El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid a partir del próximo martes 12 de diciembre, cuando comenzará el juicio oral para esclarecer el origen de su fortuna, aunque no será hasta el 9 de enero de 2024 cuando dará comienzo su interrogatorio.
Incluyendo las pruebas testificales, periciales, documentales y conclusiones, el juicio, el tercero al que se enfrenta Rato tras el de las tarjetas black de Caja Madrid y la salida a Bolsa de Bankia, se alargará hasta el 23 de mayo de 2024.
La sección séptima de la Audiencia Provincial será la encargada de juzgar a Rato, más de un año después de que el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid acordara remitirle las actuaciones del caso para su enjuiciamiento, tras siete años de instrucción de un procedimiento en el que se acumularon más de 70.000 documentos.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) destacó en su momento que, por esta causa, se sentarían en el banquillo Rato y otros 16 investigados por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y delito fiscal.
La Audiencia Provincial de Madrid juzgará a Rato como presunto autor de once delitos contra la Hacienda Pública entre los años 2005 y 2015, un delito de blanqueo de capitales y otro de corrupción entre particulares en la concesión de las campañas publicitarias de Bankia a las agencias Zenith y Publicis en su etapa al frente de la entidad.
Otros acusados
La Fiscalía aseguraba en su escrito haber identificado incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda, y 7,4 millones defraudados a la Agencia Tributaria.
A esta última cifra habría que añadir la tributación de servicios profesionales a través de sus sociedades, con lo que las cuotas defraudadas ascenderían a 8,5 millones de euros.
También veía “indicios racionales” de que el también exministro, siendo presidente de Bankia, cobró indebidamente comisiones por los contratos de publicidad de la entidad con Publicis y Zenith, relativos a la fusión y salida a bolsa, que se habrían derivado a diversas sociedades logrando “difuminar el origen del dinero”.
Junto a Rato figuraban como acusados por delito fiscal el que fuera administrador de varias sociedades vinculadas a Rato, Miguel Ángel Montero, o el ex secretario general de Telefónica Ramiro Sánchez de Lerín, entre otros.
Por el delito de blanqueo de capitales se encuentra también acusado Santiago Alarcó, excuñado de Rato; mientras que en el de corrupción entre particulares está José Manuel Fernández Norniella, antigua “mano derecha” del exministro, o su antigua secretaria, Teresa Arellano.
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