El Gobierno decidió extender la moratoria previsional para mujeres que está vigente desde 2014 y que iba a finalizar el próximo 23 de julio. La decisión se refleja a través de la resolución 174/2022 publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Además. el presidente Alberto Fernández había anunciado su prórroga, hasta que el Congreso sancione una nueva ley.
Tal como establece el documento en su artículo 1°, se prolonga hasta el 31 de diciembre de 2022 el plazo de adhesión al régimen especial de regularización de deudas previsionales establecido por la Ley N° 26.970 y prorrogado por la Resolución N° RESOL-2019-158-ANSES-ANSES de fecha 26 de junio de 2019.
Esta moratoria continúa vigente para las mujeres que cumplan la edad jubilatoria (60 años y menores de 65 años). Los períodos a incluir deben estar comprendidos entre el 1° de enero de 1955 al 31 de diciembre de 2003 y desde los 18 años de edad.
La deuda puede cancelarse de contado o en un plan de hasta 60 cuotas, cuyos importes se adecuarán trimestralmente mediante la aplicación del índice de movilidad
La deuda puede cancelarse de contado o en un plan de hasta 60 cuotas, cuyos importes se adecuarán trimestralmente mediante la aplicación del índice de movilidad, según la información de Anses. Los turnos puede solicitarse de manera online a través de la página web del organismo (www.anses.gob.ar/informacion/moratorias-previsionales)
“Tomamos la decisión de extender el plazo de la moratoria previsional que fuera sancionada en 2014, política indispensable para garantizar que millones de mujeres puedan acceder a una jubilación, hasta que el Congreso sancione una nueva Ley. En nuestro gobierno tenemos el compromiso de garantizar que todas las personas mayores sean incluidas en el sistema previsional después de toda una vida de trabajo”, dijo Fernández.
A través de esta medida, el Gobierno nacional extendió el plazo de adhesión al Régimen Especial de Regularización de Deudas Previsionales establecido por la Ley N° 26.970 y prorrogado por Anses en 2019. La decisión se tomó para evitar que la interrupción del régimen durante el trámite parlamentario ponga en riesgo la prestación alimentaria que se deriva de los beneficios previsionales.
Aunque, como se expresa en el artículo 2° de la resolución, la extensión del plazo establecido en la presente quedará sin efecto, de pleno derecho, si durante su transcurso entrara en vigencia un nuevo régimen para el acceso a las prestaciones previsionales, a través de un plan de regularización de deuda previsional, destaca el documento que lleva la firma de María Fernanda Raverta, Directora Ejecutiva de Anses.
- Según datos actuales, más de 1,5 millones de personas en edad jubilatoria no cuentan con los 30 años de aportes que exige la Ley. De ese número, 906.876 tiene aportes, pero no los suficientes, y 680.724 directamente no cuenta con aporte alguno, de acuerdo a un informe del Centro de Economía Política (CEPA)·
- Solo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones en edad jubilatoria están actualmente en condiciones de hacerlo, por lo que el resto requerirá de una moratoria que les permita comprar aportes para acceder a este derecho.
- Solo el 6,6% de las mujeres de entre 55 a 59 años tiene entre 25 a 27 años de aportes, mientras que el 46,1% no cuenta con ningún aporte al sistema jubilatorio. En el caso de los hombres de entre 60 a 64 años, sólo 16% tiene entre 25 a 27 años de aportes, mientras que un 17,6%, no tiene ningún aporte.
- Desde 1990 en adelante se observa un nivel promedio elevado de desocupación (10,3%) y empleo no registrado (34,7%) y picos sensibles (21,5% en desocupación en mayo 2002 y 50% de trabajo no registrado en el tercer trimestre de 2003). La desocupación e informalidad laboral persistente implica fundamentalmente que buena porción de trabajadores y trabajadoras no logran cumplir con el extremo legal de años de aportes cuando llegan a la edad jubilatoria.
- En este escenario, las más afectadas son las mujeres, que históricamente presentan mayores tasas de desocupación e informalidad que los varones, lo que se vincula a las desigualdades estructurales existentes en el mercado laboral que repercuten directamente en el acceso a derechos de las mujeres (trabajan menos horas fuera de sus hogares y tienen menos aportes registrados en su recorrido laboral, en buena medida porque suelen estar sujetas a trabajos de mayor precarización e informales, y porque ocupan gran parte de su tiempo en el desarrollo de tareas domésticas y de cuidados no remuneradas).
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