Sistema previsional en riesgo: hay más jubilados y pensionados ingresados a través de moratorias que con aportes completos

El 53% de los beneficiarios registrados el año pasado accedieron al sistema mediante moratorias, lo que arroja dudas sobre la sostenibilidad de su funcionamiento, según un informe privado. La diferencia entre ingresos y egresos en 2021 alcanzó a $ 1,4 billones, un 3% del PBI

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En 2021 se registró un total de 6,8 millones de beneficiarios, pero más de la mitad eran jubilados y pensionados que se incorporaron al sistema mediante moratorias (Adrián Escandar)
En 2021 se registró un total de 6,8 millones de beneficiarios, pero más de la mitad eran jubilados y pensionados que se incorporaron al sistema mediante moratorias (Adrián Escandar)

La sostenibilidad del sistema previsional argentino generó un desequilibrio en los últimos años que no solo pone en riesgo la correcta evolución de las jubilaciones sino que impacta de lleno en las cuentas fiscales: las jubilaciones y pensiones representan un 7,2% del PBI. Un factor esencial para generar la brecha entre aportantes y beneficiarios es la cantidad de jubilados y pensionados ingresados al sistema a través de moratorias. De un total de 6.819.512 haberes jubilatorios pagados en octubre pasado, 3.603.299 corresponden a beneficiarios que ingresaron con planes especiales y 3.216.213 a jubilados y pensionados con aportes completos.

“La primera moratoria fue en 2007 e incluyó 1,4 millones de personas. Hasta ese momento, el sistema pagaba jubilaciones y pensiones a 3,5 millones de personas. Entre 2007 y 2015 el sistema duplicó la cantidad de beneficiarios. En 2021 se registró un total de 6,8 millones de beneficiarios, pero el 53% eran jubilados y pensionados que se incorporaron al sistema mediante moratorias, incrementando el problema de su financiamiento”, señaló un informe de la consultora Quantum, que dirige el economista Daniel Marx.

“El desequilibrio es importante”, señaló el reporte, a la hora de comparar egresos e ingresos del sistema previsional: “En 2021 los ingresos por aportes y contribuciones de los trabajadores activos ascendieron a $1,96 billones, mientras que los beneficios pagados por la seguridad social superaron los $3,3 billones, un déficit de $1,4 billones, el equivalente a 3% del PBI”.

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En suma, el informe de Quantum dice que en los últimos 15 años el sistema previsional duplicó la cantidad de beneficiarios, al mismo tiempo que bajaron los ingresos de la seguridad social con relación a los beneficios afrontados.

¿Qué hace el Estado para cubrir ese déficit de casi 3% del PBI? Según el informe, la consecuencia directa de esta situación es que “el sistema depende crecientemente de rentas generales del Tesoro para el cumplimiento del pago de los beneficios. La rentabilidad nominal que puede generar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) se utiliza para financiar el déficit consolidado del Tesoro. Desde una perspectiva actuarial, con el correr del tiempo el FGS se va descapitalizando, mientras que los beneficios tienen alguna forma de indexación”.

El FGS es la herramienta que se incorporó en 2008, cuando se reestatizó el sistema y desaparecieron las administradoras privadas (AFJP). Mientras ese Fondo se descapitaliza, las jubilaciones se fueron ajustando con un ritmo similar (aunque inferior) a la inflación a través de distintos mecanismos. “Este desequilibrio torna al sistema insostenible”, afirmó Quantum.

“Encontrar una solución al desequilibrio del sistema involucrará una cantidad no menor de recursos, implicará costos altos, llevará tiempo y requerirá consensos políticos y sociales para realinear incentivos que permitan aumentar la cantidad de aportes y reducir la informalidad laboral”, concluyó el estudio de Quantum.

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Con la fuerte incidencia que tiene el gasto en jubilaciones en las cuentas públicas, el sistema previsional es seguido de cerca por aquellos analistas que siguen el cumplimiento de las metas que asumió la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en particular el compromiso de reducir el déficit fiscal.

Dado que las jubilaciones y pensiones se indexan con la inflación pasada y que se aceleró la inflación de este año, se esperaba que el gasto previsional se “licúe” en términos de porcentaje del PBI. Pero eso no sucedió.

“Con el pago de un bono extraordinario de $ 6.000 a 4,6 millones de jubilados y pensionados en abril, con un costo fiscal de $ 25.000 millones, las prestaciones sociales aumentaron 66% interanual en el primer cuatrimestre del año. Considerando además que para mayo y junio se anunció el pago de un paquete de ayuda económica y la ampliación de la Tarjeta Alimentar por un total de casi $ 230.000 millones (0,3% del PBI), no esperamos recortes en este ítem para lo que resta del año”, aportó un informe de la consultora Equilibra.

La estimación confirma otro dato preocupante: los gastos fiscales que debieran moderarse para cumplir con la meta están creciendo por encima del nivel de la inflación. Y las jubilaciones son el más relevante de ellos.

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Un estudio de Ieral-Fundación Mediterránea, ofrece una comparación con los países de la región acerca de cómo impacta el gasto previsional en el gasto público total. La investigación identificó para el caso de 11 países latinoamericanos que sólo 2 tienen un régimen de reparto público: Argentina y Ecuador; otros 2 tienen sistema único, pero es de carácter opcional entre público y privado en Bolivia; y de capitalización privado en Chile; 4 casos en los que es excluyente, uno u otro, son los casos de Colombia, México, Paraguay y Perú; y 3 en los que es complementario: Brasil, Panamá y Uruguay.

Los datos consolidados a 2017 de 8 países de la región sobre cuál la proporción del gasto público antes del pago de intereses de la deuda que se destina al pago de pensiones, muestra que en los sistemas mixtos, reparto y capitalización se registran las menores incidencias, entre 6,3% en Perú y 26,1% en Uruguay; en tanto en la Argentina, con régimen de reparto estatal supera el 45%, y por tanto se ha convertido entre los menos sustentables.

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