
Fue ministro de Transportes y Agenda Urbana desde que Sánchez llegó a la Moncloa en junio de 2018 hasta después de la pandemia, cuando el presidente del Gobierno renovó su gabinete con el objetivo de diferenciar su mandato en dos partes: antes y después de la pandemia.
En aquella renovación, hubo nombres como el de Fernando Grande-Marlaska o Margarita Robles. No obstante, otros como Carmen Calvo o el propio Ábalos abandonaron el Consejo de Ministros. Ábalos, fiel al presidente desde su batalla contra Susana Díaz, abandonaba el Gobierno con algunos escándalos a sus espaldas.
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El primero fue el conocido como Dalcygate. El ministerio salió al rescate de la aerolínea Plus Ultra, unos hechos que relacionaron al Gobierno de España con el Ejecutivo de Nicolás Maduro. Pocos días después de su investidura en enero de 2020, su polémico encuentro con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas, desató críticas y confusión desde el principio, dado que Rodríguez tenía prohibido el acceso al espacio Schengen y, por ende, a España. Este incidente lo colocó en el punto de mira de la oposición.
El Partido Popular y Vox solicitaron su dimisión y una comisión de investigación, e incluso lo llevaron a los tribunales, aunque el caso fue archivado por el Tribunal Supremo en noviembre, considerando que no se cometió delito al permitir el ingreso de Rodríguez a territorio español.
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Un año después, Ábalos apostó por el rescate de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros, una compañía tildada de “chavista”, en quiebra y sin vuelos. A pesar de desvincularse del asunto, este asunto está siendo investigado por la justicia.

Como coordinador de la campaña de primarias que llevó a la ‘resurrección’ de Pedro Sánchez en el PSOE en 2017, Ábalos ha desempeñado un papel destacado en el partido, ocupando el cargo de Secretario de Organización desde entonces y siendo portavoz provisional en el Congreso tras la moción de censura a Rajoy.
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Con un perfil negociador, el valenciano ha mantenido buenas relaciones con diversos sectores empresariales, incluyendo transporte, construcción, infraestructuras e inmobiliario. Sin embargo, fue acusado por el anterior socio del Gobierno, Unidas Podemos, de sucumbir a presiones por parte del sector inmobiliario para no limitar los precios del alquiler, disparados en muchos puntos de la geografía española. Es más, llegó a tildar la vivienda como “un bien de mercado”, declaraciones que fueron muy criticadas por su socio de Gobierno.
Unidas Podemos también acusó al entonces ministro de sucumbir a las presiones del sector inmobiliario para no aceptar la limitación de precios del alquiler. También fue acusado de obstaculizar la presentación del anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que su ministerio negociaba por aquel entonces con el Ministerio de Derechos Sociales.
Además, durante su mandato al frente del ministerio no logró concretar el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, ni gestionar los 17.000 millones de euros asignados dentro del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una prioridad para los socialistas.
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