El aumento de 250% en los boletos de colectivos previsto para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde el primero de febrero finalmente se retrasará, al menos, hasta mitad de mes. Es que primero la Justicia deberá resolver la apelación oficial al amparo presentado por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, en donde se cuestionó la no realización de una audiencia pública definida por el Gobierno. En tanto, llevar adelante la consulta y adecuar el sistema SUBE en las máquinas validadoras demorará la efectiva puesta en marcha de los incrementos unos 15 días.
Este proceso es clave para la paritaria del sector, ya que la negociación se encuentra atada al reconocimiento de la tarifa y de los subsidios que recibirán las empresas. Este miércoles a las 11 la Secretaría de Transporte recibió a las cámaras empresarias tras la instrucción del ministro de Economía, Luis Caputo, y a las 15.30 comenzó un encuentro en la Secretaría de Trabajo con la Unión Tranviaria Automotor (UTA), que amenaza con un paro nacional.
Según pudo saber Infobae, de fuentes oficiales, el Gobierno confía en que en las próximas horas la Justicia resolverá en su favor sobre la cautelar que cuestionaba el procedimiento de consulta en donde se abrió una casilla de mail para recibir las opiniones de la ciudadanía. Una vez resuelto ese escollo consideran que podrán avanzar con los incrementos de manera “inmediata”.
De todos modos, el proceso para aplicar los incrementos previstos no será inmediato. El vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, explicó a este medio que una vez que se levante la cautelar Transporte deberá llevar adelante el proceso de audiencia pública y que luego se actualice el sistema SUBE con los nuevos valores. “La primera quincena de enero está perdida”, afirmó en línea con lo que sucedió con los aumentos de enero.
“No tenemos claro si el Estado nacional se va a hacer cargo de los ingresos que perdemos las empresas por la tarifa que esperábamos aplicar y no vamos a tener”, apuntó Fusaro.
En ese sentido, el ministro de Transporte de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, afirmó este martes: “Suponiendo que mañana la Justicia autorice una nueva convocatoria, no hay forma de que los aumentos se apliquen antes del 15 de febrero”.
La puesta en marcha de los nuevos cuadros tarifarios está directamente vinculada con los subsidios y con la paritaria del sector. En detalle, la UTA realizó un pedido bimestral con un salario mínimo conformado de $777.700 para enero, $972.125 para febrero y una suma no remunerativa de $126.921 por la diferencia entre el acuerdo de diciembre pasado y el salto inflacionario posterior a la devaluación.
La principal diferencia con las cámaras es sobre esa última suma, ya que, tal como pudo reconstruir Infobae, el Gobierno no está dispuesto a reconocer ingresos retroactivos al último mes de 2023 en concepto de subsidios. Por tanto, las compañías no están dispuestas a aceptar el pedido de los trabajadores y el gremio advirtió que podría ir a una paralización del servicio que afectaría a millones de usuarios solo en el AMBA.
El titular de UTA, Roberto Fernández, envió este martes una carta a Caputo para solicitar una intervención urgente en el tema de subsidios, una cuenta de unos $90.000 millones al mes divididos en partes iguales entre Nación y la provincia de Buenos Aires. El ministro de Economía instruyó al secretario de Transporte, Franco Moguetta, a encontrarse con las cámaras y aclaró que la negociación paritaria debe darse libremente entre las partes.
El esquema de subas propuesto por el oficialismo implicará una mejora respecto a la situación en la que había finalizado el 2023: según datos publicados por Transporte, los usuarios pagaban sólo el 10% del costo total del pasaje. Sin embargo, para que no vuelva a darse un retraso en términos reales en los boletos debería existir una actualización en base a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. De la convocatoria a la audiencia pública surge que los ajustes podrían ser bimestrales o por un periodo mayor.
La intención del Palacio de Hacienda es reducir aproximadamente un 35% en términos reales las subvenciones al transporte durante 2024. La hoja de ruta arrojó un ajuste equivalente a 0,2 puntos del PBI, con un horizonte de eliminación en un plazo de tres años. Pero para eso los incrementos deberán ser mucho mayores al IPC, si es que se quiere recortar la asistencia, en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo de los ingresos.