La UCO de la Guardia Civil ha confirmado este lunes que parte de las subvenciones recibidas por la UGT de Andalucía por parte de la Junta para los cursos de formación fueron a parar a sobresueldos y a viajes de dirigentes de la central sindical.
La Audiencia de Sevilla enjuicia al ex secretario general Francisco Fernández Sevilla, al ex secretario general de Administración de UGT-A Federico Fresneda, a la secretaria de Gestión Económica María Charpin, a la exresponsable de Compras Dolores Sánchez, y al delegado de Soralpe I Más P Asociados, Enrique Goicoechea.
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Durante la segunda jornada del juicio por un presunto fraude de las subvenciones para cursos de formación y desviadas presuntamente para financiar al sindicato, el tribunal ha acogido el testimonio de instructor de la investigación del caso por parte de la Guardia Civil. El comandante de la UCO -entonces capitán- instructor de las investigaciones de este fraude ha sido interpelado por el fiscal anticorrupcion, Fernando Soto, y por el letrado Luis López de Castro, abogado de Federico Fresneda, miembro de la antigua cúpula de UGT-A que está procesado en este caso
El responsable de la Guardia Civil ha admitido a preguntas del fiscal que había conocido un documento en el que se decía que había determinadas cantidades destinadas a “sobresueldos” para miembros de la dirección regional de UGT, abonados por Soralpe, la empresa instrumental del sindicato andaluz y dedicada a desarrollar actividades formativas.
Ha señalado que los pagos eran de carácter mensual y oscilaban entre los 800 y los 2.500 euros, unas cantidades de las que no tiene constancia de que se devolvieran por parte de los responsables del sindicato. Entre los dirigentes que podrían haber recibido estos sobresueldos están el propio Federico Fresneda y Pepa Castillejo, según el documento que forma parte del atestado de la UCO.
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Justificaban los gastos como “alquiler de aulas” de formación
El instructor del atestado ha destacado también la existencia de un correo electrónico entre Dolores Sánchez Montaño, responsable de compras del sindicato, y el empleado de UGT Francisco Mateos, donde aparece que da instrucciones sobre cómo justificar un viaje que realiza el entonces secretario general de la UGT Andalucía, Manuel Pastrana, a Costa Rica, junto a otros viajes de un dirigente sindical a Dublín, todo ello a cargo de los fondos destinados a la formación.
Además de informar de los procedimientos utilizados por UGT-A para desviar los fondos de las subvenciones de la Junta como el denominado ‘bote’ y el rapel -o descuentos a los proveedores- el miembro de la UCO ha informado de otros que utilizaban otros “artificios” para justificar las facturas ante la Junta, como es el caso del alquiler de las aulas donde se impartían los cursos de formación.
En este sentido, ha indicado que UGT cedió las aulas como usufructo a Soralpe y esta a su vez se las alquilaba al IFES (Instituto de Formación y Estudios Sociales), fundación perteneciente a UGT-A. El círculo se cerraba cuando IFES emitía las facturas y pagaba a UGT-A un dinero que, según el responsable de la UCO, no justificaba al “organismo gestor”, en este caso a la Junta de Andalucía.
*Información elaborada por EFE