La indigencia trepó al 18,1% de la población del país en el primer semestre del año, informó este jueves el Indec. De esa forma, 8,5 millones de personas no consigueron tener cubierta con sus ingresos mensuales siquiera las necesidades alimentarias básicas.
Prácticamente una de cada cinco personas en la Argentina no llegó a poder alimentarse lo suficiente en el contexto de crisis económica, escalada de la inflación en los primeros meses del año y de pérdida de puestos de trabajo formales e informales. También implicaría una suba marcada respecto a los últimos índices: seis meses antes este número era de 12% y de 9,3% un año atrás. En el último año 4,2 millones nuevas personas fueron consideradas indigentes para el Indec.
La foto es incluso más crítica entre los más jóvenes. La indigencia alcanza al 27% de los chicos de hasta 14 años. Aunque los más afectados son los que están en el rango de entre 12 y 17 años, donde sube a 29,4 por ciento.
La tendencia de empeoramiento de las condiciones sociales, incluso las más básicas, en un contexto de ayuda estatal más amplia pero con una macroeconomía con inflación cada año más alta y salarios más bajos dio como resultado que desde fines de 2017 la indigencia escalara desde 4,8% hasta 18,1 por ciento. Puesto de otra forma: en seis años prácticamente se cuadruplicó la cantidad de indigentes que viven en la Argentina.
Analizado por regiones, el conglomerado urbano más afectado por la indigencia fue el Gran Resistencia, en el que el 38,6% de la población vive sin las necesidades básicas alimentarias cubiertas. Le siguen, en ese ránking, Concordia (26,4%), Santiago del Estero-La Banda (22,9%), el Conurbano bonaerense (22,7%) y Formosa (19,8 por ciento). Solo dos centros urbanos se mantienen con una indigencia de un dígitos son el Gran San Luis y la Ciudad de Buenos Aires.
La pérdida de poder de compra de los salarios informales (los más expuestos a la pobreza) son de difícil medición, aunque el Indec realiza un informe sobre salarios amplio que los contempla pero con un rezago en la información de unos cinco meses. El último dato muestra que los salarios informales están 57 puntos porcentuales por debajo del ritmo de inflación.
Y por otra parte, la información más reciente de Secretaría de Trabajo muestra que se perdieron 136.000 puestos de trabajo asalariados registrados del sector privado (los que tienen mejores condiciones de trabajo y mejores salarios). La estimación de la cantidad de empleos en negro perdidos es solo conjetural, pero habrían sido de unos 530 mil al primer trimestre del año.
El primer semestre del año fue atravesado por esa escalada inicial de la inflación de los primeros meses del año, hasta un ritmo de suba de precios que se asentó en el orden del 4% mensual desde mayo. Hubo, en paralelo, una caída marcada del poder de compra de los salarios, que también comenzó a recuperar terreno en la medida en que desaceleraba el índice de precios, aunque no llegó a compensar enteramente lo perdido en el último año.
El Gobierno aumentó el monto de las transferencias de AUH y de Tarjeta Alimentar por encima del ritmo de la inflación en lo que va del año, pero los números indican que fue insuficiente para evitar un empeoramiento en las condiciones de vida. Este jueves, antes de hacerse público el indicador crítico de condiciones sociales de vida, el Gobierno dejó trascender que anunciará la ampliación de la Tarjeta Alimentar y el refuerzo de las políticas de asistencia.