En el siglo XII, quienes se atrevieran a cazar en los extensos y frondosos campos del rey de Inglaterra podrían ser penados con severos castigos. Lo que en la actualidad equivaldría a rigurosas condenas de prisión, en tiempos ancestrales suponía riesgo de muerte. O la ceguera o la castración, o ambas penalidades en simultáneo. Eran los principios de época, los albores de las leyes ambientales, conductas de punición previas a las preocupaciones por el cambio climático o el calentamiento global.

"Los dueños de las tierras no podían sembrar, talar árboles ni realizar ninguna actividad a menos que contaran con el permiso del monarca". David Cross, profesor especializado en historia medieval y legislación de bosques de la Universidad de Nottingham, en Reino Unido, argumentó las formas imperantes en los comienzos de la civilización.

El bosque real representaba un tercio del territorio de Inglaterra: estaba conformado por áreas de 19 condados. Su expansión, predominante, era comúnmente vulnerada por nobles y plebeyos. La nobleza, en caso de sanción, recibía penalidades más benévolas: su intervención en los territorios de la realeza merecía multas extremadamente elevadas, pero no mutilaciones ni amenaza de muerte que sí padecían los plebeyos si desafiaban los límites de los terrenos reales.

A efectos del deterioro en las relaciones de la realeza y la nobleza, el rey Juan I de Inglaterra promulgó la Carta Magna –"la carta de las libertades"– en 1215 en pos de garantizar los derechos feudales de la aristocracia frente al poder del rey. Dos años después, sancionó la Carta del Bosque con el propósito de regular las vastas extensiones de campo que le pertenecían a la corona.

El documento toleraba la pérdida de la vida u órganos del cuerpo humano por matar animales en los bosques y operaba sobre los derechos comunales del ecosistema. Para aquella época, los bosques eran portadores de riqueza: la madera era material de servicio para la construcción, la luz, el calor, el calzado. La regulación establecía por primera vez la responsabilidad compartida. La disposición excluía a los bosques de la jurisdicción real.

"La propuesta fue una especie de promesa electoral que tenía el objetivo de asegurar el reinado del pequeño Enrique III (quien asumió el trono a los 9 años tras la muerte de su padre) en medio de una turbulenta época de guerra civil", explicó Cross en diálogo con la cadena británica BBC. Agregó que no era el único síntoma de inestabilidad política de la época: "La Carta del Bosque también tenía el propósito de convencer a los terratenientes de que no se unieran a los franceses ante la amenaza de una invasión".

La semilla de la regulación medioambiental se originó en 1217, cuando el gobierno de Enrique III limitó su jurisdicción en el ejercicio de poder sobre los bosques reales. Christian Liddy, profesor de historia medieval de la Universidad de City, en Reino Unido, interpretó que "la decisión de limitar el poder del rey, de delimitar el terreno, establecer fronteras y demarcar qué es del rey y qué no, se convirtió en un símbolo del compromiso de que el rey gobernaría para el bien común".

Nick Robinson, de la Universidad de Pace, en Nueva York, Estados Unidos, dice que el documento promulgado en el siglo XIII es el primero de su tipo y el germen de los tratados ambientalistas. "Establece la relación entre los seres humanos y la naturaleza de una forma muy clara y establece el concepto de responsabilidad compartida. Es un claro ejemplo de una ley medioambiental", concluyó.

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