Más de la mitad de la fuerza laboral en Centroamérica permanece fuera de los sistemas formales de empleo, según el informe “Panorama económico de América Latina y el Caribe, Abril 2026” del Banco Mundial.
Esta realidad, que afecta entre el 55% y el 60% de quienes trabajan, obstaculiza los avances en la reducción de la pobreza y limita el crecimiento económico sostenible, dice el organismo.
Esta realidad, dificulta la recaudación de impuestos e impide que gran parte de la población acceda a prestaciones sociales y derechos laborales básicos, lo que reduce los ingresos fiscales y afecta la inversión estatal en servicios elementales.
A esto se suma que más de 500,000 jóvenes se incorporan cada año al mercado laboral de Centroamérica, pero la economía formal genera una oferta insuficiente de empleo. Las restricciones para acceder a trabajos formales también se asocian a regulaciones complejas y a la falta de oportunidades empresariales.
El fenómeno de la informalidad laboral involucra principalmente a quienes se desempeñan por cuenta propia y a quienes laboran en microempresas con menos de cinco empleados, señala el informe del Banco Mundial.
En este contexto, la creación de empleos formales resulta una tarea esquiva y la protección social no alcanza a la mayoría de los trabajadores.
Entre los grupos más afectados destacan los jóvenes, las mujeres y quienes viven en zonas rurales. Estas poblaciones se ven condicionadas por una educación insuficiente y un acceso restringido a servicios sociales, lo que perpetúa las barreras para su integración plena en el mercado laboral formal.
El informe del Banco Mundial subraya que la informalidad no solo es consecuencia de la exclusión, sino también una elección motivada por la flexibilidad, la autonomía y el control del tiempo que ofrece el autoempleo.
Para un segmento de la población, estas condiciones resultan preferibles frente a los salarios bajos y la escasa productividad de los empleos formales.
En la práctica, la falta de inversión y de reformas estructurales impide la diversificación y el fortalecimiento del empleo formal. El crecimiento regional, impulsado por remesas y exportaciones de servicios, no ha bastado para revertir esta tendencia.
Las políticas públicas actuales no han logrado cerrar la brecha educativa ni facilitar el acceso al crédito y la capacitación, dos elementos clave para la formalización.
La persistencia de la informalidad tiene consecuencias directas sobre la movilidad social y la reducción de la pobreza. El Banco Mundial advierte que la alta proporción de trabajadores informales limita la capacidad de los ciclos económicos de traducirse en mejoras sostenidas de salarios y productividad.
Además, la informalidad complica la medición de la desigualdad, ya que dificulta el registro de ingresos y el acceso a los sistemas de protección social.
El informe recomienda mejorar la calidad educativa y fortalecer los vínculos con el sector privado, así como rediseñar los sistemas de seguridad social para que sean más inclusivos. También propone crear incentivos fiscales y regulatorios que favorezcan la formalización de microempresas, y fomentar la movilidad y el aprendizaje dentro del sector informal.
En síntesis, la informalidad laboral en Centroamérica es un desafío estructural que demanda políticas integrales. Para avanzar hacia un desarrollo más inclusivo, se requiere incentivar la formalización de los empleos, ampliar la cobertura de la protección social y promover la movilidad social.
Estas acciones son indispensables para romper el círculo de la pobreza y mejorar el bienestar de la población trabajadora.