
La realidad financiera de la Argentina consolidó la última semana una marcada disociación. Mientras en la plaza internacional todo parecen ser buenas noticias, con un recupero histórico de valor de las acciones -caso YPF, que remontó 235% desde su mínimo en julio 2022- y también de los bonos en dólares con un nivel de riesgo país que cayó 1.000 puntos básicos desde el peor momento de la crisis en julio, en el mercado doméstico resurgen las presiones. Se disparan las cotizaciones libres del dólar y la tensión por la renovación de deuda en pesos en manos de los privados, que puede echar más combustible a la suba del dólar y a la inflación, no logra despejarse.
Paradójicamente, detrás de ambos movimientos se encuentra un mismo fenómeno: la expectativa electoral.
El ministro de Economía, Sergio Massa, prepara una nueva licitación para esta semana para despejar los vencimientos del próximo viernes. Son unos $190.000 millones en poder prácticamente en su totalidad de inversores privados, a quienes no se logró tentar con el canje de bonos realizado en los primeros días de enero.
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Massa tiene un colchón de financiamiento acumulado en las sucesivas operaciones de diciembre, sin embargo, cancelar, aunque sea parte de esos compromisos implicaría una inyección de pesos que, otra vez, el Banco Central estaría obligado a esterilizar para neutralizar mayores presiones sobre el tipo de cambio.
Ya durante la semana fue intensa la actividad de los organismos oficiales, a tal punto que el director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses, Santiago Fraschina, se sintió forzado a relativizar públicamente esa intervención.
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“Obviamente, Anses interviene en el mercado de títulos, pero esto demuestra que compramos muchos más bonos argentinos en dólares de los que vendemos. Es una intervención contraria a la que se está tratando de instalar”, dijo el secretario general del organismo, al destacar que en los últimos tres años quintuplicó la tenencia de bonos bajo ley extranjera, con una cartera actual de USD 2.000 millones.

Lo concreto es que, aunque el monto del próximo viernes está lejos de los picos de vencimientos a partir de marzo, en el mercado se percibe la inquietud. En sus habituales contactos con los bancos y fondos comunes, el equipo de la Secretaría de Finanzas sondeó las características de algún nuevo bono atractivo para esos inversores y, según supo Infobae, está bajo estudio la posibilidad de emitir títulos vinculados a la recaudación o que sirvan para cancelar impuestos.
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Antecedente del bono fiscal
La idea de aplicar los bonos como “crédito fiscal” fue implementada a mediados de 2001 por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien por esa época también apelaba a toda su creatividad para obtener financiamiento.
El contexto actual, con inflación récord y amplia brecha cambiaria, aporta dificultades adicionales. “El dólar se está escapando y no es solo un tema estacional y del turismo. Está reflejando que en un año electoral, la gente se refugia en el dólar”, afirmó a Infobae el economista Miguel Kiguel, quien supo colaborar en su momento con el ex ministro.
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Esa anticipación del mercado, que en el plano local provoca renovadas presiones, en el plano internacional complementa el buen clima entre los inversores para con los activos de países emergentes, del que la Argentina está resultando clara beneficiaria.
Los bonos hard-dollar, tal como se distingue a los títulos emitidos en el canje de deuda de 2020 bajo legislación New York, sostuvieron su tendencia alcista cuyo comienzo se remonta a octubre de 2022, y ya acumulan retornos que van desde el 35% hasta el 55% en dólares (medido al tipo de cambio CCL) desde entonces. Esta suba deja como saldo una nueva realidad, en vistas a una renegociación de estos títulos que los inversores dan por descontada tras el cambio de gobierno.
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Las nuevas cotizaciones asumen, ahora, una reestructuración mucho menos agresiva. Un ejercicio de la consultora Delphos Investment arrojó que los precios actuales tienen incorporado una quita o recorte de capital mucho menor a la de hace seis meses.

“Si bien las paridades mejoraron sustancialmente durante los últimos tres meses y medio, los bonos siguen manteniendo precios de default, aunque descuentan reestructuraciones menos severas”, anticipó es informe privado sobre el resultado. En ese sentido, los inversores asumían a mitad de 2022 quitas de capital de entre 30% y 50 por ciento.
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“Tales números bajaron para ubicarse entre 30% y 45% bajo el supuesto de una exit yield del 12%, entre 20% y 35% asumiendo una exit yield del 14% y entre 10% y 25% si la exit yield fuera del 16%”, explicó Delphos Investment. Siempre, claro, bajo el supuesto de una reestructuración encarada por una nueva administración que extendiera plazos por al menos 5 años, sin modificar la estructura de los bonos emitidos en su momento por el ex ministro, Martín Guzmán.
“La gente está empezando a mirar hacia adelante y a pensar de que las cosas pueden salir un poco mejor o no tan mal como se estaba pensando”, destacó a este medio Miguel Kiguel.
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