Un documento publicado este lunes por Fedea y firmado por 16 economistas critica duramente las estimaciones del gasto en pensiones del Gobierno tras la reforma adoptada entre 2021 y 2023. Los autores recalcan que el Ejecutivo dibuja “un panorama optimista” basado en proyecciones “poco plausibles” tanto demográficas como macroeconómicas, de manera que, según sus cálculos, la legislación actual provocará un “crecimiento sustancial del gasto en pensiones neto de nuevos ingresos” que rondaría 1,5 puntos del PIB en promedio entre 2022 y 20250 y excedería los 3,5 puntos en 2050.
Si esto sucediera, se superarían los umbrales que la reforma establece como aceptables para que las pensiones sean sostenibles y en 2025 se tendría que activar el mecanismo corrector previsto en la ley, previo informe de la AIReF. Este implica, por defecto, mayores subidas de cotizaciones sociales a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) si el Gobierno del momento no pone en marcha otro tipo de ajuste por el lado de los gastos. De hecho, que se contemple esta medida de control y ajuste del sistema ha sido fundamental para acordar la reforma de las pensiones con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación.
Las principales diferencias entre las proyecciones de Fedea y las del Gobierno se encuentran en el impacto de los incentivos a la jubilación demorada, la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y la mejora de las pensiones mínimas. En los dos primeros casos, se debe en parte a que las proyecciones del Ejecutivo “no recogen” los efectos sobre el gasto futuro en pensiones de los incentivos a la demora de la jubilación o de la subida de las cotizaciones de los autónomos. En el tercer caso, Fedea considera que no se registra suficientemente el impacto en los gastos de ligar los aumentos de las pensiones mínimas y no contributivas al crecimiento de la renta per cápita en vez de a la inflación.
El escenario del Gobierno se basa en unas proyecciones de población propias más optimistas que las de Eurostat, que sirven de base el “Ageing Report 2024″, en el que se basará la evaluación oficial del sistema para activar o no el mecanismo corrector. En concreto, prevé mayores flujos migratorios a partir de 2035, menor esperanza de vida a partir de los 65 y 67 años, y mayor ocupación. En cuanto al crecimiento económico, Fedea ve “difícil de justificar” que el crecimiento potencial de la economía española “vaya a ser muy superior al que maneja la Comisión Europea para las grandes economías de la Unión Europea en las próximas décadas”.
Impacto de subir más las cotizaciones sociales
Aunque la reforma contempla la activación de mecanismos correctivos en caso de desviaciones al alza de las proyecciones de gasto neto, Fedea llama a no “infravalorar” los costes económicos, políticos y sociales de esa activación, que comportaría seguramente una nueva subida de los tipos de cotización. “Dado su ya elevado nivel, una subida adicional de las cuotas para cubrir el creciente déficit del sistema público de pensiones podría tener efectos adversos sobre el crecimiento potencial, el empleo y la productividad”, aseguran.
Según sus cálculos, un aumento de cotizaciones sociales por importe de un punto porcentual del PIB, medio punto más de lo que contemplan las proyecciones del ministerio, daría lugar a una disminución del PIB del 0,6%, de un 1% de las horas trabajadas y de un 2% de los salarios netos de impuestos y cotizaciones.