De ‘TeleEspe’ a la ‘Sextilla’ pasando por las purgas de Ayuso: historia de la politización de Telemadrid

Hubo una época no muy lejana en la que Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid entre junio de 2015 y abril de 2018, prohibió a sus consejeros aceptar invitaciones de actos organizados por Telemadrid. Cifuentes estaba que trina con el entonces director general de la cadena autonómica, José Pablo López, porque la tele de todos los madrileños había osado retransmitir en directo la comisión de investigación en la que Cifuentes había tenido que declarar por sus vinculaciones con el caso Púnica. Cifuentes nunca se lo perdonó a López.

Y es que el PP estaba muy mal acostumbrado. Los populares siempre habían considerado a Telemadrid como un apéndice mediático de sus intereses, sobre todo tras la llegada de Esperanza Aguirre al Gobierno regional en 2003. Pocos meses después, la ‘lideresa’ nombraba al que había sido su jefe de prensa, Manuel Soriano, como director general del ente público con el objetivo de convertirlo en “el bastión de la defensa de España”. Lo que hizo Telemadrid fue convertirse en ‘TeleEspe’, como la bautizaron sindicatos y oposición.

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Un mes después de haber tomado posesión como director general, Manuel Soriano destituyó al director de informativos, Alfonso García Mora, que no dudó en contar en un artículo en El País cómo le comunicaron su ‘decapitación’. “Soriano me aseguró que las cosas iban a cambiar y que Telemadrid debía tomar parte del momento político, crear opinión y ser el contrapeso al Grupo PRISA y a la cadena SER. Desde aquella fecha, y con un nuevo director de Informativos militante que sabía para qué lo habían contratado, nada ha sido igual en esa Casa. De un plumazo, el nuevo equipo ha dilapidado el prestigio e independencia ganados durante largos años de esfuerzo y con administraciones de distinto signo político”, explica García.

Comenzaron entonces tres legislaturas de control férreo de la cadena pública por parte del PP. Mientras, los ingresos comerciales descendieron un 70%; la audiencia llegó a su mínimo histórico en 2012, con un 4,8% de cuota de pantalla; y la plantilla se disparó por encima de los 1.100 trabajadores tras la creación de una redacción paralela, hecha a imagen y semejanza ideológica de lo que quería Aguirre. Y es que para la expresidenta había “muchos rojos”, según rememora un ex veterano trabajador. Lejos quedaban ya los tiempos de esplendor. Entre 1992 y 2002, por ejemplo, ante de la llegada de Aguirre, Telemadrid promedió anualmente un ‘share’ de 20%, algo impensable en la actualidad.

La manipulación y parcialidad en favor del PP hicieron que otros partidos políticos y los sindicatos denunciasen la situación de la cadena, y que sus trabajadores se organizasen en la plataforma ‘Salvemos Telemadrid’. El punto de inflexión llegó en noviembre de 2012, cuando el Gobierno regional anunció un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaba a 925 trabajadores, cifra posteriormente reducida a 861 despidos, el 74% de la plantilla. Era eso o echar la persiana.

Con la llegada de Cifuentes al Gobierno regional en 2015, la aritmética parlamentaria cambió. El PP necesitaba a Ciudadanos para cualquier trámite. La formación naranja impuso un acuerdo de investidura que obligaba a realizar cambios en Telemadrid con el objetivo de despolitizarla. Cifuentes encargó entonces a una desconocida diputada llamada Isabel Díaz Ayuso que negociase con sus nuevos socios la nueva ley que regularía la cadena pública (la anterior era de 1984), una ley que finalmente se aprobó en Nochebuena de 2015 con los votos a favor del PP y Ciudadanos y el rechazo de PSOE y Podemos.

Ayuso acordó con Ciudadanos todos los flecos de la nueva ley. Un acuerdo que llevó meses. “El PP se vio obligado a pactar porque para nosotros era una línea roja. No tenían ningún interés. Ayuso nos dijo varias veces que si fuera por ella y por su partido, lo mejor sería cerrar la tele pública”, señalan fuentes de Ciudadanos presentes en esa negociación. “Pensaban así porque ya no tenían mayoría absoluta y, por tanto, el control de Telemadrid”.

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Entre los cambios de la nueva ley destacaba la composición del consejo de administración, que pasó de siete a nueve miembros: cinco de ellos elegidos por organizaciones profesionales y sociales y los cuatro restantes por los grupos de la Asamblea. En todos los casos serían nombrados por una mayoría del Parlamento de dos tercios. El consejo proponía al director general, que también era nombrado por dos tercios de la Asamblea. El PP ya no podía elegir a un títere a sus órdenes. Necesitaba del acuerdo de una amplia mayoría. Además, aseguraba la independencia del director general al prolongar su mandato durante seis años, separándolo así de los cuatro del presidente autonómico.

En diciembre de 2015, Ayuso defendía la nueva ley: “[Telemadrid] ha estado siempre en boca de todo el mundo, porque ha sido un organismo muy politizado, muy polémico. Consideramos que es el momento de —¡por fin!— que en una televisión pública en España no haya partidismo. Nos hemos comprometido con los madrileños a que tengan una televisión pública que sea independiente, que sea plural, que sea austera y que lo sea cuanto antes. Ahora hay un modelo que les da miedo porque no lo pueden controlar; pero tienen que estar tranquilos, porque nosotros tampoco. Por primera vez hay un medio de comunicación público en España que nadie va a controlar”. Palabras muy elocuentes. Ayuso dejaba claro que antes Telemadrid sí estaba controlada.

Los cambios llegaron. Alipio Gutiérrez fue nombrado director de informativos, un veterano de la casa que apostó por recuperar el foco regional de las noticias y dejar de lado la información política nacional como había impuesto Aguirre. Luego desembarcó José Pablo López, nuevo director general, que tuvo el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos y la abstención de Podemos. Con López volvió la pluralidad a la cadena pública y mejoraron los índices de audiencia. Tanto, que Esperanza Aguirre acabó abandonando el plató en una entrevista en octubre de 2018 tras llamar “podemita” a la presentadora y acusándoles de ser “antiPP”. Cifuentes, por su parte, terminó apodando ‘la sextilla’ a la cadena porque no le gustaba la deriva que había tomado Telemadrid, demasiado de izquierdas para ella.

En 2019, Isabel Díaz Ayuso llegó a la presidencia de la Comunidad. Telemadrid pudo mantener su independencia porque el PP gobernó en coalición con Ciudadanos los dos primeros años. Pero todo cambió en 2021, cuando Ayuso convocó elecciones por sorpresa y obtuvo la mayoría con el apoyo de Vox. La nueva lideresa popular no tardó ni dos meses en reformar la ley pactada por consenso en 2015 para destituir al director general, el incómodo José Pablo López, y a gran parte de su equipo. Una purga en toda regla. “Soy la única presidenta autonómica que tiene una televisión que le es crítica”, había llegado a decir.

Se creó entonces la figura del administrador provisional, elegido directamente por el Ejecutivo. El puesto lo ocupa desde entonces José Antonio Sánchez, que ya había sido director general de la cadena autonómica en una etapa anterior, entre 2011 y 2014, cuando el ente público aprobó su ERE más traumático con el despido de 860 profesionales. Antes fue director general de Radio Televisión Española (de 2002 a 2004) y presidente de RTVE de 2014 a 2018, siempre con el PP.

“Con Ayuso y José Antonio Sánchez hemos vuelto a los tiempos de ‘TeleEspe’. No hay nada más que ver cualquier informativo para ver que el PP controla Telemadrid. Estamos incluso dando en directo actos de partido”, señala un portavoz del comité de empresa, que actualmente representa a unos 515 trabajadores. El PSOE de Madrid criticó hace unos días que la cadena pública retransmitiera en directo la concentración convocada por el PP el pasado domingo en contra de la hipotética amnistía que Pedro Sánchez negocia con los partidos independentistas. “Telemadrid interrumpió su programación para dar en directo los discurso de Ayuso y Almeida”, explican desde el comité de empresa.

“Telemadrid es ‘TeleAyuso’”, coincide Pablo Padilla, diputado de Más Madrid. “Hay una falta de pluralidad informativa cuando prefieren emitir en directo una manifestación organizada por el PP y no lo hacen con las manifestaciones masivas que hubo hace meses en defensa de la sanidad pública. La cadena se ha convertido en el altavoz ideológico del PP”, concluye Padilla, que considera una anomalía que la tele pública siga con un administrador provisional sine die que es un “apéndice del Gobierno. Hay que poner en marcha el proceso para elegir ya un nuevo director general”. Mientras, la cadena acabó la temporada 2022-2023 con una audiencia media del 5,4%, situándose como la novena tele autonómica más vista.