La decisión del Banco Central de obligar a las provincias a refinanciar parcialmente los vencimientos de deuda planteó una situación inédita. Ni Cristina Kirchner en las épocas del primer cepo cambiario se había animado a tanto. Se trata de una medida que refleja la preocupación del Gobierno por la continua pérdida de reservas, que ni siquiera se revirtió con los USD 5.000 millones que entraron por el dólar soja 3.
“Cuando viajamos con las provincias al exterior, cada tanto los inversores nos planteaban sus temores sobre la posibilidad de que los gobiernos provinciales no pudieran acceder al mercado cambiario oficial. Pero nosotros decíamos que esto nunca había sucedido y que era un riesgo menor”, se sinceró con Infobae el ejecutivo de una firma local que colocó varios bonos de deuda internacionales.
Las provincias quedaron así equiparadas con las empresas, que ya desde la pandemia están obligadas a refinanciar el 60% de los vencimientos de capital y solo pueden acceder al mercado cambiario oficial por el 40% restante.
Se trata de una situación delicada, ya que el elevado riesgo país complica la posibilidad de una refinanciación a tasas razonables. Esto llevaría a la necesidad de pagar con dólares propios o quedar a merced de un nuevo default. Casi todas las deudas provinciales ya fueron reestructuradas entre 2020 y 2021, luego de la renegociación que el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, realizó justamente en el año de la pandemia.
Ésta es una medida que endurece más el cepo cambiario y se suma a otras que ya fueron en la misma dirección. La consecuencia es una brecha cambiaria que no afloja y la necesidad de intervenciones crecientes en el mercado cambiario.
Hace pocos días, el Gobierno también negoció con automotrices y petroleras para que paguen importaciones con sus propios dólares, difiriendo la entrega de divisas en el mercado oficial. La “deuda flotante” que acumula el Central con los importadores ya se acercaría a los USD 14.000 millones.
El inicio de junio presenta un contexto muy complejo para la administración del mercado cambiario. Por un lado terminó la liquidación de divisas relacionada con la tercera versión del dólar soja. Eso significa que en las próximas semanas la liquidación de dólares de los exportadores sufriría una baja sensible, lo que podría impactaría negativamente en las reservas.
La sequía por supuesto empeora el escenario y la proyección de ingreso de dólares por exportaciones ex extremadamente bajo para los meses que vienen.
Ante semejante escenario, la negociación con el FMI se vuelve clave para pasar los próximos meses sin sobresaltos cambiarios. Especialmente a medida que se acercan las PASO y luego las elecciones presidenciales. Se trata de meses turbulentos desde el punto de vista cambiario, en los que generalmente aumenta de manera significativa la presión hacia la dolarización de portafolios.
Sergio Massa, tras su paso por China, tiene previsto un viaje a Washington para la semana del 11 de junio y allí espera abrochar el nuevo compromiso con el FMI. Incluirá metas mucho más flexibles tanto en materia fiscal como de acumulación de reservas, que tendrán en cuenta los efectos producidos por la sequía en ambas variables.
Pero la clave pasa por conseguir el desembolso adelantado de lo que el FMI tiene previsto prestar en lo que resta de 2023. Se trata de unos USD 10.800 millones extra que, según la expectativa del ministro, llegarían antes de fin de junio. Con ese dinero no solo se podrán repagar los USD 4.200 millones que vencen con el Fondo entre fines de junio y principios de julio. También están los USD 1.000 millones de bonos que vencen el 9 de julio.
Al mismo tiempo, Massa le está pidiendo al FMI un mayor margen de maniobra para intervenir en el mercado cambiario, algo que el staff del organismo no ve con buenos ojos.
Seguir leyendo: