El ‘covid persistente’ del Gobierno: medidas tumbadas, coste político y el gran caso de corrupción

Sánchez se enfrenta al precio de pactar con Junts y a la ley de amnistía, pero también le han quedado secuelas de la pandemia: numerosos varapalos judiciales por el estado de alarma y ahora el caso Koldo, la tercera trama sobre mascarillas que puede hacer mucho daño a los socialistas

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Montaje elaborado por Infobae.
Montaje elaborado por Infobae.

El Manual de Resistencia de Pedro Sánchez se tambalea. Desde que pisó Moncloa por primera vez tras echar a Mariano Rajoy en una moción de censura en 2018, el presidente del Gobierno ha pasado por muchos obstáculos. Pero aunque siempre parece que está acabado, resurge de sus cenizas. Un ejemplo fue su triunfo el 23-J. Nadie apostaba por la suma de las izquierdas, y contra todo pronóstico, logró ser investido presidente. Sin embargo, el coste de revalidar el cargo es alto y ahora lo está pagando. Sánchez se enfrenta ahora al precio de pactar con Junts y a la ley de amnistía, pero también le han quedado secuelas de la pandemia: primero fueron los varapalos judiciales por el confinamiento y el estado de alarma, y ahora el gran caso de corrupción sobre mascarillas, el único que parece que va a tener transcendencia real.

Vayamos por partes. El Gobierno, o el PSOE más concretamente, arrastra problemas que tuvieron su origen en la pandemia de coronavirus. El Ejecutivo se vio obligado a devolver las multas del estado de alarma tras ser declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Tanto el primero como el segundo confinamientos fueron inconstitucionales. Y aún hubo un varapalo más: la reforma de Sánchez para dejar en manos de la justicia autonómica el aval de las medidas pospandemia fue tumbado también por este órgano. En este caso, se consideró que se quebró el principio de separación de poderes porque atribuyó a jueces y tribunales “funciones ajenas a su cometido constitucional”.

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Y cuando parecía que la pandemia había quedado atrás. Aparece el caso Koldo, exasesor del que fue ministro de Transportes, Jose Luis Ábalos. Y con él sale a la luz una nueva trama de mascarillas, la tercera. Y a la tercera va la vencida. Son muchos los que intentaron hacer negocios con este utensilio fundamental para frenar los casos de covid. Los primeros tuvieron su origen en el PP, más concretamente en Madrid. Isabel Díaz Ayuso se vio salpicada. Acusaban a su hermano, Tomás, de una presunta malversación de fondos europeos en el contrato de suministro de 250.000 mascarillas por 1.512.500 euros, de la que salió beneficiado. La Fiscalía Europea archivó el caso en marzo de 2023.

El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, a su salida de la Audiencia Nacional, a 22 de febrero de 2024. (Ricardo Rubio - Europa Press)
El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, a su salida de la Audiencia Nacional, a 22 de febrero de 2024. (Ricardo Rubio - Europa Press)

Poco después, Luis Medina y Alberto Luceño ocuparon todos los titulares. Ambos fueron los comisionistas que supuestamente estafaron al Ayuntamiento de Madrid con la venta de material sanitario en las primeras semanas de la pandemia en 2020. Se les acusó de estafa y falsedad en documento mercantil. Sin embargo, tras poner el foco en el alcalde madrileño, acabó librándose de cualquier responsabilidad pese a que el juez reconoció la “laxitud en los controles en la contratación” y que “pagó un precio totalmente excesivo por un material que en parte era defectuoso”

El Gobierno, atado de pies y manos

Y ahora es Sánchez el que está atado de pies y manos por varios motivos. Uno de ellos, el escándalo de Koldo García. Un caso es grave y no dejan de salir informaciones que vinculan más y más a Ábalos, muy cercano a Sánchez, con esta nueva trama de corrupción. El exministro, que aún no está ni en la lista de detenidos de la operación Delorme ni entre las personas imputadas en el procedimiento que se investiga en la Audiencia Nacional, ha ido dejando huella. Su sombra emerge muy cerca de Koldo García, su mano derecha en el Ministerio de Fomento, y de otros implicados en el caso como el presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor de Aldama, o el empresario Juan Carlos Cueto, presunto cabecilla de la trama.

“Frente a quienes obstaculizaban la acción de la justicia, hoy hay colaboración absoluta con ella para llegar hasta el final”, ha afirmado el presidente

Y todo esto en un momento político en el que la permanencia de Sánchez en Moncloa depende de Junts. El presidente todavía está negociando con los independentistas una ley de amnistía que le ha restado popularidad. El Gobierno se ha dado de plazo hasta el 7 de marzo para llegar a un pacto. Sánchez está convencido de que habrá un acuerdo, pero este episodio refleja lo complicado que lo va a tener durante los próximos cuatro años. Junts no regala nada. Su objetivo es claro, y no es la gobernabilidad en España. Al revés. Cuanto más caos, les beneficia. Mirarán por lo suyo y harán sufrir al presidente.

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De momento, el coste político de las decisiones de Sánchez ya se ha podido ver en las urnas en Galicia. El PSOE se ha llevado un buen golpe: gana el PP con mayoría absoluta y es el BNG quien crece y lidera la oposición. No obstante, es complejo extrapolarlo a clave nacional. La popularidad de Sánchez, según las encuestas, ha caído. El mismo CIS, liderado por el socialista Félix Tezanos, dio la victoria al PP tras votar la amnistía. En el último barómetro de febrero, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo superaría al PSOE de Pedro Sánchez (33%) por dos décimas en intención de voto, con un 33,2%.

Y tampoco lo tendrá fácil el PSOE en las elecciones vascas del próximo 21 de abril. Bildu puede poner a Sánchez en un aprieto. ¿Por qué? Porque lo que allí ocurra puede hacer que su legislatura se tambalee si pierde el apoyo de alguno de sus socios. Las encuestas anticipan un resultado reñido, tanto PNV como los abertzales pueden ganar. La cuestión es que, a diferencia que en Galicia, no habrá mayoría absoluta ni se le espera. La Cámara de Vitoria acoge a 75 parlamentarios, por lo que el número fijado para la mayoría absoluta es de 38. Y es aquí donde entra en juego el PSOE, que quedando en tercera posición tendría, una vez más, la llave del gobierno vasco. Y serán ellos quienes decidan a qué partido le dan el Ejecutivo.