Anticorrupción pide 15 y 9 años de prisión a Luceño y Medina por el ‘caso mascarillas’

La Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de prisión a Alberto Luceño y nueve a Luis Medina por el ‘caso mascarillas’. El ministerio público ha presentado este viernes su escrito de acusación contra los dos empresarios a los que considera autores de los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento oficial, y contra la Hacienda pública.

Anticorrupción también quiere que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Madrid con 7,8 millones de euros. Para Luceño, exige además que abone 1,3 millones de euros a la Agencia Tributaria. El ministerio público hace un detallado relato de los hechos y asegura que la intención de ambos acusados fue la de “enriquecerse exageradamente a costa de la citada situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores, y ello como consecuencia de la imposición de unas comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento al comprador, al que convencieron de que actuaban movidos por razones altruistas”.

Todo comenzó la segunda quincena del mes de marzo de 2020, “en una situación de rápida evolución de la pandemia provocada por el covid de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios”. Alberto Luceño contactó con Luis Medina para que este, “dado que era una persona conocida en la vida social española”, buscara y le facilitara el contacto con posibles instituciones públicas interesadas en la adquisición de material sanitario.

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A través de una amiga común, Luis Medina consiguió contactar con un familiar del alcalde de Madrid, que le proporcionó una dirección de la Coordinación General de la Alcaldía de Madrid a la que podía dirigir su oferta. Luis Medina envió un primer mensaje el 18 de marzo de 2023, ofreciendo diverso material sanitario (trajes de protección, mascarillas, test COVID de anticuerpos, desinfectantes). En este mensaje, Luis Medina afirmaba que estaba vendiendo ese material a varios gobiernos europeos y que trabajaba directamente con las fábricas, “lo cual resultó no ser cierto”. Medina envió un segundo mensaje recordatorio el 19 de marzo.

Ambos mensajes fueron recepcionados por Elena Collado, Coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos, que era la persona que en ese momento se estaba haciendo cargo de la compra de material sanitario para el Consistorio madrileño. Collado contactó entonces con Luceño, que se presentó a como experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición. Asimismo, dijo actuar con ánimo altruista, movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia.

“En realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que no actuaba movido por ninguna intención altruista”, asegura la Fiscalía. En marzo de ese año se llegó a un acuerdo entre ambas partes y se firmaron tres contratos entre la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid (el organismo municipal que centralizaba las compras) y la compañía malaya Leno Sdn Bhd, como vendedora.

El Ayuntamiento compró un millón de mascarillas KN95 Graphene Sterilization Antiviral 3D Mask, por un precio total de 6.689.300 dólares; 2,5 millones de pares de guantes de nitrilo por 5 millones de dólares, y 250.000 test rápidos COVID-19 por 4.250.000 dólares. “Estos precios los impuso Alberto Luceño, diciendo que era el precio fijado por el exportador”. Al hacerlo, “ocultó que un elevado porcentaje del precio final ofertado (aproximadamente el 60 % en el caso de las mascarillas, el 81 % en el caso de los guantes y casi el 71 % en el caso de los test) correspondía a comisiones que los acusados iban a percibir.