La otra deuda: el país podría tener que pagar casi USD 3.000 millones de juicios de empresas en un tribunal externo

Una potencial deuda que podría afrontar el Estado argentino por demandas perdidas en el extranjero ya suma casi USD 3.000 millones. Se trata de nueve laudos de arbitraje ante el Ciadi, el tribunal de mediación entre gobiernos y empresas del sector privado por reclamos de incumplimientos de contratos y que depende del Banco Mundial, una institución hermana del Fondo Monetario.

El Ciadi suele informar de manera pública cuáles son los casos que quedan pendientes y en qué instancia se encuentran, pero evita precisar cuáles son los montos de los reclamos. Esa información apareció, por una pregunta puntual de una senadora, en el informe de Jefatura de Gabinete que Nicolás Posse anticipó al Congreso con 1.300 respuestas y que será presentado hoy miércoles.

Típicamente, los laudos son reclamados por las empresas por considerar que por alguna decisión el Estado nacional rompió contratos en el marco de convenios de inversión que la Argentina tiene firmado con distintos países desde la década del 90. Ese tipo de tratados les da derecho a las empresas a reclamar en tribunales del extranjero en caso de una disputa legal.

Es algo similar a lo que sucede con los bonos soberanos, cuyos contratos prevén de manera explícita -suele ser para la Argentina una constante- que los litigios se resuelvan en la justicia de Nueva York, de Londres, o de otra jurisdicción. Los conocedores del paño suelen mencionar que los reclamos ante el Ciadi, en la enorme mayoría de los casos, termina por darle la razón a la empresa demandante. El espacio que le queda al Estado, en todo caso, es la de disputar qué remedio queda establecido para esa ruptura de contratos. En uno de los casos vigentes, sin ir más lejos, la suma final terminaría siendo más leve que aquella a la que aspiraba la firma.

En el listado de causas abiertas en el Ciadi, hay demandas iniciadas por razones varias, como congelamientos tarifarios, ruptura de contratos, nacionalización del sistema de AFJP y hasta la revocación de una licencia de explotación de juegos de azar. La jefatura de Gabinete informó cuáles serían los casos abiertos que podrían implicar costos para el Estado nacional, por un total que roza los USD 3.000 millones.

Listado de juicios abiertos ante el Ciadi:

-BA Desarrollos LLC. Es una compañía constituida en Estados Unidos y su demanda está relacionada a la escrituración de los terrenos para el desarrollo del proyecto Catalinas Norte II. El monto reclamado es de USD 58.881.265, más intereses y costas. El 24 de junio continuará el proceso aunque es una demanda muy inicial, ya que el tribunal arbitral se constituyó el 27 de noviembre último.

-Abertis Infraestructuras. Es un reclamo de compañía española “en relación con la alegada destrucción a partir de 2019 del régimen tarifario establecido en los acuerdos integrales de renegociación de los contratos de concesión de Ausol y GCO”, mencionó Jefatura de Gabinete. El monto reclamado asciende a USD 299.549.633, más intereses y costas. La República Argentina deberá presentar su solicitud de bifurcación -separación del procedimiento en fases independientes- dentro de diez días.

-IJM Corporation Berhard. Es una compañía malaya que también reclama la “destrucción a partir de 2019 del régimen tarifario establecido en el acuerdo integral de renegociación del contrato de concesión de GCO”. El monto reclamado es indeterminado y el tribunal ni siquiera fue constituido.

-Webuild (anteriormente Salini Impregilo). “Reclamo en relación con la participación de la demandante en la concesionaria vial Puentes del Litoral S.A. respecto de las medidas de emergencia adoptadas por la República Argentina a raíz de la crisis que eclosionó a fines de 2001″, definió el Gobierno. El monto reclamado asciende a USD 114.800.000, más intereses y costas. Aún esttá pendiente la emisión del laudo por parte del tribunal arbitral.

-Nationale Nederlanden Holdinvest B.V., Nationale-Nederlanden Intertrust B.V., NN Insurance Internaciontal B.V. y Origenes AFJP. El reclamo versa sobre la eliminación del régimen de capitalización y su absorción por el régimen de reparto. El monto reclamado asciende a USD 157.000.000, más intereses y costas. “Se está a la espera de una decisión sobre responsabilidad o un laudo del tribunal arbitral”, mencionó Jefatura de Gabinete.

-MetlLife, Inc. y Metlife Servicios S.A. Persigue el mismo motivo que la demanda anterior. El monto reclamado ascendía a USD 504,9 millones, más intereses y costas. Este caso ya tuvo laudo el 5 de abril pasado y otorgó a los demandantes una indemnización de USD 6.837.580 más intereses anteriores al Laudo al 4 de agosto de 2023 de USD 1.493.639. “El plazo para presentación de recurso de anulación es de 120 días desde la emisión del laudo”, indicó Jefatura.

-AES Corporation. Es un reclamo en relación con las participaciones de la demandante en generadoras de energía eléctrica (Central Térmica San Nicolás, Hidroeléctrica Río Juramento, Hidrotérmica San Juan, Alicurá, AES Paraná, TermoAndes, Central Dique) y compañías de distribución eléctrica (Edes, Eden y Edelap). El monto reclamado asciende a USD 1.814.000.000, más intereses y costas. “Está pendiente una decisión sobre responsabilidad o un laudo del tribunal arbitral”, asegura el informe de Posse.

-Orazul International España Holdings. “Reclamo en relación con participación indirecta en Orazul Energy Cerros Colorados S.A., con capacidad instalada en Central Hidroeléctrica Planicie Banderita y Central Térmica Alto Valle”, resumió el documento presentado ante los senadores. El monto reclamado ascendía a USD 667.300.000 pero el fallo conocido el 14 de diciembre pasado “rechazó en su totalidad el reclamo de la demandantes y otorgó una parte proporcional de las costas incurridas por las demandantes a cargo de la República Argentina”.

-Casinos Austria GmbH y Casinos Austria Aktiengesellschaft. Se trata de un reclamo en relación con la participación de las demandantes en Enjasa, por la revocación de la licencia de explotación de juegos de azar en la Provincia de Salta de la que era titular Enjasa. El monto reclamado ascendía a USD 51.900.000, más intereses y costas. Un laudo emitido el 5 de noviembre de 2021 otorgó a las demandantes una indemnización de USD 21.660.000 más intereses. “Las partes han realizado todas sus presentaciones escritas y se celebró la audiencia en septiembre de 2023. Se está a la espera de la decisión de anulación”, concluyó Jefatura de Gabinete.