La década perdida: en diez años casi no cambió la realidad social

Se conoció el índice oficial de pobreza. Y arrojó un número inquietante. Se trata de unas 8,77 millones de personas pobres en la acotada área urbana de 31 aglomerados y 1,7 millones de indigentes, y se elevan a más de 14 millones y 2,7 millones respectivamente si se extrapola al total de la población, que se calcula en unas 43,5 millones de personas.

Esas proporciones de la población con ingresos monetarios por todo concepto insuficientes para poder satisfacer las necesidades mínimas de subsistencia resultaron similares a las que el "viejo Indec", sin intervención de la Secretaría de Comercio, midió para el primer semestre de 2006: 23,1% de los hogares y 31,4% de la población de los 31 aglomerados urbanos.

A partir de ahí, la estadística oficial comenzó a medir progresos en los indicadores sociales que no resultaron congruentes con el ciclo económico, habida cuenta de que describían una mejora sostenida e ininterrumpida, disociada del ciclo económico, pese a que el país se vio favorecido por el ciclo más largo de aumento de los precios de las materias primas que exporta y muy bajas tasas de interés en el mundo.

El último informe del Ministerio de Trabajo sobre la dinámica del empleo asalariado registrado identificó en la última década cuatro ciclos recesivos, medidos por la variación de los ocupados en relación de dependencia. Primero fue entre octubre de 2008 y junio de 2009, con una baja de 3,8%; luego, poscepo cambiario, entre enero de 2012 y octubre de ese año, la ocupación cayó 1,4%; la tercera surgió tras la devaluación de enero de 2014, hasta diciembre de ese año, se contrajo 0,5%; y la última en los primeros ocho meses del corriente año, con una disminución de los puestos de trabajo de 0,9 por ciento.

EL ROL DE LOS PLANES SOCIALES PARA REDUCIR LA INDIGENCIA

Por el contrario, en la última década se han logrado sustantivos progresos relativos en los índices de indigencia, a partir de políticas asistenciales crecientes, como la extensión de la Asignación Universal por Hijo, moratorias previsionales para que puedan sumarse personas de bajos recursos que no habían hecho aportes; y ayudas alimentarias.

Ese proceso se intensificó en el corriente año y se proyecta ampliar en el Presupuesto 2017, habida cuenta de que el Gobierno ha elegido una política gradualista para bajar la inflación y retomar la senda del crecimiento de la economía.