Si alguien toma un préstamo de cualquier clase en un banco privado ubicado en la provincia de La Pampa, cada $100 de intereses que pague, solamente $86 llegarán a la entidad. Los otros $14 quedarán en manos del gobierno provincial, mediante el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Si quien recibe el crédito se inclina por una institución estatal, el gobierno pampeano se quedará con $9 de cada $100 que el cliente abone por el cargo mensual.
El gravamen sobre los Ingresos Brutos, recaudado por los estados provinciales, es uno de los factores de la carga impositiva que encarece los préstamos en la Argentina, el país con una de las peores relaciones de crédito total sobre PBI en todo el mundo.
El caso de La Pampa ejemplifica, además, una tendencia que apareció en la cuarentena: provincias y municipios que aumentan o directamente crean tributos para la actividad financiera. El gobierno pampeano decidió como medida de emergencia ante la pandemia de la COVID-19 subir la alícuota de Ingresos Brutos de 9% a 14%, solo para los bancos privados, que tienen 17 de las 74 sucursales bancarias del distrito. El resto corresponden al Banco Nación y al Banco de la Provincia de La Pampa.
El argumento habitual de las administraciones provinciales es que “las instituciones financieras tienen que pagar más impuestos porque ganan mucho dinero”. La realidad indica que esa carga impositiva encarece los préstamos y eso, al final del día, lo pagan los clientes, y frena el crecimiento de la economía.
Un informe técnico de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) detalla, al margen de la alícuota récord de La Pampa, el peso de Ingresos Brutos sobre los costos crediticios, algo dispuesto con distintas graduaciones por todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Estos tributos aumentan en forma sustancial el costo de los créditos que toman las personas y las empresas. Termina siendo una transferencia de recursos de los tomadores de prestamos hacia los estados provinciales”, resalta el informe y muestra, caso por caso, cuánto se cobra.
“Algunas provincias lo hacen sobre los intereses que generan los préstamos y otras sobre el spread bancario (tasa activa menos tasa pasiva). Las alícuotas van desde el 4% al 14% sobre los intereses de los créditos, o del 1,5% al 8% si el impuesto es sobre el spread bancario”, explicó el informe de Adeba.
La carga impositiva surge, según la entidad, al mismo tiempo en que desde el Banco Central y el Gobierno se buscan alternativas financieras para enfrentar la parálisis económica provocada por la pandemia de la COVID-19. Más allá de la cuarentena, la autoridad monetaria, presidida por Miguel Pesce, ha fijado como uno de los principales objetivos de su gestión bajar las tasas de interés para favorecer el crédito.
“El Estado Nacional, el BCRA y los bancos están realizando grandes esfuerzos para llegar a las empresas con financiaciones a tasas bajas, para ayudarlas a superar la actual crisis. Una baja de los IIBB sobre los préstamos sería un aporte concreto de los estados provinciales para ayudar a las empresas y comercios a superar la actual situación, significaría un menor costo del crédito y de esa forma las provincias potenciarían los esfuerzos que se hacen a nivel nacional”, afirma Adeba. Y agrega: “en los últimos años se han verificado alzas en las alícuotas”.
La caída de los recursos fiscales en todos los órdenes como producto de la inactividad económica puso a gobernadores e intendentes a aumentar la presión tributaria y las entidades financieras están a la cabeza de la lista. En Mendoza, el justicialismo presentó un proyecto para llevar al 12% la alícuota para los bancos. En Santa Fe, aparecieron propuestas en el mismo sentido, apuntando tanto a los bancos como a las empresas del sector agropecuario.
La presión impositiva sobre los bancos aparece también en el conurbano, la misma región del país en la que existe coincidencia que hacen falta más sucursales para trabajar en la inclusión financiera de vastos sectores de la población que hoy no acceden a ninguna clase de financiamiento o que tienen que tomar un colectivo para llegar al cajero automático más cercano a su casa. Son los mismos barrios en que el viernes 3 de abril se vivió el “viernes negro”, con miles de personas agolpadas en las sucursales para cobrar beneficios de la Anses.
En esos distritos, la pandemia trajo más impuestos para los bancos. Y sin grietas. En Hurlingham, el intendente oficialista Juan Zabaleta aumentó un 50% los impuestos municipales para las entidades financieras. “Siempre les ha ido muy bien, ahora les toca colaborar y hacer el mayor esfuerzo", dijo el jefe comunal. En Lanús, el intendente Néstor Grindetti, de Cambiemos, incrementó un 30% las tasas municipales a grandes empresas del distrito, en particular bancos y supermercados, con el objeto de dar asistencia a las pymes.
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