En 2022, El Salvador implementó una reforma sustancial en su legislación sobre trasplantes, al sancionar la Ley Especial Sobre Trasplantes de Células, Tejidos y órganos Humanos, que establece un modelo de equidad para el acceso a estos procedimientos sin distinciones económicas o sociales, y prevé una reducción significativa de los costos estatales asociados.
Esta nueva normativa, además de habilitar la donación por parte de personas fallecidas, creó el Centro Nacional de Trasplante (CNT), organismo autónomo vinculado al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), encargado de supervisar y regular el cumplimiento de la ley.
Antes de la entrada en vigor de esta ley, el sistema de salud salvadoreño solo procedía con donaciones de personas vivas, limitando la oferta a casos en que un donador en buen estado de salud cedía un riñón.
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“Actualmente, en nuestro país únicamente existe la modalidad de donación viva”, aclaró Otto Meléndez, director del CNT, a Infobae.
Desde entonces, la posibilidad de extraer órganos de donantes fallecidos permite intervenciones más diversas y amplía la opción de trasplantes de órganos vitales como el corazón, el hígado, el pulmón y la córnea, similares a los modelos existentes en otros países.
El sistema anterior presentaba deficiencias estructurales, tal como se planteó en su aprobación: la lista de espera para trasplantes carecía de correlatividad y permitía alteraciones arbitrarias, favoreciendo a pacientes con mayores recursos o influencia.
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Además, la sanción para quienes no brindaran información clara sobre la extracción de órganos, incluyendo un riñón, oscilaba entre uno y 20 salarios mínimos, la misma que se aplicaba por no notificar a la autoridad competente.
Con la nueva legislación, la promoción de la donación voluntaria y no remunerada de órganos, tejidos y células es prioritaria, articulando el acto como una contribución altruista que busca aumentar la disponibilidad y ofrecer la oportunidad de salvar vidas.
El CNT, en tanto, asume responsabilidades de fiscalización con inspecciones periódicas en todos los establecimientos habilitados para trasplantes, garantizando que las prácticas médicas se ajusten a los estándares establecidos y evitando así reincidencias en conductas irregulares.
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La donación de órganos en El Salvador solo se realizaba en vida hasta 2022
Según Otto Meléndez, los procedimientos de trasplante en El Salvador se circunscribían al riñón y, eventualmente, a la córnea bajo condiciones excepcionales. “En este momento solo se hace trasplante de riñón con donante vivo. Solo ocasionalmente se realizan trasplantes de córnea, pero estas son importadas, compradas en el exterior”, indicó Meléndez en entrevista con Infobae.
Respecto a los órganos que requieren mayor complejidad para su donación y trasplante, detalló que la mayoría —como el corazón y el hígado— debe proceder de donantes fallecidos, lo que hasta la reforma legislativa no era posible localmente.
También precisó que cada trasplante tiene dificultades propias según el tejido u órgano: “Hoy en día, el riñón se extrae por vía laparoscópica, lo que significa menos invasión quirúrgica y una recuperación más rápida para el donante”. En comparación, la mayoría de órganos restantes necesitan provenir de personas fallecidas.
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Requisitos médicos para donar órganos tras la muerte
Sobre los criterios médicos para donar órganos después del fallecimiento, el director del CNT señaló que no existe un perfil único: todo depende de la causa de la muerte y del estado general de salud del potencial donante. Destacó, sin embargo, restricciones claras: “no pueden ser donantes quienes padecen enfermedades crónicas graves como diabetes o hipertensión descontrolada, ni quienes presenten infecciones transmitidas, como hepatitis, VIH o tuberculosis”.
Así, una persona podría ser elegible si fallece por causas traumáticas, como heridas de arma de fuego o accidentes de tránsito, siempre que los órganos vitales permanezcan intactos. El perfil apto sería alguien que no presente enfermedades crónicas ni infecciones contagiosas, para no poner en riesgo al receptor.
El Salvador, con esta reforma, busca igualar los estándares internacionales en materia de donación y trasplante, estableciendo controles más estrictos, fortaleciendo la representatividad de los pacientes en los organismos reguladores e instaurando una instancia fiscalizadora autónoma para actuar de manera transparente y equitativa.
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