El PSOE no tiene claro que la investidura de Pedro Sánchez sea esta semana, tal como tenían previsto los socialistas. “Está complicado”, han respondido fuentes socialistas de la Mesa del Congreso acerca de las posibilidades de que el debate se produzca en las próximas horas o días. Y es que, PSOE y Junts siguen ultimando los detalles para cerrar un acuerdo en torno a la ley de amnistía.
Sobre las negociaciones con Junts, fuentes socialistas conocedoras de las conversaciones reconocen ahora que, más allá de algunos detalles “técnicos”, también “se está trabajando en algunos detalles del acuerdo político”. En esta línea, la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha dado un paso más en el apagón informativo que impone Moncloa sobre esta cuestión. Rodríguez solo se ha limitado a señalar que las conversaciones sobre la investidura “están en manos de los partidos”. En cualquier caso, ha aprovechado la ocasión para recordar que Sánchez es candidato por encargo de Felipe VI.
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Asimismo, ha evitado dar su opinión acerca de la imputación al líder de Junts, Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otras diez personas por la causa que investiga por delitos de terrorismo a la plataforma Tsunami Democràtic. La decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón llega cuatro años después de que se abriera la causa y en plenas negociaciones del PSOE con Junts sobre la eventual ley de amnistía, ya pactada con ERC.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha rehusado emitir “desde esta mesa” una “opinión política” sobre decisiones judiciales. Eso sí, ha remarcado que los “hechos los pueden analizar ustedes y la ciudadanía” en referencia al contexto que los envuelve: “Es una causa que se lleva instruyendo cuatro años y hay operadores distintos con otros criterios, como la Fiscalía”.
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Y es que, el Ministerio Público recurrirá la decisión del juez de la Audiencia Nacional al considerar que la causa sobre los disturbios tras la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del procés en el otoño de 2019 debería ser instruida en Barcelona, según recoge Europa Press. En cualquier caso, la ministra portavoz ha afirmado que “todas las decisiones jurídicas son respetadas por el Gobierno de España”.
Eso sí, ha cuestionado la declaración contra la eventual ley de amnistía emitida este lunes por el Consejo General del Poder Judicial, un órgano con mandato caducado desde hace cinco años. Una mayoría de nueve vocales (ocho designados por el PP) promovieron un texto para descalificar una norma que todavía no existe, como es la medida de gracia, pactada ya entre el PSOE y ERC, y que espera ser registrada a falta de un acuerdo con los de Carles Puigdemont.
“No deja de ser inaudito que un órgano en el que están sentados personas con estos conocimientos y estas trayectorias jurídicas emita un pronunciamiento acerca de una norma que no existe, que desconoce su contenido. Hubiera estado bien que estas personas hubieran actuado con la misma celeridad sobre algo que les afecta, que es su mandato caducado en los últimos cinco años”, achacando esta situación “anómala” al “incumplimiento del mandato constitucional” perpetuado por el PP.
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