Democratizar el mercado energético

La comercialización del gas y la energía eléctrica en un mercado libre, abierto, y competitivo (similar al de los alimentos, el agua potable, el internet) es habitual en las economías de mercado.

Sólo hay monopolio, servicio público y tarifas fijas en la transmisión y distribución por redes. En el resto, reglas unívocas, claras y libertad. En ese marco de mercados transparentes y dinámicos, con multiplicidad de actores y propuestas, fluyen las inversiones. Y como resultado, los consumidores pagan precios competitivos.

Argentina se inscribió en aquel camino mediante las leyes 24.065 y 24.076, con excelentes resultados: pasamos de importar a lograr superávits exportables de electricidad y gas natural.

Sin embargo, al promediar la década de 2000, empezamos a desandar aquel camino y nos pusimos a contramano del mundo. El Estado intervino el mercado casi hasta hacerlo desaparecer.

La trillada excusa de una "emergencia transitoria" (e interminable) disolvió toda libertad y transparencia en un fárrago de privilegios y excepciones arbitrarias, a favor de intereses parciales y decisiones populistas. El resultado: la consabida crisis energética. Del superávit y la exportación de excedentes al déficit; a la importación, a costos multiplicados, al apagón de toda previsibilidad, calidad e eficiencia en el servicio.

Aún hoy se tarda en desenredar la madeja y cambiar la dinámica: el Estado fija los precios de electricidad y gas discrecionalmente, compra y revende energía en un monopolio incomprensible (e ilegal).

Muchas empresas de energía se extinguieron, salvo unas muy pocas y muy grandes cuyo negocio (precisamente, con el Estado) agrava la asfixia de las ya castigadas cuentas públicas. Un coctel con amargos frutos: denuncias de corrupción, emisiones de CO2 desbocadas y déficit fiscal en rojo. Esta realidad pone en jaque al País: sin energía suficiente, previsible y competitiva, no hay desarrollo posible.

La solución al panorama descripto es relativamente sencilla: una regulación clara, transparente y estable. Dar libertad de acción a los agentes del mercado para comprar y vender entre privados, bajo las reglas claras que fija el Estado, como regulador, no como parte interesada. Sin lugar para monopolios protegidos por el Estado. Con pleno acceso a la información y apertura a todas las operaciones energéticas. Este es el modelo que funciona en el mundo; es, además, el modelo previsto en nuestras leyes vigentes.

¿Por qué hoy estas reflexiones? Por un lado, porque aún hoy los consumidores energéticos están sujetos a un Estado que no les deja operar libre y privadamente, y les provee un suministro ineficiente, oneroso y contaminante. Urge devolverles los derechos previstos en la Ley, volver las cosas a su cauce.

Y en segundo lugar, porque el Congreso está debatiendo ahora una Ley de Energía Distribuida cuyo borrador atrasa décadas; impone precios regulados ajenos al mercado, obliga a los agentes a depender de subsidios estatales, admite sólo una de las muchas transacciones posibles entre privados, otorga privilegios que agigantan los monopolios de pocas y grandes empresas, saca de juego a pymes que darían dinamismo y eficiencia al sector, entre otros desaciertos.

En suma, bajo el fantasma de que la apertura "sería muy compleja", va contra todo lo que funciona en el mundo, y lo que necesitamos en materia energética: democratización, libertad, multiplicidad de actores.

Sofocar el mercado, cerrarlo, nos llevó adonde estamos. Una ley en esa dirección, agravaría el problema. La opción correcta es cumplir las leyes y superarlas en su espíritu y transparencia, ir en sintonía con el mundo. No sumar regulaciones que privilegian a unos pocos que desalientan el dinámico espíritu inversor y emprendedor de pequeñas y medianas empresas argentinas.

(*) Juan Bosch es presidente de SAESA