Argentina, el FMI y la deuda: qué dicen los documentos de la CIA sobre los 80s y cuáles son las semejanzas y diferencias con la situación actual

Dos documentos de la Agencia Central de Inteligencia de EEUU (CIA, por sus siglas en inglés) muestran cuáles eran a mediados de los ’80 las principales preocupaciones del gobierno norteamericano respecto de la recuperada democracia argentina y los pasos a seguir por el gobierno de Raúl Alfonsín, cuyo primer año de gestión estuvo marcado por los intentos de su primer ministro de Economía, Bernardo Grinspun, de reactivar la economía con una mezcla de control de precios y salarios, desorden fiscal y monetario y gestos de confrontación con los bancos privados y el Fondo Monetario Internacional.

El primer documento data de septiembre de 1984, cuando ya estaba claro el fracaso de la gestión de Grinspun, evidenciado en un fuerte aumento de la inflación, y el segundo de octubre de 1985, cuando Alfonsín disfrutaba del éxito inicial del Plan Austral, que había logrado reducir fuertemente la tasa de inflación, pero tenía por delante una compleja renegociación de la deuda y un difícil panorama interno, desafiado por la oposición, la CGT, alineada con el peronismo, y las Fuerzas Armadas, cuyos ex comandantes (todos entonces menores de 60) habían sido condenados a principios de ese año pero retenían influencia sobre los oficiales en actividad.

El primer documento, titulado Argentina: the impact of Radical debt actions (Argentina; impacto de acciones radicales sobre la deuda) trasuntaba mucha inquietud porque a medida que se acercaba una fecha límite en las negociaciones con los acreedores y el FMI crecían las chances de una potencial moratoria unilateral (término utilizado entonces, hasta que se impuso la palabra “default”) y señalaba la posibilidad de que ante eventuales sanciones comerciales y bancarias la Argentina estrechara sus relaciones comerciales con la entonces Unión Soviética, cuyas compras a la Argentina en 1983, último año de vigencia de la dictadura militar, habían más que duplicado las exportaciones argentinas a EEUU, como precisaba una tabla del informe: 21,8% vs 9 por ciento.

Otra cuestión era el efecto que tendría una medida “radical” argentina sobre la deuda en el “Grupo de Cartagena” que reunía a 11 países de la región y donde se discutía la creación de un eventual “Club de Deudores” latinoamericanos.

Una primera cifra permite comparar los diferentes momentos: la deuda externa total de la Argentina era de USD 44.000 millones, casi la misma cifra que el país le debe ahora al FMI, pero el PBI argentino -precisaba la CIA- era de USD 71.000 millones, había una gran “brecha de percepciones” entre Grinspun y los acreedores sobre la necesidad de medidas de austeridad e incluso si la Argentina lograba un acuerdo con el FMI “la crisis financiera estaría lejos de ser resuelta”.

El documento incluía proyecciones de un “modelo econométrico” del banco Chase y se planteaba y respondía varias preguntas en torno de posibles medidas del país y de los acreedores. Según la CIA, en caso de moratoria unilateral, la economía argentina podría sobrellevar bastante bien las sanciones comerciales y financieras externas. Por caso, consideraba poco probable que los bancos europeos se plegaran a eventuales sanciones de los bancos de EEUU y recordaba que los mismos, tras la revolución islámica y la “crisis de los rehenes” norteamericanos en Irán, si bien habían congelado los activos de Irán en sus respectivos países, seguían tramitando operaciones iraníes.

Además, precisaba que 80% de las exportaciones argentinas eran agrícolas (muy difíciles de obstruir, pues la mayoría se transportaba en barcos extranjeros) y si bien las industriales habían crecido, la mitad era a países en desarrollo y “mayormente invulnerables a boicot”. También consideraba probable que el puerto de Rotterdam, principal entrada a los mercados europeos, siguiera manejando cartas de crédito y transferencias de fondos a la Argentina y que la URSS aprovechara la oportunidad para aumentar sus compras de grano argentino y pagarlas al contado, con descuento, e incluso reflotara una propuesta para hacer inversiones en el Puerto de Bahía Blanca.

En cambio, asignaba “menos certeza” a que Alfonsín superara los avatares internos, pues las presiones disolverían rápidamente el apoyo a su gesto “nacionalista”.

A la vez, consideraba “poco probable” que una moratoria o repudio de deuda causara una “reacción en cadena” de otros deudores (al respecto, citaba que México, Brasil y Venezuela estaban haciendo “progresos considerables” en sus negociaciones y no los arriesgarían siguiendo a la Argentina) y puntualizaba que según la información de que disponía, el presidente Alfonsín aspiraba a una solución acordada con el FMI y los acreedores pues quería restablecer la “reputación internacional” de la Argentina, muy dañada por la dictadura y la entonces fresca Guerra de Malvinas.

No obstante, y típico de un informe de inteligencia, el informe punteaba cuestiones a seguir para anticipar si, acuciado internamente, Alfonsín radicalizaba su política en materia de deuda: la influencia en su gobierno de figuras como el economista Aldo Ferrer, la actividad diplomática en el Grupo de Cartagena, los stocks de componentes industriales importados, los discursos de Alfonsín, la relación con el FMI, el manejo de las reservas del BCRA depositadas en EEUU, la planificación de vuelos de Aerolíneas Argentinas y la programación de los puertos de destino de las exportaciones.

Además, aunque la CIA aclaraba que si bien la Argentina podía sobrellevar un recorte y encarecimiento de sus compras externas porque importaba por apenas 9% del PBI y era autosuficiente en petróleo y alimentos, en un anexo listaba los bienes en los que el país más dependía de importar: alúmina, químicos, cobre, plásticos, motores, ciertos tipos de goma (87% de la goma natural, precisaba, provenía de Singapur), acero y equipos de telecomunicaciones.

El segundo documento, Argentina, prospects for Economic Stabilization, de octubre de 1985, es posterior al lanzamiento del Plan Austral con el que Raúl Alfonsín había logrado bajar abruptamente la inflación mensual de tasas del 25-30% mensual a cerca del 1%, y anterior a las elecciones legislativas, que tuvieron lugar en noviembre.

El presidente, señalaba el documento, parecía haber dejado atrás la tentación populista reemplazando a Grinspun por Juan Sourrouille, un técnico respetado que en junio le quitó 3 ceros al “peso argentino” y lanzó la nueva moneda, el Austral, que durante un tiempo valió más que el dólar. Tras el fracaso del acuerdo de 1984 de Grinspun con el FMI, Sourrouille había acordado en 1985 un nuevo programa y aspiraba a levantar los controles de precios que -según la Embajada de EEUU informaba a la CIA- abarcaban a 5.900 productos.

Aquí, el estilo de la CIA se refleja en el cálculo de probabilidad de resultados del Plan Austral. La agencia asignaba dos tercios (esto es, un 67%) a que ya en 1986 la Argentina volvería al ciclo de recaídas y falsos arranques que “históricamente le ha impedido realizar todo su potencial”. Apremiado internamente, preveía la CIA, Alfonsín impulsaría obras públicas “al costo de incumplir con el FMI”.

El “peor escenario”, al que asignaba una probabilidad del 10%, era que Alfonsín revertiría por completo el Plan Austral mediante estímulo al consumo y la emisión monetaria, que llevarían a un envión económico de corto plazo y, luego, a otra crisis que le haría perder credibilidad y generaría un desorden político en el que “los militares estarían tentados de intervenir”. En tal caso, tanto si Alfonsín retenía o perdía el poder, el país entraría en un tironeo con acreedores e inversores, cerraría su economía, adoptaría políticas nacionalistas, perdería acceso al crédito, declararía una moratoria y buscaría el apoyo del Grupo de Cartagena y expandir las relaciones económicas con la Unión Soviética.

El mejor escenario, al que la CIA asignaba un 20% de probabilidad, era que Alfonsín caminara “la fina línea entre las medidas de estabilización y el mantenimiento de expectativas en un crecimiento futuro” en cuyo caso la Argentina podría “romper con 50 años de estancamiento”.

“Con una política económica sostenida y reformas exhaustivas, -explicaba el documento-, Alfonsín podría relanzar a la Argentina a completar todo su potencial”. Pero no se hacía muchas ilusiones al respecto. El escenario más probable, insistía, era el de falsos arranques y cíclicos retrocesos, en el que Alfonsín respondería defensivamente a las presiones externe e interna y en el que los bancos verían desacelerar el ritmo de cobro de sus créditos al país y se esfumaría la posibilidad de un aumento de las inversiones norteamericanas y un mayor intercambio comercial con EEUU.

En cambio, si Alfonsín lograba mantener la estabilidad y su programa de reformas y relanzaba el crecimiento argentino, decía la CIA; podría contrabalancear las influencias negativas en América Latina de la Cuba de Fidel Castro y el Perú de Alan García y reforzar la democracia en el Hemisferio. En tal caso, explicaba, la producción agropecuaria argentina sería una “dura competidora” de los EEUU en los mercados internacionales, pero a la vez proveería un mercado en expansión para la tecnología y las industrias norteamericanas, atrayendo inversiones de EEUU y cumpliendo con el flujo de pagos a los bancos norteamericanos.

La CIA fundaba su escepticismo tanto en razones económicas (el déficit de las empresas públicas y la dureza del ajuste a efectuar; según el programa acordado con el FMI, el déficit fiscal debía reducirse de 13,1% en el segundo trimestre de 1985 a 3% en el cuarto), políticas (dudas sobre la fortaleza y convicción del gobierno, peso de la oposición peronista y de la CGT, oportunismo empresario y acecho militar), como culturales, al punto que -en vena sociológica- señalaba que “los argentinos no soportan mucho ajustarse los cinturones”.

Al respecto, el informe citaba que “varios especialistas latinoamericanos ven en la Argentina la más clara manifestación hemisférica del fenómeno sociológico español conocido como el complejo Viva Yo” y sentenciaba que “en un país donde los recursos naturales y una tierra fértil han producido una prosperidad fácil, es difícil sostener el compromiso popular con políticas de austeridad que no prometen una recompensa a corto plazo”.

Guerra Fría

Aquellos análisis deben entenderse en el contexto de la etapa final de la Guerra Fría. Faltaba aún un lustro para la caída del Muro de Berlín y un par de años más para la implosión de la Unión Soviética. Estaban en su apogeo los gobiernos conservadores de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en EEUU, en Europa continental ascendía la socialdemocracia (Francois Mitterrand en Francia, Felipe Gonzáles en España, Bettino Craxi en Italia) y había renacimiento democrático pero crisis de deuda en América Latina, que atravesaba la llamada “década perdida”.

Para EEUU, el cuco de la región era Alan García, quien tras asumir en julio de 1985 había fijado un tope (10% del valor de las exportaciones) a los pagos de deuda. En una visita que el mandatario peruano hizo a la Argentina, el peronismo y la CGT lo recibieron con carteles que decían “Patria mía, dame un presidente como Alan García”. Venezuela, hasta 1986 gobernada por Belisario Betancur, era vista como un estabilizador regional. México (que había gatillado la crisis de deuda en agosto de 1982) y Brasil (donde había asumido José Sarney) renegociaban sin ánimo de romper. En Uruguay acababa de asumir Julio María Sanguinetti y en Chile todavía mandaba Pinochet.

La situación es bien distinta ahora. El financiamiento a los países de América Latina no proviene de préstamos de los bancos privados (entonces agrupados en un Steering Commitee), sino de tenedores de bonos, Venezuela pasó de estabilizador a desestabilizador regional y los bonistas cotizan el “riesgo-argentino” entre 6 y 8 veces más alto que el de sus principales vecinos, entre ellos Perú, la “bestia negra” de entonces.

A nivel global, en los ‘80 China no aparecía en los cálculos geopolíticos de EEUU, al menos no en América Latina, y ahora es un factor de peso, al punto de explicar más de la mitad de las reservas brutas del BCRA. La Unión Soviética ya no existe, pero Rusia, la nación más grande que la integraba, sí desafía abiertamente a Washington en varios frentes. Esto remite a la vez, a las falencias de la CIA, que “no vio” la caída del Muro de Berlín ni la implosión de la Unión Soviética, aun cuando la tuvo delante de sus narices, como machacaba el fallecido senador demócrata Daniel Patrick Moynihan, quien propuso durante años disolver la agencia y combatió sistemáticamente la política del “secreto”.

De vuelta al presente

En el nuevo contexto, el ministro Martín Guzmán, uno de cuyos asesores ad-honorem es Daniel Heymann, autor intelectual del “desagio” que permitió al Plan Austral una rápida reducción de la tasa de inflación al cortar la “inercia” del proceso inflacionario, pero no atacó sus causas últimas, emprendió un camino inverso al que hace casi 40 años recorrió el gobierno de Raúl Alfonsín.

El actual ministro arregló primero con los acreedores privados y busca ahora un acuerdo con el FMI. Pero nadie teme que un eventual default argentino con el Fondo o el Club de París “contagie” a otros países o desestabilice las finanzas del organismo financiero, cuya planeada emisión de “Derechos Especiales de Giro” (DEG, su moneda de cuenta) hará que la deuda Argentina caiga por debajo del 3% de la capacidad prestable total del FMI. Más que temor, la política económica del actual gobierno inspira curiosidad y críticas a su populismo recargado.

Un ex funcionario del Fondo, residente en Washington, dijo a Infobae que todo indica que las negociaciones de Guzmán con el Fondo están estancadas. “No circula nada y los comunicados transmiten eso; dicen que se juntaron y que coinciden en los objetivos, pero no dicen nada sobre en qué hay acuerdo y qué falta”, señaló.

Además, el silencio de Guzmán sobre su visita al Tesoro de EEUU sugiere que no vio a nadie relevante, o que si lo vio la reunión no fue buena, observó. Además, recordó, el segundo de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, es para estas cuestiones David Lipton, quien como subdirector del Fondo supervisó el crédito a la Argentina por el que el gobierno de Alberto Fernández denunció judicialmente a Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris y acusó al organismo de “ceguera voluntaria”.

En cuanto a la pretensión esgrimida por un grupo de senadores oficialistas y por la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner de negociar un acuerdo a 20 años, el observador dijo que se trata de una “fantasía” y una “distracción” al solo efecto de llevar las cosas más allá de las elecciones legislativas.

Un “Acuerdo de Facilidades Extendidas” (EFF, según sus siglas en inglés), dijo la fuente, es un programa a 3 o 4 años; los 10 años son el período de repago. Si luego el país necesita volver a refinanciar, se renegocia, algo que Martín Guzmán sabe perfectamente, explicó.

En cuanto a los próximos vencimientos -mayo con el Club de París y septiembre con el FMI- por cerca de USD 4.300 millones entre ambos, alcanzarían a ser cubiertos con la parte de la emisión de DEG que le toquen a la Argentina, pero el Club de París no refinanciará a la Argentina si no hay acuerdo con el Fondo. “Que se olviden de eso o de que el FMI vaya a cambiar los plazos del EFF”, remachó la fuente, que atribuyó la insistencia de algunos argumentos del gobierno a la influencia de su representante en el organismo, Sergio Chodos.

Mientras no haya progresos concretos, el Fondo dirá lo menos posible, para evitar cualquier efecto desestabilizador de un comunicado negativo sobre la economía argentina. Un paralelo sirve de guía. En 2019, tras la dura derrota del gobierno de Macri en las PASO, el FMI hizo mutis por el foro sobre un desembolso agendado para septiembre de ese año. El propio Macri lo reclamó en una visita a Nueva York, donde concurrió a la Asamblea de la ONU. El Fondo no dijo nada y se limitó a no desembolsar el dinero, porque después de las PASO asumió que el acuerdo estaba muerto. Su silencio, explicó la fuente, había sido solo para no complicar aún más el final del gobierno de Cambiemos.

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