Casi todo lo que le está pasando a la economía argentina ya estaba prevista en el acuerdo con el FMI: el repunte de la inflación a más de 30% interanual, la fuerte suba de las tasas de interés, el uso de reservas para contener al dólar e incluso la recesión. Todo está descripto casi en forma milimétrica en los distintos cuadros distribuidos y que están disponibles en la página web del ministerio de Hacienda.
Pero hay una de las variables que viene fallando estrepitosamente y pone en juego todo el programa: la recuperación de la confianza de los mercados en la Argentina. No se trata de un concepto abstracto sino muy concreto: se refleja en el precio de los bonos argentinos. La suba del riesgo país a 740 puntos básicos muestra de manera rotunda que los inversores prefieren mantenerse lejos de la Argentina.
Las derivaciones relacionadas con los cuadernos de las coimas y sobre todo la crisis desatada en Turquía, uno de los mercados emergentes más importantes, provocaron una nueva ola de venta de bonos argentinos. Y esto apuró al Gobierno a tomar nuevas medidas para tratar de ponerle un freno al derrumbe.
Si no se recupera el acceso a los mercados financieros el plan acordado con el Fondo no cierra. La buena noticia es que hay tiempo para conseguirlo: el Banco Central cuenta con más de USD 50.000 millones de reservas y el Fondo irá desembolsando USD 3.000 millones en forma trimestral si se cumple con el programa. Además, hay otros USD 5.500 millones comprometidos por otros organismos multilaterales.
Pero aún con semejante ayuda financiera, Argentina precisa acceder a los mercados crediticios. No sólo se trata del Gobierno nacional. Las provincias y muchas empresas tienen vencimientos de bonos en dólares y en algún momento precisarán salir al mercado para pagar intereses o refinanciar capital.
La decisión que se anunció ayer se terminó en realidad de definir el viernes último, tras el derrumbe de la lira turca de casi 20% contra el dólar. Recién entonces el presidente del Banco Central, Luis Caputo, consiguió lo que venía buscando casi desde que se firmó el acuerdo: poder de fuego para usar las reservas.
A partir de mañana comienza por lo tanto el plan que consiste en ir rescatando Lebac, entregando dólares de las reservas a los inversores que no quieran otra opción. Mañana arrancarán con $100.000 millones, pero el Gobierno espera que la demanda de divisas sea mucho menor. Muchos son fondos comunes de inversión que tienen que seguir invertidos en pesos y pueden comprar otros instrumentos. Y habrá algunos que preferirán nuevos títulos que emitirá el Tesoro para tratar de seducir a esos pesos.
La movida tiene beneficios pero también riesgos. Lo bueno es que se eliminará un pasivo "tóxico" que debía asumir el BCRA: las Lebac venían generando abultados intereses por tasas al 46% anual y cada mes generaban zozobra en el mercado cambiario ante la acumulación de vencimientos.
Pero sacarse de encima a las Lebac tendrá un alto costo en reservas. De los $950.000 millones que hay en stock, unos $ 450.000 millones están en manos de inversores no bancarios (fondos comunes e individuos principalmente). Suponiendo que la mitad decida dolarizarse, serán alrededor de $225.000 millones, por lo que el BCRA se vería obligado a vender –al menos en este escenario– poco más de USD 7.000 millones hasta noviembre.
La reducción de reservas correspondiente al rescate de Lebac podría ser leído como otra señal de debilidad por parte de los mercados. Pero es el costo que decidió pagar el Gobierno para sacarse de encima el problema. El propio FMI indicó en el comunicado de ayer que estos títulos emitidos por el BCRA eran "una importante fuente de vulnerabilidad".
Más allá del rescate de Lebac, no hay mucho que el equipo económico ya pueda hacer para regenerar confianza: básicamente mostrar buenos datos fiscales, estabilizar el dólar y empezar a bajar gradualmente la inflación a partir de septiembre. La debilidad más grande, sin embargo, sigue siendo política: un Gobierno que no logra mostrar cohesión y la enorme incertidumbre respecto al resultado de las elecciones presidenciales en 2019, aún después del "Cuaderno-Gate".
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