La incertidumbre para el régimen de promoción de las empresas de la economía del conocimiento parece no llegar nunca a su fin. Tras un largo trámite legislativo, la ley aprobada por el Congreso en octubre pasado (que había reemplazado a otra sancionada en 2019 por el gobierno anterior) tiene una aplicación parcial, ya que aún no está reglamentada. La falta de definiciones en algunos aspectos hace incluso que algunas de las grandes empresas del sector manejen la opción de no adherir a la promoción, ante el riesgo de que alguno de los beneficios que trae no sean tales.
Fuentes del ministerio de Desarrollo Productivo admiten la demora en sancionar la reglamentación pero estimaron ante Infobae que “en una semana o diez días”, la AFIP emitirá una resolución general que permitirá abrir la inscripción para que las empresas adhieran al régimen. En el gobierno no se ignora que el sector privado se mantiene expectante y con dudas por la letra chica de la reglamentación. Hoy se realizará una reunión en el ministerio que maneja Matías Kulfas entre los funcionarios y las empresas exportadoras de servicios para tratar de allanar el camino. Desde ambas partes, se reconoce que se mantuvo un diálogo constante durante el trabajoso proceso de sanción de la ley.
El sector en cuestión tuvo un pico de exportaciones de USD 7.000 millones en 2018 y desde entonces viene en leve caída. Se trata de la tercera actividad en el ranking de los exportadores argentinos, superada solamente por el complejo sojero y la industria automotriz.
La economía del conocimiento se compone un 60% de exportación de servicios y un 30% de desarrollo de software. Este último sector es uno de los principales perjudicados de la demora en la aplicación de la ley. El software contaba con un régimen de beneficios fiscales vigente desde el gobierno de Néstor Kirchner que la nueva ley de Economía del Conocimiento venía a reemplazar. Ese régimen concluyó en diciembre de 2019 y el nuevo nunca terminó de implementarse.
Por ese desfasaje, hay empresas que tras recibir un “bono fiscal” durante muchos años, hace 15 meses que dejaron de recibirlo. En Desarrollo Productivo aseguran que, tal como prevé la ley, una vez sancionada la reglamentación todos los beneficios serán retroactivos al 1° de enero de 2020, pero mientras tanto las empresas debieron asumir el costo financiero. A esas empresas, la sanción de la ley solo les trajo hasta ahora el beneficio de la eliminación de un 5% de retenciones.
El otro segmento, el de los centros de servicios profesionales destinados a la exportación, tras haber batallado para la sanción de la ley hoy se encuentra en la incertidumbre sobre su aplicación final. Entre las compañías nucleadas en Argencon orientadas a ese negocio (PwC, Accenture, JP Morgan, Deloitte, Ernst & Young, Exxon y muchas otras) algunas no descartan no adherir al régimen por no tener certezas sobre algunos puntos de su implementación. Entre ellos:
- La ley exige invertir un 5% de la masa salarial en capacitación del personal promovido en las empresas grandes (para las pymes es menor). En Argencon dicen que este requisito no está bien definido, ya que en ese porcentaje no se computa el tiempo laboral, es decir, la capacitación realizada durante el horario de trabajo. En el gobierno se muestran firmes en mantener este punto. “El Estado hace un esfuerzo fiscal enorme. Entendemos el valor de la capacitación interna, pero no se puede capacitar solamente a los ya empleados. Además, en el proyecto original el aporte en capacitación era del 8% y accedimos a bajarlo”, apuntó una fuente oficial.
- El bono fiscal surgido de los beneficios tributarios contemplados en el régimen no es transferible. Por ello, las empresas exportadoras pueden llegar a no tener forma de aprovecharlo a pleno, ya que no tienen una baja posición fiscal. No lo pueden vender a otras empresas, ni siquiera a una filial local. “Cambiaron la ley para distinguir entre empresas grandes y chicas, pero terminaron haciéndolo entre exportadoras y no exportadoras”, dijeron en Argencon.
Por la demora en la reglamentación, los desarrolladores de software hace 15 meses que dejaron de recibir un beneficios fiscal que llevaba más de una década
- El tercer reclamo de las empresas de la economía del conocimiento pasa por la oportunidad perdida: cada día que el régimen no se pone en marcha, alegan en Argencon, es más difícil competir ya que se trata de una actividad promovida en muchos países. Cada empresa que instala un centro de servicios (en la jerga, un GDS, global delivery services) en la Argentina debe competir con otros países de la región y del mundo que ofrecen beneficios similares. Las filiales de esas multinacionales compiten contra otras filiales de sus propias empresas instaladas en países con incentivos para la actividad. Colombia y Uruguay son ejemplos de eso en la región; Polonia o República Checa lo son en el mercado europeo.
“Nuestros gobiernos siguen sin ver la película”, se lamentan en Argencon, donde el reclamo no tiene color político. Uno de sus directivos recuerda con pena una reunión con un ex ministro de Economía de Cambiemos que se negaba a que el sector tuviera incentivos fiscales a pesar de generar divisas, valor agregado y empleo calificado. El criterio fiscalista pesaba más.
“Una empresa que tiene que elegir en qué país instalar un GDS, va a analizar tres variables: precio, talento y riesgo. En el precio, más allá de los vaivenes cambiarios, somos competitivos. Talento, es lo que nos sobra. El problema es el riesgo de la Argentina, desde la regulación específica del sector hasta los cambios permanentes de la economía”, explicaron en Argencon.
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