A pesar de los aumentos, qué servicios públicos todavía deben aumentar más para corregir los atrasos

El Gobierno avanzará a partir de la semana que viene en una nueva fase de corrección de precios relativos tras la pausa que dispuso en mayo para los ajustes de tarifas y también del precio de los combustibles a través de la no actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), el tributo específico que los grava.

Aunque en diferentes magnitudes, todavía existe un fuerte trecho a recomponer, no solo en tarifas energéticas sino también en el transporte, el servicio más atrasado de todos. La necesidad oficial de avanzar en la corrección tarifaria, lo mismo que en el impuesto a los combustibles, reside en el objetivo de sostener el “ancla fiscal”, es decir, el superávit financiero como antídoto contra la inflación. De ahí que, si bien se especuló con la posibilidad de que el freno a los aumentos se extendiera todo el verano, se confirmó en las últimas horas que eso no será así, aun cuando el ritmo sea tal vez algo más paulatino.

En cualquier caso, lo que se debe ajustar no es poco: un detallado análisis del economista Amílcar Collante, en línea con otros informes como el de EcoGo de Marina Dal Poggetto o el de Juan Martín Tellechea, calculó en qué medida todavía falta avanzar para que las tarifas servicios públicos y los precios de los combustibles recuperen el equilibrio.

Para establecer ese punto, Collante aplicó la misma medida que utiliza el consenso de economistas según la cual en abril de 2019 las tarifas habían alcanzado un valor suficiente para cubrir costos. A partir de ahí, sin embargo, regresó el atraso tarifario en el marco de nuevos congelamientos en virtud de las elecciones presidenciales de ese año. Esa política se profundizó durante los cuatro años siguientes derivando en el actual descalabro que implica ahora una profunda y dolorosa corrección.

De acuerdo al gráfico elaborado por el economista, en promedio, los precios regulados todavía deben acomodarse un 30% más. Esa categoría incluye además de luz, agua y gas, el transporte y también servicios como telefonía e internet, además de combustible. Se trata de dos casos que, técnicamente, ya pertenecen al conjunto de precios liberados pero lo cierto es que las subas aplicadas todavía no compensan el atraso acumulado durante el extenso período de regulación.

Así, los rubros con mayor atraso o que requieren aún de la mayor corrección para alcanzar los niveles de abril de 2019 sigue siendo la energía y el agua. Bajo la categoría “vivienda, agua, electricidad y otros” se advierte que el ajuste todavía necesario alcanza 60% respecto de los valores actuales para, eventualmente, poder eliminar masivamente los subsidios. Le sigue muy de cerca en segundo lugar, el transporte público. Trenes y colectivos todavía acumulan un retraso de 55,4% en el costo del boleto.

Los combustibles, en tanto, son la categoría que mayor margen de recomposición lograron ya que, sin tener en cuenta el impacto de la suba del impuesto específico, deberían aumentar 13,8% para alcanzar lo que se denomina “paridad de exportación”, es decir, el nivel del precio internacional.

En cuanto a los servicios de telefonía e internet, cuyos costos aumentan todos los meses, la recomposición alcanza el 74%. es decir que todavía deberían aplicar incrementos de 36% sobre las facturas mensuales para alcanzar el equilibrio de 2019.

El cuadro de Collante pone en contexto la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de avanzar a partir del mes próximo con la quita de subsidios a los segmentos medios y bajos, que representan 70% de los usuarios. Los aumentos también tendrán impacto sobre la población más vulnerable, que paga por ahora en promedio solo un 5% del costo real de la energía.

En ese sentido, en el Boletín Oficial de esta mañana se publicó un decreto que establece un período de transición de seis meses en los que se adecuarán los subsidios a un nuevo criterio que reemplazará la segmentación de los usuarios por ingresos.