Tras el rechazo del juez subrogante de La Paz, Raúl Flores, al pedido de desalojo solicitado por la querella y el Ministerio Público Fiscal (MPF), las partes acusadoras apelaron y será la titular del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, la que resolverá el conflicto de la familia Etchevehere.
Hoy pasada las 9:30 comenzó la audiencia en los Tribunales de Paraná, Entre Ríos. El primero en hablar fue el fiscal Oscar Sobko. Con barbijo de manera preventiva, realizó su presentación. A su lado, con máscara, se encontraba la fiscal María Constanza Bessa. La jueza Castagno, también con máscara, escuchaba atentamente. “Vinimos a solicitar el respeto y el cumplimiento del Estado de derecho”, manifestó el fiscal.
Mientras tanto en el campamento que los Etchevehere instalaron en la puerta de ingreso al campo familiar en Santa Elena, Entre Ríos, Luis Miguel Etchevehere y sus dos hermanos seguían con atención la audiencia a través de la transmisión por el canal de Youtube.
Por otro lado, con la preocupación de que los casos de tomas de tierras aumentan en el interior del país, un pequeño grupo de productores agropecuarios se movilizaron al acceso al Túnel Subfluvial “Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis” de la ciudad de Paraná, a la espera de una decisión de la Justicia para que se defina si habrá o no desalojo en el campo de los Etchevehere.
Se trata de un grupo de productores de Entre Ríos que decidieron autoconvocarse en defensa de la propiedad privada y donde reclamaron una mayor acción del Estado para resolver la problemática. En momentos donde es cada vez más grande la incertidumbre que hay en el sector, no solo por los problemas económicos y financieros del país, sino también por mayores casos de inseguridad rural, mediante las tomas de tierras y rotura de silobolsas.
Uno de los productores que asistieron a la movilización fue el representante de la Federación Agraria, Fabio Schneider: “Hoy estamos haciendo patria en este lugar. Soy un pequeño productor y me manifiesto a favor de la propiedad privada, estoy del lado de las leyes, y jamás usurparé un campo”, dijo.
Además, trascendió que en los próximos días productores autoconvocados del país presentarían un pedido formal a la Mesa de Enlace para que encabece el reclamo ante el gobierno nacional y se organicen asambleas en aquellos lugares donde se registren casos de tomas de tierras.
A todo esto, y tras la asamblea realizada ayer en el distrito entrerriano de Chajarí, se resolvió instalar hoy una carpa en los ingresos a la ciudad, que fue un lugar muy emblemático de la protesta del campo durante el conflicto por la Resolución 125 sobre retenciones móviles.
La instalación de la carpa es a modo de protesta y en defensa de la propiedad privada, pero también se transformará en un espacio de encuentro entre todos los sectores de Chajarí para definir los pasos a seguir. En la reunión de ayer no solo estuvieron presentes los productores, sino también representantes del comercio, la industria, el turismo y la ciudadanía en general.
“Es muy importante que todos estemos unidos en este momento tan difícil de la Argentina”, dijo Héctor Toller, productor de Chajarí, en diálogo con este medio. Además, confirmó que a partir de hoy se trabajará en el diseño de un documento para presentarlo ante la opinión pública en los próximos días.
Más reclamos y rechazos
En el ámbito de la cadena agroindustrial continúan los pronunciamientos sobre la incertidumbre que hay en el sector sobre el aumento de casos de tomas de tierras.
Los integrantes del Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de Santa Fe solicitaron que “se arbitren los medios necesarios para restablecer el orden" y proponen "hallar la solución dentro del marco que establece nuestro sistema legal”.
Al respecto, expresaron en un comunicado: “La conmoción y el estado de indefensión que enfrentan, cada día con mayor frecuencia, las personas y empresas en zonas urbanas y rurales frente a la multiplicación de hechos de usurpación, ocupación o toma de inmuebles y de espacios públicos y privados en distintas zonas del país se constituyen en un desafío a enfrentar prioritariamente por las autoridades”.
“La inseguridad a la que se está sometiendo la ciudadanía, en ocasiones con cierta permisividad o inacción de las fuerzas públicas requiere de los poderes públicos, tanto ejecutivo como judicial, rápidas y efectivas respuestas”, manifestaron.
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