
El proyecto de ley que modifica el Impuesto a las Ganancias que pagan las sociedades obtuvo dictamen por parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, por lo que la iniciativa está lista para ser debatida en sesión desde la semana próxima en el recinto de la cámara alta. La Cámara de Diputados ya le dio media sanción, por lo que la aprobación de los senadores la convertirá en ley, ya que no se le introducirán cambios en su revisión.
El proyecto, según el oficialismo, busca aliviar la carga fiscal para las pequeñas y medianas empresas, al proponer una estructura de alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada de cada sociedad. El dictamen fue acompañado por los senadores del bloque del Frente de Todos, en tanto que la bancada de Juntos por el Cambio anunció que se opondrá en el recinto de sesiones.
Según explicaron los impulsores del proyecto, establece un primer escalón impositivo del 25% para ganancias netas acumuladas de hasta $5 millones, una alícuota que no sólo abarcará a las pymes sino también a la mayoría de las medianas empresas. El segundo escalón -de 30%- es para ganancias netas acumuladas de más de $5 millones y hasta $50 millones, y un último segmento de 35% para ganancias netas acumuladas superiores a $50 millones. Los dividendos distribuidos pagarán en todos los casos la alícuota especial de 7%, a través del impuesto vigente.
Durante la sesión de la comisión, los senadores escucharon la exposición del secretario de Políticas Tributarias, Roberto Arias. Con respecto a las escalas, el funcionario aclaró que los valores mencionados corren para 2021, pero “a partir del año que viene van a tener la actualización correspondiente por el Índice de Precios al Consumidor”. Además, señaló que “es un impuesto justo y está bien que tenga alícuotas progresivas porque si durante la pandemia una empresa logró mantener o aumentar el nivel de ganancias, parece justo que pague una alícuota mayor, mientras que las empresas que tuvieron caída en el nivel de actividad no tengan el mismo impacto”.
Arias consideró que “este sistema diferenciado es una novedad en nuestro sistema tributario” y recordó que “desde 1999 hasta 2017 la alícuota fue del 35%, igual para todas las empresas, independientemente de su nivel de ganancias”. En esta línea, manifestó que “no estamos de acuerdo con que una reducción de estas alícuotas implique un aumento de la inversión, ya que en los años en los que estuvo vigente el 35%, en general tuvimos tasas de inversión más altas que desde que se aprobó la reducción de alícuotas. La inversión está vinculada a otros factores de la macroeconomía como la estabilidad, el crecimiento económico y no con la tasa de ganancias puntualmente”, agregó.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, el peronista cordobés Carlos Caserio, defendió la iniciativa argumentando que “el 90% de las empresas argentinas pagarán menos o el mismo impuesto en 2022”.
”Las únicas empresas que pagarán más que antes serán las que tengan más de $50 millones de utilidades. Es un sector minoritario. No es real que acá haya un ajuste atroz para las empresas”, sentenció.
Desde la oposición, el radical porteño Martín Lousteau declaró que “está claro que esto es un aumento de la presión tributaria y que ese aumento, para poder pasar el filtro político, se ha recargado sobre dos tercios de los generadores de trabajo de la Argentina”.
”Eso va a tener impacto en la tasa de inversión -si todo el resto de los factores se mantienen constantes- tanto como en el nivel de precios y en el de generación de empleo”, vaticinó.
Con información de Telam
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