La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la conclusión del sumario de la causa contra 12 integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR), surgidos para el referéndum del 1-O en Cataluña, y ha acordado la apertura de juicio oral por delitos de pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de explosivos de carácter terrorista, según ha informado este viernes la Audiencia Nacional.
La resolución de los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal se produce tras el acuerdo del PSOE con ERC y durante la intensa negociación de los socialistas con Junts para cerrar una futurible ley de amnistía, de la que presumiblemente se beneficiarían los procesados en esta causa.
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El procedimiento surgió a raíz de la operación Judas, que en septiembre de 2019 desarticuló el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula integrada por individuos de diferentes CDR notablemente radicalizados y que pretendían, mediante el uso de la violencia, conseguir la independencia de Cataluña.
En ese operativo fueron detenidos la mayoría de los procesados en la causa, acusados de planear acciones violentas de cara al aniversario del 1-O y a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas del procés. En concreto, orquestaron sabotajes y otros atentados violentos en sedes oficiales del territorio catalán.
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Planificaban colaborar en la ocupación del Parlament
La apertura de juicio oral llega después de que el pasado mes de junio la Fiscalía la solicitase, a lo que se opusieron varias defensas, que pidieron revocar el cierre del sumario y seguir practicando diligencias de investigación, o bien archivar la causa por no apreciar indicios del delito de pertenencia a organización terrorista.
Sin embargo, la Sala ha desestimado las diligencias solicitadas por las defensas de los acusados al argumentar que pueden acordarse en el propio juicio. Además, descarta archivar el procedimiento, dado que existen indicios de la comisión de los citados delitos por parte de los integrantes de los CDR.
El juez instructor de la Audiencia Nacional describió a esta cúpula como “una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados”. Lo harían utilizando explosivos y otras sustancias incendiarias fabricadas en laboratorios clandestinos.
Así, el magistrado determinó que los procesados habían participado en cortes de carreteras, la creación de los centros de coordinación (CECOR) y asumieron el encargo de un denominado “CNI catalán” para que aportasen infraestructura logística con el fin de cometer una acción en la que se pretendía ocupar y defender el Parlament de Cataluña.
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