El lobby de los biocombustibles logró que casi un centenar de proyectos de ley esperen su tratamiento en el Congreso para sostener los beneficios fiscales a su producción, que en los últimos 15 años le representaron al Estado un costo superior a los USD 7.400 millones. En la Casa Rosada reconocen que los biocombustibles se transformaron en un gran problema para las cuentas fiscales y se debaten en estos días cómo encauzar el asunto: el Ejecutivo podría dejar caer el esquema, prorrogarlo o enviar al Congreso un nuevo proyecto que rearme el escenario.
En mayo vencerá el esquema de algunos beneficios fiscales para los biocombustibles, no así su utilización ni obligación de corte con la nafta y el gasoil. No dejará de exigirse la utilización de 10% de biodiesel en cada litro de gasoil y de 12% de bioetanol en el litro de nafta. Ni siquiera el beneficio impositivo de no abonar el impuesto a los combustibles, porque ese favor también lo tienen protegido desde 2018 a través de la ley 23.966 de impuestos a los combustibles.
De mantenerse la oposición del Gobierno a prorrogar el esquema actualmente vigente, las empresas productoras de biocombustibles perderían la posibilidad de devolución anticipada de IVA o la amortización acelerada para el impuesto a las Ganancias para las nuevas plantas que se construyan. Además, dejarían de tener un sistema de precios regulados por el Estado y el otorgamiento de cupos discrecionales que cada mes asigna la Secretaría de Energía para cada planta. Deberán competir libremente, por precio y calidad, entre todos los productores del mercado.
Algunos legisladores nerviosos por la indefinición, particularmente de la provincia de Córdoba, reconocieron que el presidente Alberto Fernández les advirtió que habrá que repensar el sistema lanzado en 2006, cuando el barril de petróleo cotizaba por encima de los 100 dólares y los combustibles elaborados a partir de soja, maíz y azúcar permitían soñar con una baja sensible de los precios en las estaciones de servicio.
“El desarrollo de los biocombustibles a nivel mundial estuvo impulsado por necesidades geopolíticas de Estados Unidos y la Unión Europea para salir de la dependencia del petróleo”, asegura Martín Bronstein, presidente del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (Ceepys).
“En 2006, casi el 70% de las exportaciones de crudo provenían de la OPEP y Estados Unidos importaba más del 60% de lo que consumía. Era una cuestión de seguridad nacional para esos países desarrollar alternativas al petróleo”, explicó Bronstein.
Poco tiempo después, Estados Unidos encontró la reserva de petróleo no convencional más grande del mundo y dejó de depender de terceros países, el precio del crudo se estabilizó hacia la baja, las commodities agropecuarias aumentaron y el sueño de combustibles de origen agropecuario se vino a pique.
Pero en la Argentina el esquema se sostuvo e inclusive intensificó, aumentando paulatinamente los porcentajes obligatorios con que los biocombustibles debieron mezclarse con los obtenidos a partir de petróleo.
“En estos 15 años, el costo de los biocombustibles ha resultado sistemáticamente más elevado que el de los combustibles fósiles, lo que ha derivado en un mayor costo de los combustibles en el surtidor”, aseveró Nicolás Arceo, ex vicepresidente de Administración y Finanzas de YPF y actual director de la consultora Economía & Energía.
Ese mayor costo de los biocombustibles fue parcialmente compensado a través de la exención del impuesto a los combustibles líquidos, lo que “generó una merma en los ingresos fiscales tanto de la Nación como de las provincias, porque se trata de un impuesto coparticipable”, señaló.
Según Arceo, en 15 años el esquema de promoción impositiva actual para los agrocombustibles tuvo un débito fiscal de US$ 6.000 millones por menor recaudación de impuestos y una pérdida de divisas de US$ 1.400 millones por aceite de soja y maíz que dejó de exportarse (y por consiguiente, de pagar retenciones) para ser volcado al mercado interno.
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