El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, anunció este lunes la creación del registro de víctimas y la continuidad de la investigación tras la incautación de USD 38.574.722 en efectivo y cuentas bancarias vinculados al caso CrediCash, una presunta captación ilegal de fondos que operó bajo un esquema piramidal, y detalló la creación de un centro especializado para procesar la prueba y acelerar la identificación de las víctimas afectadas en el departamento de Chalatenango en El Salvador.
La magnitud del fraude, que prometía retornos mensuales de hasta 10 % a los inversionistas, plantea como desafío central recuperar el dinero y distinguir entre víctimas genuinas y posibles participantes con antecedentes dudosos. De acuerdo con los resultados expuestos por Delgado, la suma incautada está compuesta por USD 27.550.750 en efectivo y USD 11.023.972 en cuentas bancarias, junto a la intervención de 47 inmuebles y 175 vehículos asociados directamente con el imputado Gerson Adriel Orellana Ayala y la estructura financiera de CrediCash. Las autoridades han contabilizado aproximadamente 18,000 contratos de mutuo que podrían involucrar más de un acreedor por documento.
Avances en la identificación de víctimas y depuración de responsabilidades
La investigación se centra en individualizar a quienes perdieron fondos por engaños, discriminando entre víctimas legítimas y personas que hubieran canalizado recursos de origen dudoso o resulten participantes encubiertos. Hasta el momento, la Fiscalía General de la República ha recibido 180 denuncias formales contra Gerson Orellana Ayala y está determinando montos invertidos y capacidades económicas de cada demandante, se informó este lunes en una conferencia de prensa.
Para agilizar el proceso y prevenir falsos reclamantes, la fiscalía crea un centro especializado de procesamiento de prueba con 70 fiscales, colaboradores jurídicos y analistas. Este equipo tiene la tarea de organizar, validar la identidad de los reclamantes y descartar la participación de inversionistas sin historial laboral ni respaldo tributario. Delgado puntualizó que el esfuerzo es fundamental para “organizar la documentación incautada” y “establecer mecanismos de reintegro a las víctimas”.
Delgado reiteró que el mecanismo pretende asegurar que solo las personas afectadas de buena fe sean resarcidas. Además, advirtió que los reclamantes que no puedan justificar el origen de los fondos o los montos invertidos podrán ser objeto de investigaciones adicionales por posibles vínculos con actividades ilícitas.
Detalle de los decomisos realizados en inmuebles y empresas vinculadas
Los fondos incautados provienen de diferentes registros. En la sede central de CrediCash, en Chalatenango, se hallaron USD 20.244.419,67. En la residencia de Gerson Orellana se encontraron USD 7.269.198,04 y 2,140 quetzales. Además, la funeraria Águilas del Norte albergaba USD 2,160.86; la empresa Transportes Imperio Yahaira, S. A. de C. V., USD 29,078.93; y la sede de Encanto Marino, S. A. de C. V., USD 2,655.81. Estos decomisos, según Delgado, “son reflejo del trabajo técnico y coordinado” del equipo fiscal y policial.
El operativo incluyó la intervención simultánea de múltiples sedes comerciales, residencias y espacios de almacenamiento vinculados directa o indirectamente con el acusado, permitiendo a la fiscalía bloquear el acceso a decenas de bienes muebles e inmuebles hasta determinar el alcance del fraude.
El esquema piramidal y el pago de intereses insostenibles
La operación ilegal ofrecía intereses mensuales mínimos de 10 % sobre el capital, lo que atrajo a numerosos depositantes con la expectativa de duplicar su inversión anual, lejos de cualquier oferta del mercado financiero formal. Delgado indicó que el esquema dependía de la entrada constante de nuevos participantes: el dinero con el que se pagaba a los primeros inversionistas provenía de los aportes entregados por los más recientes, una mecánica que, al desacelerarse, colapsó.
El análisis financiero presentado muestra que solo en concepto de intereses, Orellana debía abonar USD 3.8 millones cada mes, lo que habría significado para marzo de 2027 un desembolso acumulado de USD 47.6 millones en intereses adicionales al capital original. La deuda global proyectada por la estructura piramidal de CrediCash ascendía a USD 83.6 millones para ese año, según la Fiscalía General de la República. Estos datos ubican al caso entre los mayores esquemas de fraude financiero identificados en El Salvador en la última década.
Delgado añadió que el imputado tiene antecedentes por estafa desde 2020 y que ya había sido detenido anteriormente por casos similares en Chalatenango, pero no dio detalles de esos casos.