La Federación nacional de Docentes Universitarios (CONADU) convocó a un paro y jornada de protestas para este martes en reclamo al Gobierno por la demora en promulgar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en el Congreso. Sin embargo, la normativa se publicó en el Boletín Oficial, pero el presidente Javier Milei retrasó su aplicación.
La decisión de la medida de fuerza se tomó el pasado viernes, luego de un plenario del cual participaron los gremios de docentes universitarios de todo el país. Al finalizar el encuentro establecieron que hoy se llevaría a cabo una jornada nacional de protestas, mientras que para mañana se preparan para un paro nacional. Desde el gremio Conadu Histórica acordaron realizar una huelga a nivel nacional por 48 horas para los mismos días.
El escenario actual se desarrolla tras el extenso debate que culminó con la sanción de la ley en ambas cámaras del Congreso Nacional durante el primer semestre de 2025. El texto estableció un régimen especial de financiamiento, previendo recursos para el funcionamiento de las universidades, fondos para becas y, de manera destacada, la actualización salarial docente a través de paritarias o, ante la falta de acuerdo, mediante incrementos nunca inferiores a la inflación oficial del período.
Tras la sanción, el Presidente vetó la iniciativa argumentando dificultades presupuestarias, pero posteriormente la oposición logró reunir la mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras para rechazar ese veto.
Este lunes vencían los plazos legales para la promulgación de la norma y en el sector docente crecía la preocupación ante la posibilidad de que se repita una situación de no aplicación, como ocurrió con la Ley de Emergencia en Discapacidad que, pese a ser promulgada, quedó sin reglamentar por “falta de recursos”, según argumentó el Gobierno.
Los temores eran ciertos y, finalmente, el Ejecutivo postergó la aplicación de las leyes tanto del nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente, como la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud en el país, mediante la publicación de los decretos 759/2025 y 760/2025.
Previo a que se hicieran públicas ambas medidas, la CONADU había resuelto por unanimidad concretar dos medidas de fuerza, mediante una protesta nacional con actividades de visibilización en las universidades el día 21, y al día siguiente un paro general de actividades en adhesión de todas las asociaciones de base.
“La situación en las universidades es sumamente grave. A los salarios de pobreza se agrega la sobrecarga laboral y el desarme de cargos exclusivos que aumenta los cargos simples en una clara precarización de la tarea docente. En paralelo, sabemos que es muy probable que el Gobierno suspenda la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, como ya hizo con la emergencia en discapacidad. En este contexto, y por la falta de diálogo que desconoce a las paritarias del sector, tenemos que fortalecer la organización y los planes de lucha para poder enfrentar el desguace del sistema universitario y científico que sostienen Milei y sus secuaces”, declaró Carlos De Feo, Secretario General de CONADU, según declaraciones recogidas por múltiples medios especializados.
La reunión contó con la presencia de delegados de gremios como SIDIU, ADIUC, ADUNTREF, ADUNIPE, SIDIUNLaR, SIDIUNT, FEDUBA, AGDU, ADUNOBA, ADUNA, ADIUNGS, SIDUNCU, ADIUNQ, ADUNCE, ADUM, AFUDI, ADOI, ADEIUNAJ, SIDIUNCAUS, ADUNM, CODIUNNE, ADULP, ADUNSE, ADIUNPAZ, ADAI, AGD Río Cuarto y SIDUNSJ, entre otros.
La jornada nacional de protesta tendrá actividades que incluyen clases públicas, asambleas, volanteadas y movilizaciones frente al Congreso Nacional, los ministerios y las plazas de las principales ciudades del país.
En simultáneo, la CONADU Histórica realiza un paro de 48 horas los mismos días, con el pedido explícito de que la Presidencia “aplique de manera plena y efectiva la Ley de Financiamiento Universitario”, tal como fue confirmada por el Congreso Nacional tras anular el veto presidencial.
Las federaciones docentes insiste en que la demora del Ejecutivo en cumplir con la sanción y promulgación de la ley implica una “grave vulneración de los derechos laborales y educativos” y advierten sobre el deterioro progresivo de los sueldos y el funcionamiento de las universidades.