El proyecto de ley presentado este lunes por senadores del oficialismo ya provocó críticas de la oposición y un pedido de colaboración de la vicepresidenta Cristina Kirchner a la Embajada de los Estados Unidos. Además, el Gobierno se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a no llevar adelante este tipo de iniciativas en el flamante acuerdo que convalidó el viernes el directorio del organismo en Washington.
Además, los tributaristas consultados por Infobae creen que la iniciativa es “inoportuna, generará una caza de brujas, inseguridad jurídica y poca recaudación”. En términos prácticos, varios recordaron que la AFIP todavía no ha podido avanzar demasiado en las determinaciones de oficio respecto de otra polémica iniciativa, el nuevo impuesto a la riqueza o aporte solidario, porque no resulta sencillo el cruce de información, pese a los mecanismos de “intercambio automático” con otros países (no con EEUU).
Por esta razón, el pedido de colaboración de la vicepresidente Cristina Kirchner a Estados Unidos suena voluntarista ya que el Internal Revenue Service (IRS) se ha negado a firmar un acuerdo de cooperación automática que involucre a inversores en ese país, aún en la etapa de buena relación política entre los gobiernos de Donald Trump y Mauricio Macri.
La iniciativa, de alguna forma, actúa como un blanqueo, aunque con más palos que zanahorias, al exigir la declaración de esos activos a cambio del pago de una multa. Esa vía elegida responde a las dificultades que tendría el Gobierno para formalizar esos fondos.
El proyecto prevé que se puedan liberar de otros impuestos en determinadas condiciones como una suerte de blanqueo, algo que el propio Gobierno indicó que no iba a hacer en el acuerdo con el FMI (Domínguez)
“En lugar de aprovechar el acuerdo con el FMI y generar políticas que atraigan inversiones y generen empleo, se lanza este proyecto que generará justamente lo contrario: menos inversiones y menos generación de empleo. El proyecto prevé que se puedan liberar de otros impuestos en determinadas condiciones como una suerte de blanqueo, algo que el propio Gobierno indicó que no iba a hacer en el acuerdo con el FMI”, señaló el tributarista Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios.
“Apenas firmado el acuerdo, el Gobierno apoya un proyecto que si se convirtiera en Ley, estaría incumpliendo el mismo. Además, dado las dificultades que tiene el gobierno para conseguir los votos en la Cámara de Diputados, iniciaría el proyecto por la Cámara de Senadores. Esto sería inconsitucional porque este aporte es un impuesto y debería tener origen en la Cámara de Diputados”, advirtió el especialista.
“Si alguien evadió, ya existen mecanismos para determinar las obligaciones tributarias y exigirlas como así también el Gobierno cuenta con información proveniente del intercambio multilateral automático de información sobre cuentas financieras”, explicó Domínguez.
El bloque de senadores del Frente de Todos presentó un proyecto para crear un “Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda con el FMI”, que será financiado con un nuevo “aporte especial de emergencia” a pagar por quienes tengan bienes en el exterior no declarados ante el fisco. Los alcanzados por este aporte deberán abonar, en dólares, un 20% de esos activos si lo hacen durante los primeros 6 meses de vigencia de la ley propuesta y un 35% en caso de hacerlo con posterioridad.
El proyecto incluso pedirá la colaboración del propio organismo multilateral para conseguir información sobre activos argentinos en el exterior u operaciones sospechosas de lavado de dinero. En ese sentido, el texto insta a solicitar al FMI “asistir a la República Argentina en las políticas nacionales e internacionales contra la evasión fiscal, el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, narcotráfico, corrupción y otros delitos”.
El propio FMI, en sus documentos sobre la economía argentina, desalienta este tipo de medidas que implican “amnistías” fiscales. De acuerdo a estimaciones citadas en el Staff Report, habría unos USD 370.000 millones en activos de ciudadanos argentinos en el extranjero
“Es un blanqueo, no encubierto. Es a todas luces un blanqueo porque permite declarar bienes no exteriorizados y pagar un impuesto del 20% al 35%. A mi entender, es algo inoportuno. Y además ya existe un intercambio de información con 110 países donde están Uruguay, Panamá, Suiza y las Islas Vírgenes, por ejemplo, que son países donde puede haber activos de argentinos. Excepto de los Estados Unidos”, indicó el tributarista César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados.
“Para lograr este blanqueo aparece una figura muy polémica que es la del colaborador o delator. Esto puede generar situaciones de desconfianza, de extorsiones, que luego tienen un premio. Cuando la AFIP tiene una base de datos donde todos los años recibe información financiera de más de 100 países”, agregó Litvin.
Proyecto desafortunado
Cecilia Goldemberg, socia de impuesto de Andersen Argentina, sentenció: “El proyecto es desafortunado, por inoportuno y por falencias estructurales. Es un blanqueo porque permite exponer activos sin pagar las obligaciones tributarias omitidas oportunamente con una tasa de 20% o del 35% según la oportunidad en la que se efectúe la exteriorización”.
El proyecto es desafortunado, por inoportuno y por falencias estructurales; lo llamativo y reprobable es que este blanqueo en lugar de instar a la exteriorización voluntaria, recurre a la figura del colaborador incentivando la caza de brujas (Cecilia Goldemberg)
“Lo llamativo y reprobable es que este blanqueo en lugar de instar a la exteriorización voluntaria, recurre a la figura del colaborador incentivando la caza de brujas, es decir que quienes tengan información de personas presuntamente titulares de los patrimonios evadidos en el exterior la denuncien para recibir un premio equivalente al 30% de lo recaudado. Digamos que es el cómo y no el qué, lo que más molesta. Es el aspecto que incorpora una cultura de persecución. Que tenga fines nobles como identificar a quienes incurrieron en delitos no justifica el incentivo a las peores prácticas sociales. Ocurre que no están dadas las posibilidades para un blanqueo voluntario, mucho menos después de haber incrementado exageradamente la alícuota del impuesto a los bienes personales”, precisó.
Por otra parte el fisco ya tiene las herramientas para saber acerca de las operaciones económicas en el exterior a través de los convenios internacionales bilaterales y multilaterales suscriptos para el intercambio de información automática en caso de operaciones financieras, a cuyo efecto no rige el secreto financiero, o solicitudes de información a pedido para el resto de situaciones.
Para el tributarista Iván Sasovsky, fundador y CEO de Expansión, el miedo es el principal motor del proyecto. “Los blanqueos del kirchnerismo nunca tuvieron la recaudación esperada, por eso el proyecto se basa en instalar el miedo. La redacción promueve premiar a quienes colaboren con hasta un 30% de la recaudado y el intercambio de información internacional. Si Estados Unidos no colabora, el proyecto nace muerto. Pero los intereses de cobrarle a la Argentina la deuda por parte de FMI pueden ser una llave sustancial para que este proyecto tenga algún efecto. Biden recurre a mecanismos similares, y está creando impuestos nunca antes vistos”, señaló.
El miedo es el principal motor del proyecto. Los blanqueos del kirchnerismo nunca tuvieron la recaudación esperada, por eso el proyecto se basa en instalar el miedo (Iván Sasovsky)
En tanto, el abogado experto en impuestos Diego Fraga consideró que la iniciativa “le da al Gobierno un peligroso poder de fuego sobre ‘presuntos evasores’ que avasalla derechos y va por encima de los demás poderes, muy propio de regímenes autoritarios, aunque con la finalidad noble de combatir la evasión”.
Fraga opinó que no hay un un contexto propicio para un nuevo blanqueo. “Antes de aprobarse una nueva amnistía fiscal debería consolidarse (este gobierno o el próximo) en lo económico y lo político. Dar seguridad jurídica y, particularmente, seguridad jurídica tributaria. Por otro lado, el acuerdo con el FMI establece que no deben aprobarse amnistías fiscales en el país mientras se realicen los pagos de la refinanciación de la deuda”, expresó..
El proyecto contempla el pago del impuesto es en dólares, algo sin precedentes, y se faculta a la AFIP a que designe vía embargo a realizar los pagos directamente por parte de los Agentes de recaudación a los Bancos Extranjeros.
No se diferencia el dinero proveniente del lavado de activos, ya sea por delitos de narcotráfico y o terrorismo, de aquellos patrimonios que se han obtenido de manera lícita y que pueden hasta haber tributado impuestos en su origen.
Al respecto, Horacio Cardozo dijo que “el camino es otro, cumplir las obligaciones sabiendo que no hay perdones periódicos que benefician a los evasores; el blanqueo tiene una condición fundamental, que es la confianza del que blanquea en el país, algo que no esta ocurriendo, pues los empresarios y los jóvenes se van a probar suerte a otros países. Y lo hacen por falta de confianza en el futuro”.
“Los únicos que van a blanquear son los que están por ser descubiertos, algo que si a la fecha AFIP no los ha encontrado, es poco probable que lo haga en el futuro; creo que es muy poco probable que pase el test de razonabilidad en el Congreso y en caso que lo haga, la recaudación será mínima. Mientras tanto se entorpece la tarea de AFIP, pues los evasores siempre tienen posibilidad de blanquear, a un costo muy conveniente, sin intereses ni sanciones”, explicó.
La letra chica con el FMI
La letra chica del acuerdo con el FMI incluye una serie de cuestiones que atraviesan al sistema impositivo. Según habían asegurado fuentes oficiales tras conocerse el primer entendimiento, a fines de enero, no formó parte de la discusión con el staff del Fondo el esquema tributario propiamente dicho, sino distintas iniciativas para mejorar la “administración tributaria”.
“En la medida en que las condiciones lo permitan, proseguiremos con nuestros esfuerzos para mejorar la eficiencia del sistema tributario, por ejemplo, reduciendo aún más los impuestos sobre ciertas exportaciones de valor agregado, y evitando aplicar nuevos impuestos a las transacciones financieras que afecten los ahorros domésticos o las inversiones productivas. Seguirán siendo necesarios los planes de pago de impuestos, pero se evitarán amnistías fiscales que puedan deteriorar el cumplimiento tributario”, menciona el memorando de políticas económicas.
De acuerdo a estimaciones citadas en el Staff Report dado a conocer por el equipo del FMI el viernes pasado tras la aprobación del acuerdo en el directorio del organismo, habría unos USD 370.000 millones en activos de ciudadanos argentinos en el extranjero. Además, en ese informe dedicó algunos párrafos a la cuestión tributaria, que dejan saber qué piensa el Fondo al respecto.
En ese sentido, el FMI consideró que las tasas del sistema tributario ya son altas. “Dadas las tasas impositivas legales ya altas, los esfuerzos de movilización de ingresos se centrarán en mejorar la progresividad, la eficiencia y el cumplimiento del sistema tributario”, mencionó el organismo. “Será necesario evitar las amnistías fiscales y la intensificación de formas distorsionantes de tributación, como el impuesto a las transacciones financieras, ya que socavan el cumplimiento y la eficiencia general del sistema”, explicó el staff técnico.
Más allá de eso, en otro tramo del reporte, el equipo técnico asegura que necesitará “una mayor previsibilidad de las políticas, y por ende un consenso sobre el modelo de desarrollo del país” como condición para “promover la inversión y atraer la gran riqueza de los argentinos en el exterior”, mencionó el FMI. En ese sentido, también nombró como un factor relevante el diseño de las medidas macroprudenciales que deberían reemplazar al cepo cambiario.
En ese aspecto, el Fondo consideró que “la carga fiscal de Argentina se encuentra entre las más altas en relación con sus pares regionales y de mercados emergentes, con una gran dependencia de los impuestos indirectos”. El Fondo Monetario además dijo que el sistema tributario argentino sufre distintas “debilidades estructurales”. “El sistema cuenta con más de 165 impuestos diferentes, muchos de los cuales se caracterizan por una gran dispersión de tasas y por regímenes especiales de asignación. Los cambios en la política fiscal son frecuentes, lo que aumenta los costos de cumplimiento”, cuestionó.
“La carga fiscal de Argentina se encuentra entre las más altas en relación con sus pares regionales y de mercados emergentes, con una gran dependencia de los impuestos indirectos”, cuestionó el FMI
“Los ingresos por impuestos sobre la renta del trabajo, bienes inmuebles son bajos en comparación con sus pares. La recaudación de Ganancias tiene un rendimiento inferior, lo que refleja un umbral de ingreso mínimo alto (solo el 12 por ciento superior de los trabajadores formales paga Ganancias) y una alta informalidad. Los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria son más bajos que los promedios regionales y de la OCDE, lo que refleja en parte valoraciones obsoletas”, continuó.
También criticó la dependencia de impuestos considerados “menos eficientes”, entre los que nombró el impuesto al cheque, el impuesto provincial sobre los ingresos brutos y los aranceles a la exportación ya que, afirmó el FMI, “afectan la competitividad”. De todas formas, entre sus conclusiones, el FMI no descarta que como medida el Gobierno pueda expandir la base tributaria para los impuestos a los ingresos y al patrimonio.
“Las reformas deben buscar mejorar la eficiencia y progresividad del sistema. Las prioridades incluyen la simplificación del código tributario, la mejora de la coordinación de la política tributaria con los gobiernos subnacionales, la expansión de la base imponible (incluso para la renta personal y la propiedad), la relajación de ciertos impuestos distorsionadores según lo permitan las consideraciones de espacio fiscal. Estos deben ir acompañados de medidas para fortalecer el cumplimiento tributario”, fue la conclusión del FMI.
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