Afirman que el FMI mantendrá su apoyo al Gobierno aunque haya demoras para cumplir con las metas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dejó en claro esta semana que no será el responsable de acelerar una crisis económica en la Argentina.

Frente al pesimismo del mercado internacional en torno de los activos argentinos, que ni tomaron nota de la aprobación de las metas del primer trimestre por parte del organismo internacional, en Washington afirmaron que el Fondo, como ocurrió en otras ocasiones, “será el último en irse”.

“El FMI ya aceptó el acuerdo light, espera negociar con el próximo Gobierno y no va querer que lo vean como el actor que detonó la crisis”, indicó a Infobae una fuente al tanto de la relación bilateral desde la capital norteamericana.

“Claro que en algún momento esta premisa política va a entrar en colisión con las cuestiones técnicas”, admitió la fuente.

La historia de las últimas crisis en la Argentina avala esta hipótesis: en 2001 el staff del Fondo trató de mantener su apoyo hasta último momento al agonizante gobierno de Fernando De la Rúa, aunque el atentado a las Torres Gemelas en septiembre y la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas terminaron de sellar la suerte de la convertibilidad, en un país que no crecía desde fines de 1998.

En 2019 el FMI apoyó al Gobierno también hasta después de las elecciones primarias y luego mantuvo un soporte formal, mientras discutía con la oposición a Macri, y demoraba sin fecha el nuevo desembolso, lo que obligó a medidas de control de capitales más restrictivas al equipo económico que lideraba Hernán Lacunza.

Ahora, el factor político vuelve a tomar importancia, según la fuente consultada en EEUU: “En algún momento el staff va a querer saber qué piensa la oposición sobre las medidas del Gobierno, o lo propios equipos de la oposición se lo harán saber, porque la mayoría de los vencimientos le caen al próximo presidente”.

En este sentido, el ex representante argentino ante el FMI, Héctor Torres, dijo a Infobae: “Para creer que se pueden prolongar las metas trimestrales manteniendo las anuales, hay que también creer que hacia fines del año el Gobierno estará en condiciones de acelerar el ajuste fiscal”.

“Hubiera preferido algo más sincero. Es mejor aceptar las dificultades y solicitar un estiramiento de los plazos de cumplimiento, que poner en tela de juicio la credibilidad del programa”, señaló.

Otro colega que optó por hablar en forma anónima opinó que “el FMI no tiene opción: no quiere mandar a Argentina al default, que solo traerá más problemas y el Gobierno explota bien la situación, con consecuencias negativas obviamente porque cada día se deteriora más todo”.

Hasta ahora, el staff mantiene habitualmente conversaciones con economistas privados que incluyen a algunos miembros de Juntos, pero en forma individual para no despertar suspicacias en su relación con el Gobierno.

En este contexto se entiende la declaración del staff de esta semana, al aprobar la primera revisión del acuerdo firmado con la Argentina a fines de marzo, en la que se destacó que las metas anuales no se cambiarán, pero sí habrá flexibilidad para que, si las pautas de un trimestre no se aprueban, el Gobierno tenga margen para sobrecumplirlas en el siguiente período del 2022 sin necesidad de acudir a un waiver. De hecho, la mayoría de los analistas destaca que las metas del segundo trimestre difícilmente se cumplan, sobre todo la referida a la acumulación de reservas por parte del Banco Central, ya que, pese a la liquidación récord de divisas por parte del agro, apenas pudo comprar 27 millones de dólares desde principios de este mes y USD 978 millones desde enero.

Este jueves, el vocero del FMI, Gerry Rice, destacó que “se cumplieron todos los objetivos cuantitativos del programa en el primer trimestre de 2022. También se están logrando los primeros avances en la agenda estructural en línea con los compromisos del programa”.

“El personal del FMI y las autoridades argentinas han acordado que los objetivos anuales establecidos en el momento de la aprobación del acuerdo se mantendrán sin cambios. Esto es fundamental para mejorar la estabilidad y apoyar la recuperación económica en curso”, indicó Rice, en sintonía con el comunicado del staff que conducen Julie Kozack y Luis Cubeddu.

Medidas adicionales

“El cumplimiento de estos objetivos anuales requerirá la aplicación de algunas medidas políticas adicionales al respecto. Las autoridades se han comprometido a volver a dar prioridad a parte del gasto público y a seguir aplicando el marco de política monetaria reforzado para poder cumplir los objetivos fiscales y de acumulación de reservas de final de año”. La mención se entiende por el alto crecimiento del gasto por encima de la inflación en el primer cuatrimestre del año.

Rice también aclaró que la pauta del 48% de inflación fijado en la firma del acuerdo a fines de marzo se revisará por la guerra en Ucrania; en forma reservada, el Gobierno maneja una pauta del 60% implícita en las paritarias que se van cerrando, aunque los analistas prevén que la suba de los precios ronde entre el 70 y el 80 por ciento.

El temor en Washington reside en qué pasará en el segundo semestre del año, cuando disminuye la liquidación de los agrodólares y el BCRA se vea obligado a tomar o el camino de un mayor cepo o de una devaluación del tipo de cambio oficial. El primero llevará a un menor nivel de actividad –en un año en el que se prevé un crecimiento bajo- y el segundo acelerará más la inflación, que ya corre a más del 90% en términos anualizados.

“Devaluar con este nivel de inflación es muy complicado y resbaladizo”, admitió un alto ejecutivo del sistema financiero local, que ya no tiene demasiadas esperanzas en el ingreso de inversores hasta que no cambie el gobierno a fines de 2023 y que, además, el próximo presidente brinde señales claras de tener poder y decisión para enfrentar los desafíos pendientes.

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