La Argentina registró en 2025 el ingreso de 134.000 demandas judiciales por riesgos del trabajo, un récord histórico que la dejó muy por encima de otros países de la región y de Europa.
En términos comparativos, la cantidad de juicios presentados en el país fue un 2200% mayor que en Chile y un 1500% superior a la de España, según un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).
El fuerte aumento de la litigiosidad se dio en un escenario que el propio sector define como paradójico. Mientras los indicadores de prevención y seguridad laboral muestran mejoras sostenidas desde la creación del sistema de riesgos del trabajo, el número de demandas judiciales no dejó de crecer y alcanzó en 2025 el nivel más alto desde que existen registros.
De acuerdo con datos de la UART, los accidentes laborales se redujeron un 55% y las muertes vinculadas al trabajo cayeron un 80% en las últimas décadas. En números concretos, estos avances permitieron salvar unas 19.000 vidas y evitar más de 4,7 millones de accidentes. Sin embargo, el recorrido de los juicios fue en sentido contrario. Desde 2020, las demandas por riesgos del trabajo crecieron un 200% y solo en el último año se sumaron 134.141 nuevos casos.
La comparación internacional dimensiona el fenómeno local. Mientras que en Chile se presentan 5,8 juicios cada 10.000 trabajadores y en España 8,5, en la Argentina, en cambio, ese indicador asciende a 132,8. Esto implica que el nivel de litigiosidad local es 16 veces mayor que el chileno y 23 veces superior al español, aun cuando el país cuenta con una cobertura más amplia del sistema y niveles de siniestralidad similares.
Al volumen de demandas por accidentes laborales se agregan otros conflictos del ámbito del derecho laboral, como juicios por despidos o reclamos salariales. En ese contexto, el stock total de litigios por riesgos del trabajo llegó a 317.848 casos, a pesar de que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo lograron cerrar cerca de 70.000 expedientes judiciales a lo largo del año pasado.
Por qué crecen los juicios aunque bajan los accidentes
El informe también advierte sobre un comportamiento poco habitual en la dinámica de los juicios. En diciembre ingresaron más demandas que en noviembre, algo que solo se había registrado en la antesala de la reforma del sistema de riesgos del trabajo aprobada en 2017. A eso se sumó que, durante el último cuatrimestre del año, la litigiosidad mostró un crecimiento interanual del 12%, lo que consolidó la tendencia ascendente.
Desde la UART sostienen que el origen del problema es principalmente judicial. En particular, apuntan al incumplimiento de la Ley 27.348, sancionada en 2017, que estableció la creación obligatoria de Cuerpos Médicos Forenses en cada jurisdicción para unificar criterios y reducir la litigiosidad. La falta de implementación de ese esquema abrió la puerta a peritos externos, sin control ni supervisión, que fijan incapacidades por fuera de los parámetros oficiales.
Según el reporte, esas pericias suelen ser avaladas por los jueces laborales, lo que termina multiplicando la cantidad de demandas. A este incentivo se suma que los honorarios periciales se calculan como un porcentaje del monto de la sentencia, un esquema que favorece el aumento de los porcentajes de incapacidad reclamados.
Es por eso que el impacto también se refleja en los costos. El 45% de lo que pagan las ART en juicios se destina a la intermediación, es decir, honorarios de abogados, peritos y gastos del sistema judicial. En términos prácticos, por cada millón de pesos abonado en demandas, unos $450.000 quedan dentro de ese circuito.
“Corregir esta distorsión es clave para sostener un mecanismo que protege a trabajadores y empresas, y que hoy está siendo desbordado por una judicialidad que no responde a la realidad de la gestión en materia de prevención ni cobertura de accidentes del trabajo ni a ningún parámetro internacional”, finalizó el informe.