El stock de deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal residual al 30 de junio de 2019 se estimó en USD 283.567 millones, USD 7.819 millones mayor respecto al trimestre anterior; y en USD 22.091 millones en comparación con el nivel de un año antes, informó la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales, a través del Indec.
Ese incremento interanual se debió principalmente al aumento de la deuda del Gobierno general, en USD 17.793 millones por parte del conjunto del sector público (USD 14.459 millones por parte del gobierno en general -nacional, provincial y municipal-; y en USD 3.334 millones el Banco Central de la República Argentina); y en menor medida, por parte del sector privado no financiero (USD 4.945 millones).
De ahí surgió una relación desproporcionada entre el crecimiento del endeudamiento en el sector público y la del sector privado de más de cuatro veces, pese a que en el primer caso ascendió a casi USD 200.000 millones, mientras que la del agregado de las empresas y familias sumó USD 74.354 millones, una proporción muy inferior a tres veces.
Por el contrario, las obligaciones en moneda extranjera de las sociedades captadoras de depósitos y del resto de las entidades financieras disminuyeron en un año en USD 646 millones.
Elevada exposición en términos del PBI
Claramente, la persistencia de déficit financiero en el sector público y el virtual cierre del acceso al crédito interno y externo ha determinado que la principal fuente de asistencia del Gobierno sea desde junio de 2018 el Fondo Monetario, su brazo financiero el Banco Mundial, y el BID, en estos dos últimos casos para la ejecución de obras de infraestructura y para el desarrollo social.
Sin embargo, se trató de una salida inquietante y que explica la derivación en una nueva crisis financiera y control de cambios, habida cuenta de que del cotejo entre el desempeño de la deuda externa y el del PBI medido en el equivalente en moneda extranjera, en ambos casos según las estimaciones del Indec, surgió que mientras en 2017 el total de la deuda externa era equivalente a 30,4%; en 2018 se elevó a 43,2% y al 30 de junio de 2019 escaló a 58% del producto.
En ese período, el componente del sector público, incluido el Banco Central, subió de 20,9% a 30,1% y ahora a 40,8% del PBI; en tanto la secuencia de los compromisos externos del conjunto del sector privado se elevó de 9,5% del PBI en junio de 2017, a 13,1% un año después y 17,1% ahora.
Y un claro indicador de las crecientes dificultades de pago de esos compromisos lo constituye el singular achicamiento de la capacidad de generación de riqueza por parte del argentinos, al punto que pasó de USD 673.465 millones en el segundo trimestre de 2017, equivalente a USD 15.330 por habitante, a USD 489.321 millones, USD 10.916 por habitante, dos años después, según las estadísticas del Indec.
De ahí que va ganando consenso entre los economistas, pero también entre las fuerzas políticas, la necesidad de acuerdos políticos orientados a recuperar la confianza de los inversores, locales y del exterior, para que la actividad vuelva a la senda del crecimiento sustentable.
Justamente, en la Conferencia Anual de FIEL, el presidente del Banco Central de la República Argentina, Guido Sandleris, resaltó: “Una de las dolorosas lecciones de la última década es que la Argentina no creció, no logró bajar la inflación y tampoco logró bajar la pobreza, es que no hay esquema económico que pueda ser exitoso sin mínimos consensos”.
Y concluyó: “Tenemos que ponernos de acuerdo en que necesitamos ser competitivos e integrarnos al mundo. Las exportaciones no son un excedente, son el resultado de inversiones que requieren de un horizonte de previsibilidad”.
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