Jubilaciones: tras el ajuste de enero y el dispuesto para marzo, qué opciones tiene el Gobierno para el resto del año

El Gobierno dispuso un aumento jubilatorio para el mes próximo y un nuevo bono para complementar ese ingreso, principalmente para los haberes mínimos, en un contexto de marcada caída del poder de compra por la aceleración inflacionaria de los últimos meses y el rezago que tiene la fórmula de movilidad para actualizar los montos, sobre la base de la variación de los salarios registrados y los recursos de la Anses por beneficiario.

El Poder Ejecutivo se prepara para afrontar nuevamente la opción ante el Congreso, cuando comience el período de sesiones ordinarias en marzo, de enviar otro proyecto para intentar derogar el esquema actual y establecer uno superador.

Durante la discusión de la bautizada Ley Ómnibus que no properó, el oficialismo había llegado a negociar, con los bloques opositores “dialogistas” una fórmula que siga la evolución de la inflación, aunque fue materia de discusión entre economistas y dirigentes políticos si ese modelo no implicaba, en su implementación, “saltearse” un mes que sería de pérdida para los haberes.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había asegurado, pocas semanas atrás y luego de aquella instancia parlamentaria, que había un diálogo “avanzado” con otros bloques del Congreso para impulsar durante sesiones ordinarias un nuevo esquema en línea con lo que pretende el Poder Ejecutivo.

La cuestión de las jubilaciones tiene una arista política y social (la discusión sobre la pérdida de compra de los haberes de un sector vulnerable como los jubilados) pero también una fiscal, ya que la seguridad social (en el que también se incluyen otras erogaciones como la AUH) representa el 42% del presupuesto total.

El plan de ajuste de Caputo se inició ya en enero con un recorte pronunciado sobre el gasto en el pago de jubilaciones. La consultora 1816 estimó que la caída en términos reales fue del 30%, mientras que el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) calculó que un tercio del total de la poda presupuestaria del primer mes del año estuvo explicado en jubilaciones y pensiones. Y ya para febrero, el centro de estudios Idesa planteó que la jubilación mínima “seguramente se ubicará por debajo del valor real que tenían en 2002″.

“Lamentablemente (el Congreso) no pasó la Ley Ómnibus”, dijo Caputo, en referencia al cambio en la fórmula que pretendía esa iniciativa parlamentaria.

“(Los jubilados) sufrieron una corrección del 40% durante el gobierno anterior y si no corregíamos la fórmula rápido seguía pasando. Es perjudicial no sólo para los jubilados sino para todos los argentinos. No podemos darnos el lujo de que siga primando esa fórmula. Si la tomamos, este año el Tesoro se beneficia en 2% del PBI. Los jubilados cobrarían 2% del PBI menos”, apuntó Caputo días atrás.

La cuestión sobre el gasto relacionado a las jubilaciones y la hoja de ruta del ajuste fiscal para llegar este año al déficit cero es discutido desde hace semanas. El Gobierno había previsto, en el croquis inicial de corrección fiscal, que las jubilaciones aportarían un 0,4% del PBI de los 5 puntos que requiere el equipo económico para alcanzar el equilibrio financiero. Cálculos privados tienen otros números, que están explicados por ese efecto de licuación del inicio del año.

“En un primer momento el Ministerio de Economía dijo que buscaba una baja del gasto previsional de 0,4 puntos del PBI respecto a 2023. Según nuestras estimaciones, la licuación de haberes durante el primer trimestre y el ajuste mensual desde abril, resultará en una reducción de la partida de jubilaciones y pensiones cercana a 1,3 puntos del PBI”, estimó Analytica.

Iaraf calculó con mayor detalle cuál es la magnitud de esa licuación. “Dado el aumento nominal y la inflación prevista, los haberes de marzo, aún incrementados, tendrían una pérdida de poder adquisitivo del orden del 44,5% respecto a igual mes de 2023. Los haberes del primer trimestre, a su vez, tendrían una pérdida de poder adquisitivo del orden del 43,4%. Y los haberes conjuntos de los primeros 5 meses tendrían una pérdida de poder adquisitivo del 44,8%”, mencionó el centro de estudios con sede en Córdoba y que dirige Nadin Argañaraz.

El bono que pagará Anses para los haberes mínimos será de $70.000 por lo que el piso de ingresos para los jubilados será en marzo, abril y mayo de $205.000. La suma, para Iaraf, es muy insuficiente para evitar esa sangría en el poder de compra. “Un bono de $170.000 en cada uno de los tres meses, permitiría compensar la pérdida del mes de marzo, solamente. Y dejaría una pérdida de poder adquisitivo del primer trimestre del 17,7% y una pérdida para los primeros 5 meses del 12,7%, siempre respecto a igual periodo de 2023″, consideró.

Y en una mirada hacia adelante, estimó: “Siguiendo con la inflación base prevista en este análisis, resulta esencial calcular qué valor de bono permitiría que los jubilados con la mínima terminen los primeros 5 meses del año con igual poder adquisitivo que en igual período de 2023. La respuesta es $236.000 a otorgar en marzo, abril y mayo″.

La discusión de una nueva fórmula ya es materia de debate entre los hacedores de política económica y la oposición desde hace años: el gobierno de Mauricio Macri cambió por ley el esquema a fines de 2017 y el de Alberto Fernández hizo lo mismo en 2020, para aplicarla desde el año siguiente. El gobierno de La Libertad Avanza busca lo mismo. Y el contexto de inflación en aceleración en los últimos años desvirtuó cualquier fórmula al hacerla inútil para evitar la pérdida de poder de compra.

El Centro de Política Económica Argentina (CEPA) lo resumió: “Cualquier fórmula de actualización requiere nutrirse de indicadores pasados, es decir, siempre presenta un rezago. Si se analiza intuitivamente esta cuestión, se llega a la conclusión que el problema real ocurre en contextos de inflación creciente, justamente porque el atraso en la captación de los datos de actualización implica que se actualice con valores más bajos que los vigentes”, planteó.

“Ello ocurre tanto en actualizaciones que sigan al IPC, o a la recaudación, o a los salarios (que en buena medida se mueven influenciados por precios). Siempre que se actualiza con rezago estadístico, la demora produce este desfase frente a una inflación que crece”, aseguraron.

Una crítica a la fórmula que se llegó a discutir en el Congreso y que luego quedó enterrada fue explicitada por PxQ, la consultora que fundó el ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis, al estimar cuál sería en definitiva el impacto fiscal de la medida: el ahorro en gasto jubilatorio hubiese sido mucho mayor al estimado inicialmente (aquel 0,4% del PBI) por un tramo inflacionario no contemplado en el empalme entre la fórmula vieja y la propuesta.

“El cambio de fórmula sería en realidad un ajuste encubierto, que consiste en reconocer 11 de los 12 meses de inflación de 2024. Con este artilugio, el Gobierno se estaría ‘ahorrando’ la inflación de enero para la movilidad previsional”, mencionó Álverez Agis durante el debate parlamentario. Y si bien con esa indexación mensual el haber se podría sostener estable (con un 30% menos de poder de compra) “el gasto en jubilaciones de 2024 podría caer 0,9% del PBI con este mecanismo de actualización”, más del doble de lo que buscaba el Palacio de Hacienda, precisó.

La llegada de las sesiones ordinarias, el 1 de marzo, abrirá una nueva ventana de oportunidad para que el oficialismo presente otro proyecto para modificar el esquema trimestral actual. Para eso, tal como con el resto de las inicitivas que lleguen al Congreso, necesitará de las artes de la negociación con bloques opositores para asegurarse mayorías y evitar que los proyectos que empuja se queden en el camino.

La última opción, si las alternativas que el equipo económico no consiguieran el respaldo parlamentario, es que quede firme la fórmula de ajuste heredada. En ese escenario, si el sendero bajista del ritmo de la inflación se cumple, posibilitaría una gradual recuperación de los salarios y de los ingresos de la Anses respecto al trimestre previo. De esa forma, esa mejora se trasladaría a los haberes de los jubilados y pensionados, y de la AUH.

Así, con el aumento del 27,2% que arrojó la fórmula de movilidad para marzo los ingresos subirán en valores reales respecto de los percibidos en febrero, si se confirma una tasa de inflación menor a 15%, e incluso dejaría algo de margen para soportar la variación del Índice de Precios al Consumidor de marzo, y parte de la esperada para abril. De todas formas, con relación a un año antes, los números igual mostrarán un severo deterioro en valores reales.