El presidente Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán acordaron este fin de semana los términos de una nueva oferta a los bonistas que, aseguraron calificadas fuentes oficiales, ya no se modificará porque representa “el máximo esfuerzo” para llegar a un acuerdo que le permita al Gobierno salir del default.
Por su parte, según comentaron a Infobae las fuentes oficiales, tres ejecutivos (uno ligado a los Exchange Bondholders, otro de UBS que representa a Gramercy y Fintech y el socio de un importante estudio jurídico de Nueva York) le acercaron de manera no oficial al Gobierno una oferta no oficial de aproximación de los acreedores.
En Buenos Aires afirman que Larry Fink el CEO de BlackRock se involucró en forma personal para llegar a un acuerdo.
En tanto, el Grupo Ad Hoc -que incluye a Blackrock y Ashmore- afirma que mantiene su voluntad de diálogo constructivo para llegar a un acuerdo, pero que no recibió comunicación alguna del Gobierno.
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El objetivo es que el Gobierno “rompa el techo de cristal” de tener un 4 adelante, para pasar a tener un cinco, por lo cual sería superior a los USD 49,9 de la última oferta formal, aunque por ahora no se conocen más detalles.
Cabe recordar que el Gobierno arrancó con una oferta por debajo de los 40 dólares, mientras que los acreedores arrancaron en torno de los 70.
Como ya se mencionó, la cifra de consenso podría estar en torno de los 55 dólares, aseguró una fuente del sector privado involucrada en la negociación.
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Por su parte, el presidente de la cámara de diputados, Sergio Massa, que ha tenido diálogo permanente con los fondos de inversión, pero siempre les dijo que el negociador, como lo designó Fernández, es Guzmán, les pasó un mensaje a los acreedores. Massa les habría dicho “no tiren más del hilo que se va a romper”, en clara alusión a los sectores que, dentro del Gobierno, piden cortar el diálogo y olvidarse de cualquier acuerdo.
El otro mensaje del presidente de la cámara Baja habría sido que la idea es que “cada uno se lleve su globo, pero el globo más grande le corresponde al Presidente”, es decir, que los negociadores de los tres comités se queden conformes, sabiendo que el Gobierno, a la vez, debe mostrar un cierre que le cierre tanto en términos financieros como políticos.
En este contexto, será clave la definición técnica que Guzmán y el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, terminen de definir en los próximos días.
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No se descarta que, aunque la oferta oficial sea mejor que la previa, los fondos se vuelvan a quejar al considerarla insuficiente, pero eso sería mejor que la situación de indiferencia desde que Economía presentó su oferta de USD 49,9 y los comités Ad Hoc y Exchange afirmaron que el Gobierno no estaba buscando una solución, sino lo contrario.
De inmediato, dejaron en claro que, si fuera necesario, harían uso de todas las herramientas legales a su disposición para reclamar por sus derechos. Esto es, la potencial aceleración de la deuda y la presentación de una demanda en los tribunales de Nueva York.
A la vez, dejaron trascender cerca de BlackRock que pretendían tener la misma protección legal que los tenedores de los bonos del 2005, con un indenture más sólido que el del 2016, una cláusula Pari Passu reforzada -como fue interpretada por el juez Thomas Griesa y otras instancias judiciales en EE.UU.- y la posibilidad de acceder a más bienes embargables si el país no cumple con el acuerdo.
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Alguna de estas exigencias, casi imposibles de cumplir para un gobierno, pueden cambiar si el Gobierno ofrece una nueva propuesta con un valor nominal más alto.
Mientras tanto, se prevé que esta semana el Gobierno no pague otros dos vencimientos (del Century y Discount) y se profundice la situación de default que comenzó el 22 de mayo.
Hoy, debería pagar USD 100 millones del bono emitido en 2017 a 100 años y el miércoles USD 570 millones de los Discount del canje del 2005. El Gobierno dijo que no los pagaría.
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