en Ucrania, como son el gasto en desempleo o el establecimiento del Ingreso Mínimo Vital.

Más gasto que la UE en desempleo y en pensiones

El gasto en educación ha pasado de suponer el 10,2% del gasto público en 2008 al 9,2% en 2022. Por su parte, el gasto en sanidad de 2022 tiene la misma magnitud que en 2008 respecto al total, el 14,6%, aunque representa una cantidad algo mayor del PIB (el 6,9% frente al 6%) debido a la pandemia. Según opina el director de Fedea, “todo lo que sea inversión y gasto en el futuro, como en vivienda y educación, de alguna forma sufre” debido a la deriva actual de las prioridades de incremento del gasto y del envejecimiento de la población.

Si se compara con la Unión Europea se observa que España gastó en 2021 (últimos datos disponibles) algo menos que la media comunitaria en sanidad, educación y vivienda, mientras que tiene un desembolso ligeramente superior en protección social. Este se deriva sobre todo a más gasto en desempleo y en pensiones, donde el diferencial positivo más notable se da en las de supervivencia, no en las de jubilación. De la Fuente matiza que no es “necesariamente malo gastar menos”, sino que es “más importante hacer las cosas bien” y pone el ejemplo de la educación, donde el diferencial negativo con la UE es solo de tres décimas, pero los resultados académicos son peores en PISA y en otros test internacionales de educación.