Cambios en Ganancias: las empresas advierten que la nueva ley aumenta la presión tributaria y desalienta las inversiones

Ayer el Senado convirtió en ley el proyecto que modifica el Impuesto a las Ganancias para las sociedades, que tanto rechazo generó en el arco empresario desde su presentación en Diputados. Si bien la cámara baja le imprimió algunos cambios, el texto definitivo afectará a la mayoría de las empresas, incluso a muchas pequeñas y medianas, a pesar de que desde el Gobierno se había planteado lo contrario.

De acuerdo con la norma aprobada, pagarán 25% las firmas con ganancias netas acumuladas de hasta $5 millones; 30% sobre el excedente para ganancias de entre $ 5 millones y $50 millones; y 35% sobre el excedente a partir de $ 50 millones de utilidades. A su vez, los dividendos distribuidos pagarán en todos los casos la alícuota de 7%, a través del impuesto cedular vigente. Según la visión empresarial, ninguna empresa, ni siquiera la micropyme, pagará menos impuesto a las Ganancias que lo que estaría pagando hoy, si rigiera la Reforma Tributaria sancionada en 2017 por el gobierno de Mauricio Macri, que establecía un cronograma de reducción de rebaja gradual de la alícuota del tributo.

El proyecto de ley fue enviado al Congreso a principios de abril. En esa oportunidad, el Ministerio de Economía anunció que se habían realizado “enmiendas para robustecer el carácter progresivo” del impuesto y que la iniciativa implicaba una una reducción de la carga tributaria para el 90% de las empresas, en su mayoría mipymes, al mismo tiempo que fortalecía la sostenibilidad fiscal. “A partir del nuevo esquema propuesto, solamente el 10% de las empresas pagará una alícuota del Impuesto a las Ganancias más elevada que la actual”, dijo el Gobierno en ese momento. Pero la realidad es que ninguna empresa pagará menos Ganancias; las que tienen ganancias de hasta $5 millones pagarán, en todo caso, lo mismo que estaba previsto (25%).

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA), el elegido nuevo presidente, Daniel Funes de Rioja -asumirá formalmente el 8 de junio- repasó, en diálogo con Infobae, los conceptos que había planteado la institución cuando el proyecto se estaba discutiendo en Diputados. “Es la cuarta modificación de este impuesto en los últimos 10 años y va a implicar un incremento de la alícuota de 10 puntos porcentuales (del 25% al 35%). Ambos factores hacen imposible la planificación para toda empresa y la previsibilidad de la economía”, enfatizó el dirigente.

Según la UIA, la nueva ley genera una presión tributaria adicional de $320.821 millones, de los cuales $96.246 millones provienen de la industria. Las empresas del sector industrial que verán incrementada la alícuota al 35% representan unas 7.000 (son las que emplean a más de 75 personas) y representan el 76% del empleo formal y 80% de la recaudación del impuesto.

Otro de los puntos que resaltaba la central fabril en el informe presentado oportunamente a diputados y senadores es que la Argentina tiene una presión tributaria elevada, que supera el 40% sobre el sector formal, y una alícuota a la reinversión de utilidades alta, de 30% versus 25% de Latinoamérica y 23% de los países miembros de la OCDE. Además, “el financiamiento al sector privado es el más bajo de la región (10,8% sobre el PIB vs 55,7% de promedio en América latina), por lo que las ganancias no distribuidas son una de las fuentes principales de inversión empresarial en Argentina. Por lo tanto, volver a incrementar la alícuota de ganancias es un obstáculo para el desarrollo de la inversión, de la actividad y del empleo formal”, remarcó la UIA.

“Como lo venimos sosteniendo hace tiempo, la falta de reglas claras, previsibles y sostenibles en el tiempo conspira contra el proceso de inversión privada y la generación de empleo. La sanción de esta ley es una nueva marcha atrás de una reducción de impuestos que se había consensuado en el Congreso hace muy pocos años atrás con prácticamente los mismos legisladores”, cuestionó el coordinador del Foro de Convergencia, Miguel Blanco. Además, agregó que ello “se suma a la marcha atrás del Consenso Fiscal de 2017, que les vuelve a permitir a las provincias aumentar Ingresos Brutos, reinstalar el Impuesto a los Sellos, gravar las exportaciones y otros impuestos altamente distorsivos”, por lo que “se hace muy difícil invertir, crecer y reducir la pobreza”, sostuvo el directivo.

Consultado al respecto, el titular de la Comisión de Asuntos Tributarios de la Cámara de la Mediana Empresa (CAME), Salvador Femenía, aseguró que la norma “implica un aumento de impuestos, en los términos que sean”, por lo que “en ningún caso es positiva”. Respecto de cómo puede impactar en las empresas más chicas, el especialista dijo que el tope de $5 millones de ganancias para pagar 25% es un monto nominal muy bajo y que este año se puede alcanzar con la inflación. “Quedan 7 meses en los cuales ese importa ya se va a devaluar porque queda mucha inflación por delante. No tenemos ajuste por inflación, que es el que morigera el impacto de los activos, por lo que las empresas estarán pagando lo que se denomina impuesto inflacionario”, aseguró Femenía.

El directivo de CAME añadió que la nueva ley afecta a todas las empresas y desalienta la inversión. “Ya costaba mucho invertir con la rebaja propuesta porque te bajaban por un lado, pero te subían Ingresos Brutos o las tasas municipales por otro”, dijo.

Por su parte, desde la Cámara Argentina de Comercio (CAC) también vienen haciendo gestiones con diputados y senadores para lograr atenuar los impactos de la reforma. “Consideramos imprescindible atacar las causas profundas de la caída de la recaudación y la informalidad, mediante una política que permita ampliar la base imponible con una presión fiscal que se reduzca y permitir el mantenimiento de los ingresos fiscales totales y mejorando el nivel de empleo formal, aspectos que, por su magnitud, no admiten demora”, dice el final de una de las cartas que la entidad envió a varios legisladores.

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