A la sombra del escándalo por el aberrante delito de corrupción de menores, esta semana se cocinó otra rosca de Pascuas con el club Independiente como eje y que favoreció a la familia Moyano: a días de tener que pedir un punto clave en la pericia para identificar la responsabilidad de éstos en el delito de asociación ilícita en el club, la fiscalía general de Lomas de Zamora desplazó a los fiscales Viviana Giorgi y José Luis Juárez que venían poniendo contra las cuerdas a la barrabrava y dirigencia. A tal punto estaban trabajando con pistas concretas, que la defensa del líder camionero presentó dos proyectos para apartarlos que no tuvieron eco, hasta que, sorpresivamente, esta semana los cambiaron de funciones: Giorgi fue enviada a la división de Drogas Peligrosas del distrito mientras que Juárez a una fiscalía de juicio. Sí, un escándalo.
En Tribunales todos leyeron la medida como un mensaje favorable a Hugo Moyano, que se da en la misma semana en que en la causa vinculada a la empresa Oca Postal, también recibieron un beneficio. "Acá hay algo raro: estábamos a punto de hacer la última pericia sobre todo lo que secuestrado en los allanamientos y justo llega esta notificación. Además teníamos casi cerrada la investigación sobre las barras de Lanús y Banfield que también involucraba a violentos, dirigentes y políticos. Con esta medida se paraliza todo, y oh casualidad en el momento en que la Cámara debe decidir la suerte de la investigación, porque los abogados plantearon que no existe una asociación ilícita, sino que si hay delitos estos son individuales. Si fuera así, la responsabilidad de la dirigencia se diluye y sólo recae sobre los barras", le dijo a Infobae una alta fuente de Tribunales, mientras que los fiscales desplazados decidieron no responder.
El que sí lo hizo fue el fiscal general de Lomas, Enrique Ferrari, quién dio otra versión del asunto a este medio. "Es una infamia que quieran vincular mi decisión a un beneficio a la familia Moyano. Que me investiguen. Yo sólo tengo una cuenta de banco y es donde me deposita el sueldo el Estado. Jamás recibí una dádiva. En su momento me quisieron hacer una operación similar en San Isidro y se demostró que era mentira. Mi decisión fue sólo para proteger a los fiscales: estaban amenazados de muerte por el avance de la investigación y ellos mismos me pidieron salir por protección. Y yo no puedo mantener en una causa tan importante a gente que puede dudar de ir hacia adelante porque su seguridad personal está en juego. De hecho, se pidieron licencia psiquiátrica para poder estar fuera de todo el proceso. Es cierto que este movimiento va a lentificar algunas medidas de prueba que estaban para ser tomadas, pero eso no es mi responsabilidad. Es el mal menor: yo necesito fiscales que puedan estar 100% en ese proceso y con esta decisión creo que obré en ese sentido".
Ante esta respuesta, los fiscales Giorgi y Juárez volvieron a optar por el silencio, pero desde su fiscalía se ratificó que la medida fue política y que los pedidos de licencia fueron posteriores a la comunicación del desplazamiento. La Procuración Bonaerense, que en su momento le dio mucho impulso a la causa, se mantuvo en silencio. Pero en el Ministerio de Seguridad Bonaerense negaron que hubiese una denuncia de los fiscales por amenaza de muerte y que sólo hubo una consulta informal días atrás sobre qué respaldo tenían para seguir adelante en caso de que la Cámara, como comienza a rumorearse en Tribunales, cambie la calificación de los delitos, libere de responsabilidad a la dirigencia y excarcele a los barras. "Si eso sucede, que es algo que empezamos a vislumbrar con cierto temor, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. La Gobernación va contra todas las mafias. Ya pasó cuando cambiaron la calificación en la causa del juego ilegal y quisieron liberar a los involucrados. La Justicia debe saber que tiene que trabajar de verdad para terminar con el delito. Esta vez no será distinto", afirman.
Lo cierto es que la causa es un polvorín y con este material deberán trabajar los nuevos fiscales, Sebastián Bisquert y Santiago Vadillo, que están bien considerados en el mundo judicial. Todos miran con expectativa los nuevos pasos, mientras la Cámara deberá tomar una decisión a la brevedad. Una decisión que definirá, también, el futuro de Hugo y Pablo Moyano.
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