El ministro de Hacienda Germán Ávila defendió los incrementos del salario mínimo implementados durante el actual Gobierno, asegurando que estas medidas no han afectado el control de la inflación ni la generación de empleo.
“Con un crecimiento real del dos punto ocho por ciento y, en el 2024, una inflación del cinco punto dos por ciento, con un crecimiento del salario mínimo aplicado para el siguiente año del nueve punto cinco por ciento, con un crecimiento del salario real del cuatro punto tres por ciento”, afirmó Ávila, quien también anunció que el Gobierno prevé un aumento del salario mínimo de dos dígitos para 2026.
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El titular de Hacienda explicó que la estrategia oficial busca estimular la demanda interna y fortalecer la capacidad adquisitiva de la población.
“Mientras las políticas del gobierno orientadas a estimular a través del crecimiento del salario mínimo, estimular el crecimiento de la demanda agregada, de la capacidad de compra de la sociedad, para que ello estimule la dinámica productiva en el país, siempre y cuando esa dinámica esté acompañada de un proceso de crecimiento económico como lo estamos logrando, los impactos inflacionarios se evitan”, sostuvo el ministro.
Ávila destacó que, pese a los incrementos salariales, la economía ha mantenido una tendencia favorable en los principales indicadores.
“Hemos logrado mantener tasas descendentes de inflación con crecimientos significativos e importantes del salario mínimo, con lo cual la sociedad y los trabajadores están obteniendo una mayor capacidad de compra”, señaló.
El ministro también subrayó los efectos positivos de esta política sobre la reducción de la pobreza. Según sus palabras, “se han venido corrigiendo de manera importante la, eh, situación de pobreza extrema y de pobreza general en el país”.
Con la proyección de un aumento de dos dígitos en el salario mínimo para 2026, el Gobierno reafirma su apuesta por fortalecer el poder adquisitivo y avanzar en la mejora de las condiciones sociales, en un entorno de crecimiento económico y descenso de la inflación.
La reforma tributaria de Petro elimina deducibilidad de regalías y mantiene alza de impuestos al sector financiero
El Gobierno de Gustavo Petro introdujo nuevas modificaciones a la reforma tributaria tras intensas presiones en el Congreso, retirando la propuesta de aumentar los impuestos a la cerveza y los licores.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció el 3 de diciembre que esta decisión responde a la necesidad de asegurar la aprobación de la iniciativa fiscal y superar objeciones legales, especialmente las derivadas de fallos de la Corte Constitucional.
El futuro de la reforma permanece incierto luego de que la sesión de las Comisiones Económicas Conjuntas fuera suspendida por falta de quórum y reprogramada para el 9 de diciembre.
La ausencia de una mayoría clara y el retiro de firmas de senadoras del Partido Liberal y del Centro Democrático a la ponencia de archivo reabrieron la posibilidad de que la propuesta siga su trámite, aunque persisten divisiones profundas entre los partidos.
Entre los cambios más relevantes, la nueva propuesta elimina la deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta para la industria extractiva, especialmente en la extracción de carbón, e incorpora una salvaguarda vinculada a la variación de los precios internacionales del petróleo. Según el Ministerio de Hacienda, este ajuste permitiría incrementar el recaudo fiscal en 3 billones de pesos anuales.
El Ejecutivo mantiene su intención de aumentar los impuestos al sistema financiero para que el sector bancario aporte más recursos a los programas sociales dirigidos a la población vulnerable. “Nos queda el incremento de la tributación para el sistema financiero”, afirmó Ávila ante los congresistas, subrayando el consenso sobre la capacidad del sector para contribuir a los planes sociales del Gobierno.
La estrategia del equipo económico busca equilibrar la obtención de nuevos ingresos fiscales con la respuesta a las demandas de distintos sectores productivos y sociales, mientras enfrenta desafíos legislativos y constitucionales. El desenlace de la reforma tributaria tendrá impacto directo en el sistema fiscal colombiano y en la agenda de la administración de Petro.