A pesar de la reducción en el gasto en subsidios a los servicios públicos lograda este año a partir de la suba de las tarifas dispuesta desde hace un año, la reciente combinación del shock inflacionario post devaluación y el nuevo congelamiento dispuesto para la energía, transporte y salud revertirán gran parte de la corrección obtenida.
A tal punto que analistas privados que midieron la “brecha de inflación” entre los distintas divisiones que componen el índice del INDEC durante los últimos cuatro años llegaron a la conclusión de que las tarifas deberían aumentar, en promedio, al menos 60% para corregir el retraso respecto de los precios no regulados de la economía, técnicamente denominada inflación núcleo o core.
La última medición oficial volvió a dar cuenta de la creciente distorsión. Al tiempo que los precios regulados (esencialmente los servicios públicos) subieron el mes pasado 8,3% mientras que la inflación núcleo, es decir, la del resto de los precios de la economía sin contemplar los productos estacionales y, precisamente, los servicios, lo hizo al 13,8 por ciento. Es decir, una diferencia de 5,5 puntos porcentuales, lo que profundiza la dinámica que se mantuvo durante prácticamente toda la gestión económica del actual gobierno.
“Mientras que en los últimos 44 meses los precios regulados se encarecieron un 406%, el componente core subió 655%”, apuntó el último informe semanal de GMA Capital. En este sentido, el economista jefe de research de la firma aclaró que de acuerdo al trabajo de su equipo, “los precios regulados tendrían que subir 61% para emparejar la evolución de la inflación núcleo desde diciembre de 2019 hasta acá”.
En base a ese análisis de las estadísticas oficiales, el rubro prendas de vestir y calzado es el que más aumentó sus precios al subir 31,2% por encima de lo que escaló el índice general En el otro extremo, la variación de “vivienda, agua, electricidad y otros combustibles”, el segmento que captura el mayor porcentaje de los precios regulados, se incrementó 34,1% por debajo IPC.
Ese desajuste de precios relativos, que se acrecienta a partir del nuevo freno a las tarifas en plena campaña electoral, volverá a presionar sobre las cuentas públicas y tornará, además, mucho más compleja la tarea de recuperar un mínimo equilibrio.
Sin ir más lejos, desde el Observatorio de tarifas y subsidios IIEP de la UBA, el economista especializado en energía Julian Rojo calculó que la devaluación post PASO provocará un incremento de los subsidios de al menos $70.000 millones. Esa mayor asistencia repercutirá, además, en la cobertura del costo de los servicios por parte de los usuarios mediante el pago de las tarifas lo que, en definitiva, implicará un retroceso sobre uno de los grandes problemas estructurales de la economía argentina, al que el Fondo Monetario le asigna alta prioridad.
Hasta el mes pasado, antes del fuerte salto del dólar oficial, los subsidios acusaron una baja de 17,7% en términos reales, producto del proceso de ajuste de tarifas vía segmentación que puso en marcha el ministro de Economía, Sergio Massa hace un año y que ahora quedó en stand by.
Según el seguimiento del IIEP, hasta junio de este año se produjo una recomposición de las tarifas en el caso de los usuarios de altos ingresos mientras los niveles bajos y medios continuaron su caída real. “En este sentido, la factura promedio de energía eléctrica para los usuarios de bajos ingresos (nivel 2) y de ingresos medios, (nivel 3) cayeron en términos reales un 33% y 26% respecto de la factura pre-segmentación respectivamente mientras que en el caso de los usuarios de altos ingresos, la recomposición desde la pre-segmentación fue del 152 por ciento”.
Con esas cifras, por ejemplo, los usuarios de electricidad de los segmentos bajos y medios cubren a partir de ahora menos del 15% del costo mientras que los segmentos de ingresos altos, que en principio ya pagaban la tarifa “plena”, ahora sólo cubrirían 85% de los costos.