Más de 300 personas han visto revocada su ciudadanía estadounidense debido a irregularidades detectadas en sus procesos de naturalización, según informó el experto en migración Reynaldo Alvergue, director de SOS Inmigración, durante una entrevista en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS). La cifra corresponde a casos de personas de diferentes países, entre ellos salvadoreños a los que las autoridades les han comprobado fraude, principalmente a través de matrimonios simulados o declaraciones falsas en sus formularios migratorios.
De acuerdo con lo declarado por Alvergue, el endurecimiento de los controles migratorios en Estados Unidos responde a una directriz impulsada por la administración actual, que ha instruido a los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y de otras agencias a revisar detalladamente los antecedentes de quienes han obtenido la residencia permanente o la ciudadanía. El experto explicó que el memorándum emitido por USCIS exige a los empleados aprobar los cambios de estatus solo en circunstancias extraordinarias, aunque aclaró que la ley sigue siendo el marco principal y que solo el Congreso puede modificarla.
El tema, que se ha vuelto viral en redes sociales y ha generado inquietud en comunidades migrantes, se relaciona con nuevas revisiones a fondo de los trámites realizados en los últimos años. Alvergue reiteró que las investigaciones han permitido a las autoridades “quitar la ciudadanía a más de 300 personas” de diversas nacionalidades, no solo de El Salvador. Estas acciones han estado enfocadas en detectar casos de fraude, en especial matrimonios por conveniencia y declaraciones inexactas en el historial legal de los solicitantes.
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Según Alvergue, la administración estadounidense también ha ordenado la revisión de más de 500,000 visas otorgadas en los últimos años, para verificar que hayan sido utilizadas correctamente. Las personas que recibieron su visa con la intención de lucrarse, tener hijos en Estados Unidos o realizar actividades no autorizadas, han sido objeto de retiros de visado y posibles sanciones migratorias.
El especialista añadió que la política de endurecimiento migratorio se ha intensificado a medida que se acercan las elecciones de noviembre. Esta estrategia incluye no solo la revisión de ciudadanía y residencia, sino también controles sobre el uso de visas temporales y un mayor escrutinio sobre quienes intentan ajustar su estatus migratorio dentro del país.
El memorándum de USCIS ha causado confusión entre los migrantes, quienes temen que los nuevos lineamientos puedan derivar en un incremento de negativas y deportaciones. Según el experto, aunque la ley permite el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos para quienes ingresaron con visa de no inmigrante, los funcionarios han recibido instrucciones de ser más restrictivos y de aprobar los cambios solo en situaciones excepcionales, especialmente cuando existen sospechas de fraude.
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Adicionalmente, Alvergue destacó que se han reforzado los controles en los puertos de entrada al país. Los viajeros pueden ser objeto de interrogatorios exhaustivos sobre su historial migratorio, laboral y familiar, así como de revisiones de pertenencias y dispositivos electrónicos. Las medidas buscan identificar irregularidades y prevenir el ingreso de personas que hayan proporcionado información falsa o tengan antecedentes legales no declarados.
De acuerdo con datos de 2023, más de 26,200 salvadoreños obtuvieron la “green card” durante ese año, mientras que las cifras más altas de otorgamiento de residencia correspondieron a ciudadanos de México y Cuba. Todas estas personas, al igual que quienes ya cuentan con residencia permanente, pueden ser objeto de revisión y, en caso de detectarse fraude, enfrentar la revocación de sus documentos migratorios.
El proceso de revocación no solo afecta a quienes han obtenido la ciudadanía por matrimonio fraudulento, sino también a quienes hayan omitido antecedentes legales en sus solicitudes o usado de manera inapropiada los beneficios migratorios. El experto recordó que el único órgano con potestad para cambiar la ley migratoria es el Congreso de Estados Unidos, por lo que cualquier cambio sustancial requiere aprobación legislativa.
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En la actualidad, las autoridades mantienen la vigilancia sobre los procesos migratorios y no descartan nuevas acciones en los próximos meses, en el marco de las estrategias electorales y los esfuerzos por “restaurar la integridad” del sistema migratorio y de ciudadanía estadounidense.