Sería extraño en cualquier ámbito de la vida, hacer las cosas mal y que los resultados se destaquen como positivos. También es poco habitual ganar una carrera caminando hacia atrás o jugar a la ruleta rusa sin que finalmente termine en un desenlace mortal. La Argentina hoy está jugando un juego peligroso, compulsivo y de futuro dantesco.
Esta vez logramos dar un paso más en este lento pero firme camino hacia el propio precipicio social, económico y cultural: Argentina modificó nuevamente el impuesto a las ganancias para empresas, la cuarta reforma en apenas una década, a razón de una pincelada legislativa por mandato presidencial, toda una clara muestra de la triste falta de respeto que arengamos permanentemente a las reglas del juego que intentan imperar en la Argentina.
Esta semana damos paso a una nueva modificación impositiva que implicará que las empresas pagarán una alícuota progresiva de acuerdo a las ganancias que obtengan a partir de este 2021. A modo de simple resumen: por ganancias hasta 5 millones anuales pagarán un 25% en concepto de Impuesto a las Ganancias, por las ganancias entre 5 y 50 millones un 30% y por lo que supera esos 50 millones, un 35 por ciento. Independientemente del detalle de la modificación, lo realmente destacable es el significativo avance hacia la destrucción del sector privado.
vDicen por los oscuros pasillos del Instituto Patria y repetido por algún despistado funcionario público que esta modificación beneficiará al 90% de las pymes y que apenas el 1% pagará la escala más alta del impuesto. De aquí surgen en automático algunas reflexiones que merecen su mención.
La recaudación se incrementará (según la propia Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional) en 133.164 millones de pesos, lo que a priori implica que el sector privado nuevamente sacrificará algunas decenas de miles de millones de pesos adicionales para “ayudar al prójimo”, un nuevo acto de compulsiva solidaridad.
Por su parte, las mencionadas escalas se actualizarán recién a partir del año próximo, por lo que los legisladores obviaron contemplar la inflación de aquí a fin de año (¿se materializará un acumulado de 25% entre junio y diciembre?), lo que no es un detalle menor: muchas más empresas de las que hoy se contemplan pagarán las escalas más altas del impuesto introducidas en la flamante ley.
Otro dato interesante es la algarabía desbordante que reinaba entre históricos personajes (y algunos de no tanta trayectoria) del oficialismo festejando la supuesta baja de la presión impositiva para las pequeñas empresas (si, esas que ganan hasta 5 millones de pesos anuales, unos 416.667 pesos mensuales, algo así como 2.700 dólares por mes, el equivalente a lo que gana una persona que hace delivery en algún local de comidas en Alemania). Olvidaron comentar que ese 25% de tasa impositiva que pagarán a partir de este año es la misma que hubiesen pagado todas las empresas (sin importar su tamaño) si no se hubiese vuelto a modificar lo que se había aprobado en el año 2017: en este 2021 la tasa sería para todos de un 25%, lo mismo que hoy solo podrán aprovechar los pequeños comerciantes.
El proceso para atraer inversiones requiere de la existencia de al menos tres elementos básicos: el respeto por la propiedad privada (basada en tener la suficientes garantías que aseguren poder disponer libremente de sus inversiones y eventuales ganancias), instituciones sólidas (que básicamente entiende del respeto por las leyes y una justicia que haga respetar la ley) y por supuesto, la posibilidad de obtener utilidades (para lo que principalmente y previo a la decisión de invertir, se estudian los proyectos, se hacen estimaciones y se decide su viabilidad, todo bajo el supuesto de que se cumplirán las reglas de juego imperantes en ese momento). De esto último se desprende (siendo la búsqueda de utilidad el fin mismo de las inversiones) que no pueden existir proyectos de inversión y como consecuencia de generación de empleo, en un contexto de constante cambio en las reglas de juego.
La única forma de eliminar la pobreza (las muestras están a la vista fuera de las fronteras de nuestra patria) es creando empleo. El empleo se crea con inversiones y acompañando esto siempre con un nivel educativo acorde a las necesidades del siglo en que vivimos. Si nos dedicamos sistemáticamente a destruir la educación (como lo venimos haciendo desde hace años) y a intentar cada vez que se nos ocurra, destruir al sector privado, la pobreza avanzará hasta que la Argentina se transforme en un verdadero sinsentido. Aumentar la presión impositiva siempre es un acto criminal, ya que aniquila nuestro crecimiento, nuestro desarrollo y por sobre todo, nuestro futuro.
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